Les invito a ver la serie de la televisión danesa Borgen. Trata de un Gobierno de ese país presidido por una mujer que lo hace en minoría y que ha de intentar la gobernación del mismo negociando continuamente con los grupos de la oposición que forman parte de su Ejecutivo. La serie es fiel reflejo de la manera de entender los daneses el servicio público y su relación con los medios de comunicación. La libertad que los periodistas tienen para informar y el respeto que los mandatarios muestran para con esta profesión, con su total disposición a dar explicaciones.

El primer capítulo ya nos produce una cierta envidia cuando vemos como el primer ministro, en ese momento, ha de presentar su dimisión irrevocable por haber pagado un bolso de su mujer con la tarjeta oficial al no llevar en ese momento la particular. Y lo hacía con la intención de reintegrar ese dinero, pero como fue descubierto antes de que lo hubiese podido hacer se vio obligado a presentar su dimisión porque el escándalo en su país fue mayúsculo. Qué cosas, pensarán algunos, por el pago de un bolso con su tarjeta prohibido acordarse de las black de marras se produce una crisis de Gobierno. Pues bien, la primera ministra que le sustituye ve como su matrimonio se va al garete porque no le permite al marido un profesor de Universidad muy prestigioso aceptar la oferta de dirigir una empresa que podría tener relaciones con el Gobierno danés. Vamos, como aquí.

Créanme, ver esta serie es muy ilustrativo de cómo se entiende el ejercicio de la política en otros países y compararlo con la manera en que lo entendemos aquí es aterrador. No, en Dinamarca, y en otros muchos Estados sería imposible que ocurriese lo sucedido aquí con, pongamos por caso los ejemplos podrían ser infinitos los parlamentarios españoles Federico Trillo, ahora embajador de España en Reino Unido, y Martínez Pujalte. Esos parlamentarios que, al parecer, se tomaban algunos cafés con directivos de una importante constructora para asesorarles verbalmente sobre, se supone, sobre los más variados asuntos. Y verán, no dudo de que ese asesoramiento fuese legal, pero fíjense si no será ético que hasta el señor Pujalte no se atrevió a decir que lo fuese ante la pregunta de la periodista Pepa Bueno, quien le insistía en ello. El señor Pujalte solo acertó a decir que era legal. No, no osó decir que también fuese ético esa parte de la Filosofía que trata de la moral de los actos humanos, que permite calificarlos como buenos o malos, por lo que es fácil preguntarse: si no es ético ¿cómo puede hacer algo así un ciudadano que debería de dar ejemplo? Si no es ético ¿cómo es posible que un Parlamento pueda conceder la compatibilidad que permita hacerlo? No, no es fácil entender para este pueblo, dispuesto a entenderlo todo, que los padres de la patria puedan compatibilizar sus tareas parlamentarias con actividades que chocan frontalmente con la ética y el buen gusto porque de ninguna de las maneras puede ser ético que un parlamentario pueda cobrar de una empresa que tiene intereses en los temas de los que ha de pronunciarse ese parlamentario, incluso votar sobre ellos. Votar e influir en la toma de decisiones en el ámbito parlamentario. Porque, sí, la empresa de la que han cobrado el señor Trillo y Martínez-Pujalte estaba dedicada a las obras públicas, y digo yo que en alguna ocasión tuvo que producirse un conflicto de intereses.

Sobre este asunto el candidato a la presidencia de la Comunidad por el PP, Pedro Antonio Sánchez, considera que son suficientes las declaraciones de Vicente Martínez Pujalte porque lo «ha explicado al detalle y con documentación». Pues mire, no: explicarlo al detalle, sí; con documentación, ninguna, porque, al parecer, el tipo de asesoramente era un tanto suigéneris.