Hay una economía real de los ciudadanos que tiene que ver con los gastos cautivos que realizamos en una serie de servicios, si es que queremos vivir con un mínimo de dignidad en cualquiera de las sociedades evolucionadas que habitan este planeta y que son, entre otros, los que nos posibilitan cubrir parte de las necesidades más básicas al mismo tiempo que colaboran para proporcionarnos protección y seguridad desde la perspectiva fisiológica y emocional del término. No hacemos referencia a aquellos gastos que tienen un carácter vital como la comida, el vestido, el calzado y la vivienda, sino los que tienen vínculos con el nivel y calidad de vida que hemos alcanzado y que ya no conforman un planteamiento opcional al que descartar o recurrir, sino que de forma intrínseca se han asociado al bienestar y progreso social. Nos estamos refiriendo a algo tan cotidiano y tan poco glamuroso como es el consumo de electricidad, agua, gas, telefonía, transporte y, permítannos que incluyamos, aunque pudiera parecer contradictorio con lo descrito y no identificable en cuanto a su necesidad, aunque en no pocos casos, legalmente se nos ha impuesto y obligado para numerosos trámites de transacción financiera. Nos referimos, evidentemente, al sistema bancario.

Todos ellos, a pesar de ser considerados suministros básicos, de servicio público, y componentes en su dimensión más absoluta, como sectores estratégicos en el desarrollo de cualquier país (energía, comunicaciones, sector financiero,), se encuentran externalizados en estos momentos, de forma plena o, en algunos casos, parcialmente según la administración, como concesión pública y gestión privada. Externalización, palabra que gusta utilizarse como eufemismo para evitar hacer alusión a todos aquellos servicios esenciales que, en realidad, se han privatizado.

Electricidad. Para empezar, nos vamos a referir a la electricidad, con subidas tan desproporcionadas como las que podríamos referenciar en los últimos trece años, con un acumulado por encima del 85%, tomando para ello como base el recibo del usuario medio. La opacidad en la confección de las tarifas que no se sustentan sobre los costes reales de la generación energética, unido a prácticas oligopolísticas de las compañías, más las prácticas fraudulentas en la contratación del servicio, hace que tengamos un sector estratégico puesto en manos de unos intereses ajenos a los ciudadanos, sobre todo de cuyas economías más débiles deben hacer frente a continuos cortes de luz por impago, como ha sucedido el año pasado afectando a más de un millón de usuarios de los 23,5 millones de suministros domésticos de electricidad en España (en torno al 4,4% del total) y, en muchos casos, en el ámbito de los inviernos sin que estas circunstancias sean tenidas en cuenta, no ya solo por las citadas compañías sino tampoco por los Gobiernos a la hora de gestionar medidas para evitar situaciones tan poco dignas en cualquier ser humano; en definitiva, nos estamos también refiriendo a la mal llamada pobreza energética que, sin lubricantes que la envuelvan, se constituye, ni más ni menos, que en pobreza.

Las tres grandes eléctricas que operan en España (Iberdrola, Endesa y Gas Natural) ganaron 7.125 millones de euros en 2014, un 20,8 % más que el año anterior; sin embargo, los ciudadanos todavía y, parece ser que durante muchos años, seguiremos siendo presas de un supuesto déficit tarifario oscuro y de muchos miles de millones de euros y sobre el que algunas organizaciones de consumidores y usuarios venimos reclamando que se realice, por parte del Gobierno de la nación, una auditoría histórica para valorar de modo real la dudosa morosidad que acumulamos gracias a la gestión política de nuestros gobernantes desde mitad de los años 90 hasta nuestros días, sin que para ello hayamos observado un cambio de actuaciones con el relevo de signo político que se ha ido produciendo desde entonces.

Muchos otros aspectos podríamos continuar desmenuzando sobre el rayo que no cesa y que de forma permanente nos recuerda el oscuro sistema tarifario que padecemos y que se contradice con la sentencia de 23 de octubre de 2014 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se concluye que los usuarios de luz y, también del gas, deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, cuestión ésta que desboca en España en la más absoluta de las irregularidades.

Tal vez, un cambio legal que impidiera lo que ha venido en denominarse ´puertas giratorias´, mediante las que las compañías eléctricas y otro tipo de empresas monopolísticas fichan a expresidentes y exministros, principalmente, al tiempo que los Gobiernos incorporan en sus equipos a miembros de estas compañías, pudiera traer consigo una generosidad forzada por la inexistencia de intereses y, con ello, pudiera darse una política energética mucho más entregada al servicio del ciudadano.

Gas. Por otro lado, el gas natural no podía ser menos que su consorte arriba señalado y, por eso, en los últimos tres años el Gobierno de la nación ha incrementado el precio de este hidrocarburo en un 9%, al ritmo medio de tres puntos por año, introduciendo para ello nuevos impuestos como el referido al IVA, con un incremento del tipo impositivo en 2012, y el que se produjo a partir de 2013 con la implantación del Impuesto Especial de Hidrocarburos. A todo esto habría que añadir las subidas que en años anteriores se han ido acumulando.

De forma también alcista es la evolución que ha experimentado la bombona de butano en los últimos cinco años donde ha experimentado una escalada continua hasta situarse en casi un 60% más cara de lo que se pagaba en 2010. Parece ser que está previsto que en las próximas fechas baje de los 17,50 euros que cuesta la bombona más corriente de 12,5 kgs. a los15,80 euros. Veremos si la certidumbre de lo señalado por fuentes oficiales se corresponde con la realidad final.

Esta situación viene reportando a las compañías comercializadoras de gas, también unos beneficios milmillonarios, como así lo ponen de manifiesto los resultados económicos producidos en el último ejercicio de 2014.

Agua. El agua, ese bien tan escaso y por el que, dicen, en un futuro se pagará a precio de oro, si bien en Murcia ya se viene cumpliendo ese vaticinio desde mucho tiempo hace en el tiempo. En este municipio, los usuarios del servicio, refiriéndose a aquellos que disponen de contadores de trece milímetros de diámetro, los más habituales, llegan a pagar más de un 300% en comparación a la mayoría de las ciudades más importantes del resto de España en cuanto a población se refiere.

Un bien tan preciado y esencial requiere que para determinar la regulación de la tarifa a pagar por el usuario, se debiera tener en cuenta con carácter general, entre otros aspectos, y al objeto de establecer criterios de ahorro / despilfarro, el número de residentes en la vivienda.

Igualmente, deberían primarse las situaciones en riesgo de exclusión social, que si bien hay Ayuntamientos que cuentan de un fondo social para estos casos, en no pocas ocasiones, la disponibilidad insuficiente de los mismos y los difíciles requisitos de acceso, hace que se convierta, por parte de los sectores sociales más vulnerables que es a quien se dirige, en un artículo de lujo en el que los cortes de suministro ejercitan de nuevo una humillación para los derechos esenciales del ser humano.

Es necesaria una regulación, participada de las organizaciones ciudadanas en aquellos aspectos básicos, tales como las estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, así como otras variables, entre las cuales destacaríamos las referidas a las indemnizaciones en caso del corte del suministro que no obedezca a motivos de fuerza mayor, por ejemplo.

Telefonía. La telefonía, fundamentalmente la móvil, un año más se constituye en el sector más denunciado y, por tanto, de cuyas empresas peor imagen suelen tener los consumidores y usuarios. No es casual este mérito ganado a pulso por el conjunto de prácticas fraudulentas que realizan y que en un breve recorrido por su muestrario podríamos encontrar situaciones tales como el incumplimiento de las ofertas comerciales o el envío de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja, o las valientes amenazas con penalizaciones abusivas por tener el cliente el atrevimiento de querer anular contratos antes de la finalización de su compromiso de permanencia. Mención especial quisiera hacer sobre el cobro de llamadas no realizadas, esperpéntico modo de obtener beneficios irregulares y que no se constituye en una excepción sino en una práctica que se introduce sutilmente en el tiempo. Y qué podemos decir de los productos que no hemos contratado o el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados de forma fraudulenta. Estamos seguros que quienes nos estén leyendo se sentirán identificados con uno, varios o todos, más algunos otros no señalados, por lo que se haría interminable la lista de contraindicaciones que no hemos querido añadir para no abusar de la confianza y paciencia de ustedes.

(Mañana, en la segunda y última entrega de este artículo, Transporte y Banca)