El diccionario de María Moliner define la palabra ´chapuza´ como un trabajo mal hecho o sucio. El chapucero es el que trabaja con «poco esmero o poca limpieza». También utilizamos esa palabra para indicar que algo es un desastre, una birria, o que se ha hecho a la ligera, atropelladamente. Pues bien, no deja de sorprenderme la capacidad que tiene el Gobierno del PP para hacer chapuzas. Ahora ha vuelto a hacer una de las suyas, presentando en el Parlamento una proposición de ley orgánica para reformar uno de los preceptos de la ley del aborto, el que permite la interrupción del embarazo sin consentimiento paterno a las menores de 16 años.

Con esta reforma ´limitada´, el PP obliga a las mujeres menores de 16 a tener el consentimiento paterno expreso para interrumpir el embarazo. En caso de que haya discrepancia o conflicto entre los padres y la decisión de la menor, será un juez el que decidirá. Con la ley actual, el consentimiento paterno no es necesario y el desacuerdo entre padres e hija no está judicializado, pues lo que prima es la determinación de la mujer, que es la que debe enfrentarse a la decisión de ser madre o no serlo.

Según un informe de las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, el porcentaje de abortos que se dan en esa franja de edad es del 3,6%, y de ellos solo el 12,38% no informaron a los padres por tener malas relaciones con ellos o por estar de hecho emancipadas e incluso casadas, con lo que la realización del aborto sin consentimiento en menores de 16 años es del 0,44%. Es decir, un porcentaje insignificante. Si a ello sumamos que en 2013 el número total de abortos disminuyó sensiblemente (todavía no tenemos datos de 2014), y que la ley actual, a pesar de sus deficiencias, cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión pública, ¿a qué viene esta reforma?

Si hacemos memoria, recordaremos que el Gobierno tuvo que abandonar su reforma global de la actual ley de plazos, y su pretensión de volver a penalizar el aborto, por la contestación generalizada que encontró en la calle, especialmente por parte de las organizaciones feministas, y que le costó el puesto al ministro Ruiz Gallardón. Pero, cuando ya creíamos que el Gobierno del PP no se atrevería a tocar una ley apoyada por la ciudadanía y por los demás partidos políticos, vuelve a la carga para materializar, aunque solo sea en parte, la promesa que le hizo a su electorado más integrista y reaccionario.

Esta reforma deja en la indefensión a las mujeres más vulnerables desde el punto de vista económico, social y familiar, abocándolas a un aborto inseguro y clandestino. Además, esta vía por la que ha optado el Gobierno del PP, una proposición de ley orgánica y no de ley ordinaria, se salta el trámite de los informes del Consejo Fiscal, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Informes todos ellos necesarios en la tramitación de cualquier ley por la vía ordinaria.

En fin, un nuevo atropello autoritario y antidemocrático, una nueva chapuza de un Gobierno que ignora los verdaderos problemas de la ciudadanía.