La política ambiental del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) podríamos calificarla como ´la política del florero´. No por la relación que las flores puedan tener con el medio ambiente, sino por la idea de ese florero que en casa adorna mucho para cuando reciben visitas, pero que apartan dejando de lado, cuando les pueda estorbar para hacer algo que les resulte atractivo: proyectos de inversión urbano-turística, de infraestructuras, etc. aunque su necesidad y sostenibilidad (entendiéndola es los tres aspectos básicos: económica, medioambiental y social) sea escasa e incluso negativa. Hablamos, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia o de Marina de Cope. Ambas calificadas como Actuación de Interés Regional (AIR), que han supuesto importantes inversiones de la CARM. Particularmente el Aeropuerto, ya casi finalizado y que no tiene visos de operar, salvo que consigan anular las operaciones correspondientes en el de Murcia-San Javier; y, si me apuran, en el de Alicante-El Altet, porque si no, tendríamos que subvencionar con dinero público también la operación de la mayoría de los vuelos que ´animásemos´ a instalar en Corvera.
Hablamos de otra nueva AIR, el macropuerto de contenedores en El Gorguel, absolutamente innecesario e inviable en el contexto del litoral mediterráneo español. Supondría una inversión próxima a los 2.000 millones de euros, para crear un puerto que gestionase tres millones TEU para 2030, cuando la terminal de contenedores en el puerto de Valencia está plenamente operativa en la actualidad, y ampliando instalaciones para gestionar un volumen de 6,2 millones TEU para el año 2020. Sería multiplicar por diez la insostenibilidad (en los tres aspectos indicados) del Aeropuerto. Esta sería otra creación „producir algo de la nada„ del Gobierno regional, para satisfacer ´ilusiones´ de que Murcia y/o Cartagena estén ´donde se merecen´: en el centro del mundo (revisando las declaraciones grandielocuentes de los promotores políticos de ambas AIR, parece imposible entender que el mundo funcione sin que existan aeropuerto de Corvera y macropuerto de El Gorguel). Habrá que preguntar a los promotores /constructores cómo verían la rentabilidad financiera de esas inversiones privadas sin los créditos, subvenciones, etc. de la Administración pública. La mayoría de estos grandes promotores/constructores/inversores se declaran liberales o neoliberales defendiendo fervientemente lo privado pero reclaman subvenciones para sus obras y rescates con dinero público cuando no les son rentables.
Más sueños de este tipo: el proyecto de parque temático Paramount en Alhama, promovido por empresas a las que se avala desde la Administración pública, aunque se sepa como han gestionado y el éxito que han conseguido en otros proyectos de interés público (bien lo saben los seguidores del Real Murcia). Échenle un vistazo a la realidad de los parques temáticos de este tipo en España: realizados con cuantiosísimas inversiones públicas, se promocionaron como panacea del desarrollo de esa localidad o provincia y hoy están casi cerrados o vendidos a precios de saldo a inversores privados.
Mientras tanto, los espacios protegidos sobreviven a la gestión de la CARM, escasa o, lo que es peor, muchas veces contra la sostenibilidad (en sus tres aspectos) de los valores que llevaron a protegerlos. Paradigmático el caso del Parque Regional Cabo Cope-Calnegre, declarado como tal en 1992, aun no tiene aprobado su Plan de Ordenación de Recursos Naturales y que ha podido salvar un terreno de 1600 hectáreas (equivalente a 1600 campos de futbol) de la construcción de una macrourbanización turística gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012 declarando inconstitucional parte de la Ley del Suelo de la CARM que en 2001 desprotegía 11.000 hectáreas de espacio natural protegido. Ya en 2011 el Gobierno de la CARM había recibido otro varapalo jurídico, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que anulaba la figura conocida como ´teletransporte´, que suponía incrementar el aprovechamiento edificatorio de determinados proyectos urbanísticos, llevando los Sistemas Generales a espacios protegidos. Ni los anteriores Gobiernos de Valcárcel ni el actual de Garre han manifestado interés en hacer cumplir las resoluciones judiciales obligando a la reformulación de los Planes Municipales de Ordenación (PGMO) que se han visto afectados por estas sentencias judiciales. Más bien al revés. Continúan sin desarrollar políticas de protección ambiental (más allá de declaraciones tipo florero), aún cuando sean exigencias de la UE, como es el caso de los Planes de Gestión de la Red Natura 2000.
En julio de 2012 concluyó el plazo de seis años establecido por la UE, sin que estuviesen aprobados. En la actualidad la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de la CARM no ha conseguido aprobar ninguno de ellos. La errática deriva a la que se ven sometidos los profesionales de esta DGMA hace imposible una buena gestión del mismo. Continuas reducciones de personal y de competencias administrativas; personas nombradas al frente de esta DGMA que duran muy poco por enfrentamientos y luchas internas; deambular de consejería en consejería para acabar en una en la que ni siquiera han querido que aparezca en la denominación de la misma y cuyo titular, por tanto, el responsable del Medio Ambiente, está imputado por delitos contra el Medio Ambiente.
Imagino que ahora, para la fiesta de las elecciones locales y autonómicas, volverán a poner el florero del Medio Ambiente, bien bonito y vistoso, pero sin que estorbe para lo que verdaderamente les interesa.
