Ya está. Ya ha ocurrido. El Gobierno catalán ha promulgado su decreto de convocatoria de consulta a la ciudadanía para saber si Cataluña debe ser una nación independiente; el Gobierno de España lo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional y éste ha admitido el recurso y suspendido la convocatoria hasta que decida sobre el asunto.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy deja en manos del Constitucional su incapacidad para hacer política (o, lo que es lo mismo, para alcanzar acuerdos) y que nos ha llevado al lío actual. Lío que, recordemos, comenzó con el recurso ante ese mismo Tribunal que el Partido Popular interpuso a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobada en referéndum por el 74% de los votantes. Con su sentencia de 2010 a ese recurso, el TC sólo dejó una cosa clara: que para avanzar en el autogobierno, tal y como deseaba la mayoría de los catalanes, había que reformar la Constitución. O sea, que los políticos tenían que hacer su trabajo.

Cuatro años después, ese trabajo (ponerse de acuerdo y reformar la Constitución) no lo ha hecho nadie, se lo endosan a otros. Y yo digo que de este lío no nos va a sacar el Constitucional. Nos tienen que sacar los políticos, que son los que cambian las leyes.

Y si no son éstos, que sean otros. Las elecciones están a la vuelta de la esquina.