El Partido Popular y el Gobierno regional se oponen a que se negocie y se ponga en funcionamiento un nuevo sistema de financiación para las Comunidades autónomas. Están entregados, los de aquí, con los postureos del señor Montoro, es más, son artistas y colaboradores necesarios de esa decisión, que jalean y aplauden con intensidad. Intentan ocultarlo, pues perjudica notablemente a la Región de Murcia, porque supone la obligación de un endeudamiento indefinido y de progresión geométrica, al forzarnos a aceptar como préstamos, con sus intereses, lo que debieran ser transferencias del Estado de carácter ordinario, provenientes de la aplicación de un nuevo sistema de financiación autonómica que niegan y posponen inexplicablemente.

En nuestra Región, el Gobierno regional ya no habla (desde hace mucho) de deuda histórica. Se le han caído todas las ínfulas reivindicativas. Ahora también niegan la necesidad de aplicación de un nuevo sistema de financiación autonómica que corrija los déficits históricos de financiación media por habitante. Ahora aplauden, justifican y jalean la decisión de aplazarlo sine die.

Llevan cuatro años intentando inculpar exclusivamente al actual sistema de financiación como responsable único de la situación económica de la Región de Murcia, y han cifrado este perjuicio en 250 millones de euros, clamando y vociferando por su cambio desde el día siguiente a su aprobación, allá por mayo de 2009. Ahora que dicen que la cosa económica mejora y que el actual sistema ha prescrito, afirman, por mandato 'monclovita', que no toca cambiarlo, manteniendo graciosamente el perjuicio económico que ellos mismos definieron.

Esta posición profundiza en la realidad de una Región absolutamente dependiente de préstamos del Estado, que centrifuga sin solución de continuidad deuda comercial en deuda financiera, y que conjuntamente alcanza ya una cantidad superior a los 6.300 millones de euros.

Estamos en una Región intervenida, incapaz de acceder a los mercados financieros, con un déficit estructural del 3,07% de su PIB, circunstancia que bloquea cualquier atisbo de recuperación económica. Tenemos una deuda que hipoteca los próximos treinta años de nuestro futuro, una deuda que comporta unos gastos financieros que suponen prácticamente la mayor partida de gasto de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM).

Y lo grave de esta situación es que la deuda de la CARM se ha agigantado paralelamente a los recortes de los servicios públicos fundamentales, a la implantación de copagos diversos y al despido masivo en sanidad, educación... además de las mordidas a los salarios y derechos de los trabajadores.

El Gobierno regional inclina, pues, el lomo ante las indicaciones de «ahora no toca sistema de financiación» que le hacen Rajoy, Montoro y su adelantado en la Región, el comisionado Martínez-Pujalte. Cada vez está más claro que no han designado a un comisionado en la Región para asuntos económicos, ni siquiera a un consejero postizo (corrijo), no, sino más bien una especie de hombre de negro, de entrenador personal, que les ayuda a ensayar genuflexiones de todos los colores y en todas las posturas.

La dilación de la entrada en vigor de un nuevo sistema de financiación perjudica ostensiblemente a nuestra Comunidad Autónoma. El Gobierno regional intenta ocultar públicamente la gravedad de la situación, y lo hace ensalzando la concesión de préstamos por parte del Estado como si fuera el maná a fondo perdido. Pero no.

Es imprescindible, por tanto, que se aborde de inmediato la modificación del sistema de financiación autonómica que, entre otras cuestiones, puede corregir el déficit histórico de nuestra Comunidad en financiación media por habitante. Es necesario, igualmente, que el nuevo modelo contemple la cobertura de los servicios públicos fundamentales, ofreciendo los mismos recursos por habitante a todas las Comunidades para sanidad, educación y políticas sociales con independencia del nivel de renta del territorio.

Además, es manifiestamente necesario exigir la materialización de compensaciones presupuestarias que corrijan los desequilibrios acumulados por nuestra Comunidad debido a los anteriores sistemas de financiación. Podemos empezar por exigir al Gobierno de España la condonación total del pago de los intereses de los préstamos que hemos contraído con él, así como la prolongación sustancial de los plazos de amortización de los mismos.