26 de abril de 2014
26.04.2014
La Opinión de Murcia
Espacio abierto

Salud, radiación y libre mercado: nueva ley de telecomunicaciones

26.04.2014 | 04:00
Salud, radiación y libre mercado: nueva ley de telecomunicaciones

En noviembre de 2012, el científico alemán Franz Adlkofer denunció en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard que la protección contra la radiación electromagnética se halla en conflicto con la Ciencia: «Los niveles que supuestamente protegen a la población son fruto de la corrupción institucional». Para comprobarlo, no hace falta mucho; basten dos datos.

La radiación electromagnética de alta frecuencia, la que proviene de antenas de telefonía, móviles, wifis, microondas, etc., fue clasificada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) en 2011 como «posible carcinogénico en humanos» con categoría 2B (ya entonces había informes con implicaciones mayores, que se omitieron, razón por la cual se reclama que el riesgo ascienda a categoría 2A). Apenas un mes después se publicaron los resultados del Estudio Interphone, financiado por la industria (25M$), y entre cuyas conclusiones contaba con la de que «utilizar el móvil previene la aparición del cáncer». La investigadora canadiense Magda Havas cuenta cómo, ante tan sorprendente noticia (achacada a las numerosas deficiencias en el diseño del proyecto), los científicos firmantes de ese informe se vieron obligados a matizar en un apéndice algunos de los datos a los que daba lugar el Estudio (Apéndice 2: 68% en incremento de riesgo de padecer gliomas para usuarios de móviles de entre 2 a 4 años; 118% para usuarios de más de 10 años).

La desequilibrada batalla sobre la definición de cuáles los niveles de radiación electromagnética que podemos considerar seguros para la salud se libra en el escenario mundial de la Industria y la Ciencia de manera muy desigual. Sin embargo, hay otro elemento que se añade a la contienda y gana peso específico diario: los colectivos ciudadanos de afectados, cada vez más numerosos en todo el mundo. En España, la Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electromagnética, PECCEM, que agrupa a más de 70 colectivos, convocó la semana pasada una rueda de prensa urgente en el Senado para advertir a la ciudadanía.

Hace apenas un mes, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que el ministro Soria definió cómo «una reforma estructural orientada a recuperar la unidad del mercado y a facilitar el despliegue de redes y servicios». ¿Qué cambios introduce la nueva Ley? En primer lugar, da carta blanca a las empresas para instalar y actualizar sin requisitos previos antenas y equipos a voluntad, incluyendo la expropiación de inmuebles privados, si es preciso. No harán falta informes, controles, ni licencias, mientras la instalación se ajuste a lo especificado en un plan general de instalaciones, algo que se comprobaría –llegado el caso– a posteriori. Es decir, nadie va a poder oponerse a que le planten una antena en su propiedad. Otro punto fuerte de esta nueva ley es que ni menciona, ni protege, en ningún sentido, el derecho a la salud de los ciudadanos, ni del medio ambiente. La revisión de los niveles de radiación emitidos, como ahora, está «controlado» por las empresas instaladoras que, una vez al año, comprueban el funcionamiento de sus antenas y remiten un informe al Ministerio sobre su corrección. ¿Se imaginan ustedes que se midiese la calidad del agua, del aire o la contaminación ambiental una sola hora de un sólo día al año, que quien efectúa la medición fuese el responsable de la contaminación y que éste no tuviera obligación alguna para con la salud de los ciudadanos? Por último, otra de las cuestiones capitales de esta nueva Ley es que elimina las competencias municipales y autonómicas al respecto, por lo que, en cuanto sea aprobada, ni ayuntamientos ni comunidades autónomas tendrán competencias para opinar o decidir. Libre mercado, eso sí.

Muy lejos de esta Ley quedan las recomendaciones de la Resolución 1815 de la Asamblea del Consejo de Europa, las cuales instan a los Estados miembros a: 1) reducir los niveles de emisión; 2) instalar sistemas de seguimiento, de acceso general y continuo; 3) informar a la población de los peligros para la salud de este tipo de emisiones y del uso de ese tipo de tecnologías (incluidos los nuevos y muy nocivos «contadores inteligentes» de reciente instalación por las Eléctricas; 4) proteger a los niños y a los colectivos vulnerables (embarazadas, personas mayores, epilépticos, enfermos de riesgo, electrosensibles, etc.); 5) promover la investigación y actualizar la normativa conforme a ella.

Hace apenas un mes se publicó el último ´Informe Mundial sobre el Cáncer 2014´ redactado por la Organización Mundial de la Salud. Este informe advierte que en los próximos 20 años va a haber un incremento del 70% en la incidencia de esta enfermedad en el mundo. Sin embargo, a pesar de que la IARC definió la radiación electromagnética como posible carcinogénico con categoría 2B, no hay mención o intención de dirigir las políticas de prevención del cáncer respecto de la radiación. Hoy día hay más de 7 billones de móviles en el mundo, con sus correspondientes antenas, wifis y repetidores, y más de 5.000 estudios han verificado daños biológicos provenientes de la radiación, una notable mayor vulnerabilidad en los niños, así cómo un incremento en la incidencia del cáncer debido a ella, daños de los que se dispone información desde la segunda mitad del siglo XX.

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