El condado burgalés de Treviño está ubicado geográficamente en Álava, fruto de la adhesión a la Corona de Castilla al conquistar el rey Alfonso VIII Álava en el año 1200. Treviño es una realidad geográfica y administrativa tan excepcional como incuestionable, recogida en el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, que regula la división provincial española.

Por su parte, el municipio de Ojós está ubicado en el bellísimo Valle de Ricote, Región de Murcia, en el que hasta en dos ocasiones (1994 y 1999) sus ciudadanos votaron, ejerciendo su derecho a decidir, a los candidatos de la formación catalana CiU al Parlamento Europeo. Ésta es otra realidad electoralmente constatable.

No menos excepcional y real es el intento que, en base al referido derecho a decidir, el Gobierno catalán pretende para la secesión de Cataluña, derivado de las serias dudas que sobre el concepto de ´nación´ tenía el anterior presidente del Gobierno de España, una secesión discutida y discutible.

Si Treviño existe como condado burgalés de Álava, Ojós se ha mostrado convergente en más de una ocasión y si el derecho a decidir, según Mas, no tiene norma que lo limite, bien podría este iluminado solicitar para Cataluña el condado de Ojós, previo referéndum local.

Cuanto acabo de exponer pienso con ustedes, los lectores, es un disparate al que no se someterían los ciudadanos de Ojós, españoles y murcianos, ni su alcalde, Pablo Melgarejo, pero no dista mucho de esa otra absurda realidad que supone la propuesta de secesión del Gobierno catalán.

Afortunadamente, el ciudadano español sabe que la España constitucional, como nación indisoluble, no solo es un territorio físico (como Treviño y Ojós) donde habitan más de cuarenta millones de españoles, sino también, y sobre todo, un marco jurídico de convivencia, de arrepentimiento y reencuentro colectivo de españoles deseosos de erradicar definitivamente las trágicas situaciones históricas padecidas.

Todo ello tiene un valor que supera las distintas ideologías, los deseos personales camuflados en el derecho a decidir y, por tanto, las falsas naciones o condados que, al margen de la historia y de la ley, puedan pretenderse.

La propuesta del Gobierno catalán está cargada, además, de erróneos agravios que la realidad de los hechos desmiente a partir de la historia democrática más reciente de España. Así, el proceso de Transición contenido en la Ley para la Reforma Política fue aprobado en 1976 por el 93,36% de los votantes catalanes.

Dicen sentirse maltratados institucionalmente por España e ignorados por sus presidentes. Olvidan que dos de los siete ponentes constitucionales eran catalanes y que la Constitución que ahora ignoran fue aprobada por el 87,87% de los votantes en el conjunto nacional, porcentaje superado en Cataluña al alcanzar el 90,46%.

Desde las Cortes Constituyentes de 1977 el número de diputados catalanes en el Congreso ha sido de 579 frente a los 429 de Madrid. Distintos presidentes del Gobierno de la nación, como Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar gobernaron con el apoyo de CiU.

Los hechos demuestran que el pueblo catalán nunca se sintió incómodo en España, otra cosa es la frustración de su Gobierno ante la negativa de los dos partidos mayoritarios nacionales que, ahora, le niegan privilegios de todo tipo satisfechos en una etapa reciente de despilfarro económico y subasta nacional de competencias.

Nuestra Constitución no contiene cauce legal alguno para la consulta pretendida, habría que modificarla; eso corresponde a los españoles y, por consiguiente, a los catalanes.

En Ojós pueden estar tranquilos, seguirá siendo municipio murciano, no condado catalán. Nadie les obligará a cambiar la apasionada parranda por la singular sardana, ni ese riquísimo bizcocho borracho por el buen palo catalán.