Valcárcel se va voluntariamente el año próximo dejando la presidencia regional que ha ostentado por casi dos décadas. Se cierra así una larga etapa de quien ha gozado personalmente de la mayoría absoluta más amplia y dilatada en el tiempo de todos los Gobiernos autonómicos (sólo es comparable Pujol, que estuvo más tiempo pero sin mayoría absoluta, y Chaves, que lo iguala pero tuvo que gobernar en coalición).
Es la hora de hacer un balance, siquiera provisional, de lo que ha supuesto este periodo para la región. Y habrá que empezar por reconocer a Valcárcel el mérito propio de haberse mantenido durante tanto tiempo y con tan buenos resultados electorales, y criticarle que no resuelva su relevo con una convocatoria electoral que otorge legitimidad democrática a su sucesor, prácticamente designado con el viejo método caudillista del ‘dedazo’.
Él mismo ha apuntado una sumaria autoevaluación justificativa cargada de falsa humildad: «Hice lo que pude, y lo que me dejaron hacer» (La Opinión, 21/09/13). No hay autocrítica o reproche alguno que hacerse, ni se renuncia al abusado recurso de poner en otros la responsabilidad de sus fracasos, una constante de su etapa de gobierno.
Se ha mostrado interesadamente reivindicativo —aunque muy ineficaz en los resultados— con Gobiernos de España de signo político diferente al suyo, pero compresivo hasta la sumisión con los propios, modulando intramuros de la región teatrales gestos de aparente firmeza.
Sin embargo, hay datos incontestables que permiten hacer un balance muy crítico, del que sale una imagen muy poco favorable para este político ‘en fuga’, que llegó al poder al final de una crisis (1995) y sale en medio de otra aún mayor.
Contra lo que el aún presidente desearía, su figura va a quedar asociada a la década de economía especulativa que conocemos como el ‘boom del ladrillo’ o burbuja inmobiliaria (1997-2007), y a los años de crisis económica que siguieron a su pinchazo (2007-2013), de la que aún no hemos salido.
El período del boom inmobiliario fue especialmente intenso en la región bajo su Gobierno, que hizo una disparatada apuesta por la construcción asociada a un modelo irracional de turismo residencial (los famosos resort y campos de golf), para lo que se legisló ad hoc (Ley del Suelo de la región). Los resultados han sido un irracional sobredimensionamiento y dependencia del sector de la construcción, la mayor explosión de corrupción política nunca conocida y una muy mala calidad de la vida pública, acompañada de las mayores agresiones a nuestro patrimonio natural y a la sostenibilidad ambiental, que nos han llevado a la más profunda crisis económica y social que ha asolado a la sociedad murciana y en cuyo acmé parece que estamos en este momento. Subsidiariamente, ha destrozado el sistema regional de cajas de ahorro que lo financió.
Porque es esta grave crisis social, a la que no se le ve salida, y que aquí muestra un plus regional específico, la parte peor de la herencia: un paro que ha llegado al 30%, con 215.000 desempleados (en 1995, con la crisis que lo aupó a la presidencia, estaba en algo más del 26%, y los parados no llegaban a 100.000), que se acerca al 60% entre los jóvenes; con más del 35% de la población en riesgo de pobreza y exclusión (más de medio millón de personas) y casi la mitad de todos los ciudadanos viviendo en situación de precariedad; con rebajas generalizadas de salarios, bajas pensiones y retirada de ayudas sociales de todo tipo. No hemos conocido antes en democracia tanto drama humano y tanto dolor social.
Cuando más falta nos hace asistimos a la grave erosión de nuestro sistema público de bienestar social: por vez primera en democracia están empeorando los servicios públicos y recortándose derechos sociales adquiridos, con aumento de las desigualdades de renta internas, que son ya las mayores del país.
Pero si Valcárcel ha hecho de algo bandera política ha sido del agua y, más tarde, la financiación regional. Paradójicamente, se va dejando a la región con los menores aportes externos de agua, con una amenaza concreta sobre el futuro del trasvase del Tajo, y con una mala financiación que no logró resolver satisfactoriamente ni con el Gobierno de Aznar ni con el de Zapatero. Ahora se agarra a una promesa de revisión de Rajoy que no despeja las dudas sobre la subfinanciación crónica de la región.
Además, la crisis ha disparado astronómicamente la deuda pública de la región: entre 2007 y 2013 —según los datos de la oposición— ha aumentado un 725%, y ya supera en su montante al presupuesto regional. Cada murciano debe como deuda de la región 3.263 euros. Por su parte, las malas cifras del déficit están dando paso a los mayores recortes presupuestarios.
El autocomplaciente discurso oficial destaca las infraestructuras sociales y de movilidad como los mayores logros de estos años, pero el sobrecoste final de muchas de ellas, y los efectos de la política de recortes, que especialmente en educación y sanidad las vacían de contenido, pone en solfa la bondad final de esta política, que se ha complicado además con la pésima gestión de un nuevo aeropuerto y con las dudas sobre cuándo y cómo llegará la alta velocidad ferroviaria.
Para finalizar, hay que subrayar la que es quizás la peor parte de la herencia: la falta de horizonte que hoy tiene una región muy lastrada para salir del marasmo al que ha sido llevada, lo que arroja mucha incertidumbre sobre nuestro futuro colectivo. Valcárcel se va pero su dura herencia va a pesar durante mucho tiempo sobre varias generaciones de murcianos y murcianas.
