El filósofo chino Confucio dejó escrit0 algo que nos debería hacer pensar, y mucho: "Donde hay educación no hay distinción de clases". Y ciertamente es así. Quizás por eso hay quienes pretenden privar de una adecuada formación y educación a determinada parte de la sociedad, seguramente porque lo que se pretende es que se perpetúe la distinción de clases, por los siglos de los siglos.

Algo de esto es lo que denuncia el sindicato de enseñanza FETE-UGT al poner de relieve que el Gobierno de la Región dedica más dinero a los dos colegios que hay en Murcia del Opus Dei -que segregan a los alumnos por sexos- que al funcionamiento de todos los colegios públicos de la región.

Según este informe, el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013 refleja que el Gobierno regional dedicará más de tres millones y medio de euros a los colegios del Opus de Murcia: Nelva (educación sólamente para niñas) y Monteaguado (educación exclusiva para chicos), frente a un total de poco más de dos millones de euros que prevé dedicar a todos los colegios públicos de esta Región en concepto de gastos de funcionamiento.

FETE-UGT, inasequible al desaliento, continúa adelante con la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra la consejería de Educación por destinar dinero público a un modelo de enseñanza diferenciado por sexos, y claramente elitista. Y ciertamente no somos muy optimistas sobre el resultado final de esta demanda, si tenemos en cuenta que el Tribunal Supremo ya se manifestó en su momento sobre la no subvención del Gobierno de España a la educación discriminatoria por sexos, y el inefable ministro Wert buscó las vueltas a la sentencia para hacer una redacción de la nueva Ley de Educación que permitirá los atropellos que ya conocemos, como esto de dedicar más dinero de los impuestos de los ciudadanos a la enseñanza privada que a la pública; como lo de pretender poner en marcha una nueva Ley de Educación -la llamada LOMCE-sin buscar el necesario y obligado diálogo con la comunidad educativa, pero dejando la puerta abierta para que lo privado intervenga en lo público, porque esta ley, extrañamente, obvia a las familias y a las asociaciones de padres -no han sido incluidas- pero cuenta con agentes privados en uno de sus apartados con la siguiente redacción: "El conjunto de agentes, públicos y privados, que desarrollan funciones de regulación, de financiación o de prestación del servicio de la educación en España y sus beneficiarios".

Ahora, en la Región, nos tememos lo peor para la educación publica. Como se nos avisa, se pretende arreglar el desaguisado del déficit regional -la Comunidad cerró el pasado ejercicio con un desajuste presupuestario de 250 millones de euros- tocando este capítulo, y el de la Sanidad, que son de las pocas cosas que van quedando a los ciudadanos para sentirse iguales entre sí.

Que un Gobierno regional dedique más dinero a dos colegios religiosos que segregan la educación que a todos los colegios públicos del territorio que administra es absolutamente escandaloso y, si me apuran, vergonzoso también.

Alguien escribió: "Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad". Seguramente es lo que se pretende, que el ciudadano sea cada vez más susceptible de perderse en la mansedumbre para que extravíe el sentido de la libertad que incomoda a los que no creen en la igualdad del ser humano.