Según parece, se está poniendo de moda en algunos municipios que los vecinos colaboren en varias de las tareas de las que antes se ocupaban los Ayuntamientos, como la limpieza de las aceras, el cuidado de los jardines o la apertura y cierre de algunos edificios como las bibliotecas. A mí eso me emociona. En serio. Yo, sinceramente, también colaboraría en algunas de esas tareas, pero claro, me han robado tanto que ya no tengo ganas de regalar mi trabajo. De hecho, mientras a los colegios y a los hospitales se les reduce el presupuesto, se suben los impuestos y se cortan ayudas sociales. En la Junta de Andalucía, por ejemplo, hay 38.000 móviles corporativos, uno por cada seis empleados públicos.

En esta misma Comunidad existe una fundación pública llamada Barenboim-Said que difunde a través de la música la conciliación de las culturas a la que se le va a dar este año dos millones de euros. En Aragón, por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad destinó siete millones de euros a campañas institucionales de propaganda para explicar su gestión y aplicó una Ley de Lenguas que contempla el aragonés y el catalán como lenguas ´propias e históricas´ que cuesta casi veinticinco millones. En Baleares, el dinero público se va como el agua de las manos; como ejemplo: un millón de habitantes, cuatro islas y dos televisiones públicas. En Cantabria, el Gobierno invirtió más de un millón para construir un aeródromo en una zona en la que no pueden aterrizar avionetas por estar cerca de aerogeneradores.

En Castilla–La Mancha el Servicio de Salud gastó 2,2 millones de euros destinados a la ampliación del centro de salud del casco histórico de Toledo que ha resultado inviable. La Junta de Extremadura contabiliza un total de 1.623 vehículos al servicio de consejeros, asesores, directores generales, secretarios generales y otros altos cargos. En Galicia se creó un macro complejo cultural diseñado por Peter Eisenman bajo unos honorarios de catorce millones de euros. En La Rioja se construyó un aeropuerto con un vuelo al día y los diez consejeros disponen de un Audi modelo A6.

En Madrid se gastaron noventa millones en una Ciudad de Justicia sin uso y Telemadrid acumula una deuda de unos 229 millones. En el País Vasco el nuevo San Mamés, con capacidad para 53.000 espectadores, le costará al erario público cien millones de euros que aportarán a partes iguales el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.

En la Comunidad Valenciana se construyó un aeropuerto en Castellón que no tiene casi pasajeros pero que por contrato obliga a la Generalitat a pagar a la concesionaria seis euros por cada pasajero que haya por debajo de los 600.000 durante los primeros ocho años de vida, y el Gobierno ha recurrido a los conductores de vehículos oficiales para repartir el correo interno entre las distintas consejerías después de que Correos suspendiera su servicio a la Administración por impagos. Y para poner la guinda, nos enteramos de que este año los parlamentos autonómicos costarán a los españoles 392 millones de euros. Un millón al día, siendo en cifras absolutas el parlamento catalán el más caro de España.

Así que, visto lo visto, cuando salimos a la calle a limpiar las aceras no estamos haciendo un servicio a la comunidad; estamos limpiando la sangre económica que nuestros despreciables políticos han derrochado.