Para el Gobierno de la Región de Murcia existe una única preocupación, los ciudadanos y, de manera especial, garantizarles el acceso y la prestación de los servicios básicos y esenciales a los que tienen derecho, como son la Educación, la Sanidad y los derivados de la Dependencia.

La crisis en la que se encuentra España, cuyo dato más vergonzante son los más de cuatro millones de personas que están sin empleo, ha provocado una situación de precariedad económica generalizada que pone en peligro el mantenimiento de los servicios públicos básicos debido a la caída de los ingresos, que no llegan a cubrir el gasto que la prestación de los mismos genera.

A esto se añade que el Gobierno central sigue financiando de manera insuficiente la Sanidad, la Educación y la Dependencia en la Región de Murcia, ya que a sus ojos siguen sin existir 450.000 murcianos a los que, sin embargo, la Comunidad Autónoma les asegura la misma asistencia de salud, idéntica calidad educativa y les reconoce los mismos derechos en las prestaciones sociales que al resto.

El Gobierno central nos niega la financiación que nos corresponde, y que tiene la obligación de darnos, mientras compensa a otras Comunidades saldándoles ´deudas históricas´ y dándoles recursos extra. Recursos que, sin duda, les ayudan sobremanera a sortear este trance económico, en el que a nosotros, sin embargo, el Gobierno del señor Zapatero nos exige cada vez más.

De nada sirve que seamos la cuarta Comunidad autónoma con menos deuda acumulada de toda España, que apliquemos permanentemente una política de austeridad y reducción del gasto público, que se haya adelgazado la estructura administrativa hasta ser una de las más pequeñas de todo el Estado, ni que los altos cargos tengan los salarios congelados desde el año 2008, ni que la reducción aplicada sobre sus sueldos, en virtud del Decreto de mayo, convierta los salarios de los miembros de este Gobierno, y en especial el del presidente Valcárcel, de los más bajos con respecto a otras comunidades.

Somos, insisto, la cuarta Comunidad con menos deuda acumulada y la Administración que, según datos del propio ministerio de Economía y Hacienda, menos dinero cuesta a sus ciudadanos, pero cuando solicitamos al Gobierno central acceder a recursos financieros mediante crédito para cubrir el déficit generado por la prestación de los servicios básicos, éste nos exigió que recortáramos aún más el gasto estructural de nuestro presupuesto, condicionando, por tanto, las partidas donde se debía realizar el ajuste.

Zapatero hace uso de su cargo con absoluta discrecionalidad. Premia a quienes pueden favorecerle políticamente, mientras castiga a esta Región, en una actitud, cuando menos, desdeñosa.

Si para el presidente del Gobierno central ése es el sentido de la igualdad, para este Gobierno es todo lo contrario. Por eso, vamos a seguir atendiendo a cada ciudadano que llegue a las puertas de urgencias, a los que necesiten ayuda para atender a las personas dependientes, y dando la mejor educación a todos nuestros estudiantes. Y, precisamente porque para este Gobierno regional, ante todo, están los ciudadanos, es por lo que el pasado 23 de diciembre la Asamblea Regional aprobó la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas.

Una Ley que no se corresponde con nuestros deseos, ni con nuestra forma de hacer las cosas, sino que se limita a cumplir con las exigencias impuestas por el ministerio de Economía y Hacienda para permitirnos acceder a los recursos que nos ayuden a sufragar el coste de los servicios básicos.

La solución a esta situación en la que nos encontramos requiere de la participación, el esfuerzo y el compromiso colectivo de todos los murcianos, con la gran diferencia, respecto a las irreversibles medidas tomadas por el Gobierno de Zapatero, de que gran parte de las contenidas en la Ley tienen carácter temporal, hasta que la situación económica mejore.

Las medidas provisionales son las que afectan al área de empleo público, pero hay otras muy importantes sobre la estructura organizativa de la Administración regional que se establecen con vocación de permanencia en el tiempo, como son, entre otras, la reducción del 70% de los entes públicos de la Comunidad, la enajenación o alquiler de edificios públicos, el cambio del modelo de gestión de la televisión pública para reducir su coste, la restricción al máximo de los gastos para la promoción de la Administración regional, etc.

Somos conscientes del sacrificio temporal que estamos pidiendo a los empleados públicos, a los que tenemos en muy elevada consideración. Cuando las circunstancias lo han permitido, hemos mejorado sus condiciones de trabajo, incluidas las económicas.

Respetamos el derecho de los sindicatos a mostrar su disconformidad con la Ley, siempre que lo hagan con las formas adecuadas y no por medio del insulto y la presión callejera, pero nos sentimos en la obligación de pedirles, especialmente a las organizaciones sindicales, compromiso y responsabilidad.

La Ley de Medidas Extraordinarias para el Sostenimiento de las Finanzas Públicas no busca, precisamente, ser populista, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos ha de comprender que el interés general está por encima de cualquier interés partidista y que su Gobierno regional toma todas sus decisiones primando el bien, presente y futuro, de los murcianos, con el objetivo, ahora más que nunca, de avanzar en la ansiada recuperación económica.