Como un oleaje que va creciendo inexorable, la insatisfacción de la sociedad murciana por los recortes del Gobierno de Valcárcel se va expresando en la calle desde el pasado 22 de diciembre.

De las mil personas del primer día, cuando a las pocas horas de anunciarse y casi sin tiempo para avisos, una muchedumbre se situó en las proximidades de la Cámara de Comercio y posteriormente a su famoso ático de la Gran Vía, se ha pasado a las 40.000 personas de la última manifestación del día 12 que recorrieron lentamente la Gran Vía expresando su descontento ya no sólo por los recortes sino también por el deterioro que suponen para dos servicios públicos fundamentales como son la educación y la sanidad. Si al principio eran cuadros sindicales y docentes sin militancia sindical, pero indignados por la situación, ahora no se trataba sólo de sindicalistas, sino que también había docentes o sanitarios afectados por los recortes, y ni siquiera todos eran funcionarios. Y con esta son ya seis las movilizaciones que se han realizado desde que el Partido Popular hizo aprobar a la Asamblea Regional la propuesta de ley sobre medidas extraordinarias el pasado 23 de diciembre.

¿Qué es lo que motiva que la asistencia vaya aumentando día tras día? No se trata sólo de recortes salariales, se trata sobre todo de la creciente sensación de que las medidas conllevan un empeoramiento de servicios públicos debido al despido de trabajadores y el aumento de horas de trabajo.

Los manifestantes que se van incorporando a la protesta empiezan a ser jóvenes opositores que ven como se cierran sus posibilidades de trabajo en el futuro; se trata también de familiares de los que se van a ser despedidos, y pronto, cuando los profesionales sanitarios empiecen a incorporarse a las protestas (hasta ahora no lo han hecho tan masivamente) y sobre todo haciendo paros en los centros de trabajo, se empezarán a incorporar usuarios de los servicios públicos que ven como éstos se van deteriorando.

En las diferentes manifestaciones casi desde el primer día ha habido dos elementos que por su simbolismo han atraído la atención de la mayoría de las pancartas y de los gritos coreados.

Uno es el famoso ático de la Gran Vía que posee el presidente Valcárcel. Que un antiguo docente de un centro privado (precisamente no del colegio más prestigioso de Murcia) pueda llegar a poseer una vivienda de lujo de esas características (al margen de la presunta irregularidad de su adquisición) contrasta de manera fuerte con la situación en la que van a quedar los profesionales afectados.

El otro elemento es el consejero Cruz y sus gastos desorbitados en proyectos absolutamente minoritarios. La errática política cultural, los PAC, Manifesta y similares, se convierte en ejemplo paradigmático de cómo dilapidar unos recursos públicos.

¿Qué pasará de aquí en adelante? No es previsible esperar que la situación amaine, dado que algunas de las medidas están por desarrollarse. Por ejemplo, entre las que todavía no se han ejecutado está la importante reducción de liberados sindicales que deben volver a su puesto de trabajo original en los próximos días. Cuando lo hagan cesarán aquellos profesores, interinos en su mayoría, que confiaban en tener un puesto de trabajo hasta final de curso. Por ejemplo, el consejero de Educación, Sotoca, ha anunciado que esto no se va a producir, lo cual incumpliría una de las medidas contempladas en la ley. Sea cual sea la situación se aumenta la presión en la caldera: si se aplica la medida habrá más descontentos por la situación, no ya sólo el despedido sino también sus parientes cercanos; si, en cambio, no se aplica significará entonces un triunfo de las movilizaciones que han conseguido paralizar una de las medidas adoptadas.

El panorama que se le presenta al presidente Valcárcel de aquí a los próximos meses es una creciente presión en la calle y una imposibilidad de aparecer en actos públicos (recordemos que ya ha suspendidos dos por no querer enfrentarse a los manifestantes).

¿ Cuál puede ser la táctica del Gobierno regional para frenar las movilizaciones? La única y radical sería retirar todas las medidas presentadas, y dado que es las arcas regionales están en la bancarrota sería necesario recortar en otros apartados, por ejemplo, altos cargos, determinadas consejerías (la de Cultura podía ser la más adecuada dado que al tiempo se retiraría al consejero que más atrae la ira popular), los ceses no deberían estar en los profesionales que más rinden sino en aquellos asesores que abundan en la Administración y de los que no se sabe muy bien cuáles son sus funciones. Lo que ocurre es que hacer algo así tendría un gran coste político, sería reconocer el gran error de la decisión tomada el 22 de diciembre. Pero se trata de su única oportunidad. Si es cierto, como dicen sus aduladores, que Valcárcel tiene un gran olfato para tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno, llegará a la conclusión de que es lo único que puede frenar la rebelión, ese oleaje que creciendo y creciendo puede llegar hasta salpicarle su despacho de San Esteban y a enturbiar sus perspectivas electorales próximas. En realidad existe un precedente en el que tuvo la habilidad de rectificar ante la presión popular: me estoy refiriendo a la decisión sobre el yacimiento de San Esteban cuando supo reconocer que se había equivocado.