Objeción fiscal

El pasado 30 de junio finalizó el plazo general para la presentación de las Declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. También se puso un punto y seguido en una peculiar dinámica llamada 'objeción oiscal', que en la Región murciana han impulsado principalmente Alternativa Antimilitarista -MOC, Confederación General del Trabajo-CGT y Ecologistas en Acción.

Punto y seguido porque a la campaña en cuestión aún le quedan otros capítulos y porque el próximo año, a mediados de primavera y hasta recién entrado el verano, resurgirá de nuevo con una intención que va más allá de su lema genérico: Desmilitarizar nuestros impuestos.

Pese a su denominación, la objeción fiscal no es propiamente una objeción de conciencia. No se trata de un intento individual de sustraerse al cumplimiento de un deber normativo impuesto por el ordenamiento jurídico (en este caso el pago de impuestos) para hacer prevalecer unos motivos de conciencia con los que colisiona dicho deber. Es un acto de desobediencia civil, una transgresión pública, colectiva, premeditada y consciente de la legalidad, que no busca un beneficio individual sino un bien común reivindicando cambios en las leyes vigentes o en las políticas existentes (en este caso la legislación tributaria y las políticas de seguridad y defensa).

Consiste en desviar una determinada cantidad de dinero, deduciéndolo de la Declaración de la Renta, haciéndolo constar en ella en el apartado de 'retenciones y demás pagos a cuenta' y comunicándolo a la propia Administración tributaria. Desviar, que no evadir, pues ese dinero se destina a financiar algún proyecto alternativo (en Murcia se ponían como ejemplos el CSOA, La Fábrica de Hielo y la Biblioteca Social de Asunción en Paraguay). ¿La cantidad? Bien una cuota fija, bien el tanto por ciento equivalente al gasto militar -directo y/o indirecto- en los Presupuestos Generales del Estado. De esa manera se da forma activa al viejo lema 'gastos militares para fines sociales' mientras se incide en la necesidad de profundizar en la crítica al militarismo que asola nuestras sociedades.

Pero no se trata sólo de no financiar las guerras, o más exactamente, el belicismo. La objeción fiscal pone encima de la mesa otras muchas cuestiones vinculadas a la promoción de una cultura de paz, la profundización democrática y el impulso de la participación ciudadana.

Esta dinámica de desobediencia civil pone el dedo en la llaga al recordar que la democratización de la defensa en España sigue siendo una tarea pendiente y que el papel de la ciudadanía ante las cuestiones de seguridad interna y externa sigue reduciéndose al papel de receptor pasivo sin que haya habilitados mecanismos de participación en la toma de decisiones.

Igualmente señala esas carencias en la política presupuestaria y fiscal. Si el debate que hace algunos años se daba sobre la descentralización tributaria y la autonomía fiscal se cerró en falso, la cuestión sobre las formas de participación ciudadana en dichas políticas o en aquellas financiadas por nuestros impuestos (más allá, claro, del pago de los mismos), apenas se ha abierto.