Ay, mi panocho. Sí, yo soy panocho pero no hablo panocho. Soy amante de este dialecto. Reivindico mi condición de murciano. Ahora bien, no se me ocurre establecer como requisito esencial para acceder a un cargo público o a desempeñar mis funciones en una Administración del Estado, ni siquiera en una regional, el saber panocho. Si no me escandalicé porque los catalanes quieran ser nacionales, como tampoco que los vascos llamen a su territorio país, sí me pareció extravagante, estrafalario y fuera de toda cobertura legal el que los jueces deban saber el idioma del lugar donde desempeñan sus funciones jurisdiccionales. Por eso me congratulo, (mejor en castellano auténtico, me felicito, y más aún me alegro) de que se rechace tal pretensión, iniciada por las regiones forales o históricas de siempre, y antes mencionadas, de paso.

Todo esto viene a cuento de una reciente reunión de los jueces decanos de toda España, que han rechazado el conocimiento de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas como un mérito determinante en la asignación de plazas judiciales, aceptando que el conocer el idioma del lugar sea solamente preferente en caso de igualdad. Una cosa es que se valore el conocimiento del idioma y otra que las plazas siempre se cubran por los candidatos que dominen el mismo, aunque no sean tan competentes jurídicamente como los que se quedan fuera. A nosotros, pequeños murcianos, por extensión territorial, pero grandes en conocimientos y en generosidad de todo tipo, y por supuesto como murcianos de dinamita (Miguel Hernández) no nos extraña que así sea, y así se opine por los jueces. Sin embargo, no en todas las comunidades se piensa de la misma manera, pues de lo contrario no hubiera hecho falta esta declaración de intenciones.

Bien entendido que estamos hablando, no de aprobar la oposición a la carrera Judicial sino de, una vez superadas las pruebas, acceder a un puesto de trabajo, en una comunidad autónoma determinada, cuando como por todos es sabido, un juez, por ahora, y espero que por siempre, es nacional. Pero nacional de todo el territorio español; esto es, península, islas Canarias y Baleares, Ceuta y Melilla, e incluso el territorio español de aeronaves y navíos con bandera española y, por supuesto, las oficinas diplomáticas y consulares. Ahí es nada, España es algo más que una mera piel de toro.

De esta forma, los jueces nos hemos opuesto a lo recogido en este sentido por el reciente Estatuto catalán que dicta como determinante para ser juez en Cataluña saber catalán. Esto es en mi opinión lo peligroso, junto con la forma de financiación y otras cuestiones prácticas, y no el que se llame o no nación. El derecho de los ciudadanos a expresarse en el idioma cooficial no queda mermado por esta consideración judicial, pues en definitiva lo que está en juego es otro interés preferente, como es la tutela judicial efectiva.

Pues ni hablo panocho, ni catalán, ni euskera, más quisiera yo, por lo menos el primero de ellos. Me consuela que sólo once de los más de doscientos jueces destinados en el País Vasco hablen euskera. En toda España 794 hablan catalán y 218 gallego. Pero seguro que ninguna de esas regiones tiene la sabiduría del huertano murciano cuando afirma cosas como éstas: "Retírate, agua, y veremos quien labra" (ni al pelo), y es que "más vale pan con amor, que gallina con dolor". Ahí es ná mi panocho.