Zapatero, imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado un fuerte impulso a la investigación que mantenía en secreto del caso Plus Ultra y ha decidido imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos anexos, entre los que se encontrarían la organización criminal y la falsedad documental, según han confirmado fuentes jurídicas. Ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio.

Fuentes policiales señalan a EL PERIÓDICO que la unidad de delitos económicos de la Policía Nacional (UDEF) ha puesto en marcha una operación relacionada con estas pesquisas sobre las que se acaba de levantar el secreto. Ha registrado la oficina del expresidente, situada justo frente a la sede socialista de la madrileña calle Ferraz y también varias empresas. Concretamente, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía registra desde pasadas las nueve y media de esta mañana el despacho del expresidente y las mercantiles Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav S.L.

Reacción de José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación

Las pesquisas están relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero también se investiga las relaciones de Rodríguez Zapatero con la mercantil Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, en relación con posibles pagos que superaron los 600.00 euros por trabajos de consultoría tanto a él directamente como a través de Whathefav SL. El caso fue asumido a finales del pasado mes de febrero por la Audiencia Nacional tras inhibirse la jueza de instrucción ordinaria que lo investigaba en secreto, María Esperanza Collazos.

Martínez fue detenido el pasado mes de diciembre junto a otros empresarios por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, quien tras recibir una querella de la Fiscalía Anticorrupción imputó inicialmente los directivos de la aerolínea Plus Ultra, por presuntos blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias relacionado con el presunto uso indebido del rescate de 53 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía en marzo de 2021.

Querella de Anticorrupción

Concretamente, el dinero habría servido para llevar a cabo "operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela". Además del propietario de Análisis Relevante se detuvo en su momento al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y su 'número dos', Roberto Roselli.

En su querella, Anticorrupción acusa a los directivos de la compañía aérea Plus Ultra del presunto uso indebido del rescate de 53 millones y apunta a que las operaciones de blanqueo se vincula con el movimiento de "fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)".

Según reconoció el propio Julio Martínez Martínez, su empresa ingresó unos 450.000 de Plus Ultra por hacer gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano. Y gracias a sus supuestas gestiones en Caracas, la aerolínea logró en 2020 y 2021, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Desde el 25 de marzo de 2020 la aerolínea realizó 56 vuelos de repatriación.

Levantamiento del secreto

En un auto con fecha de este mismo 19 de mayo, el juez Calama acuerda el levantamiento del secreto sobre estas actuaciones, que se habían mantenido dada "la propia naturaleza de los hechos investigados, la gravedad de los mismos, y al objeto de evitar que pudiesen generarse incidencias que afectasen a la finalidad de la propia investigación", según recuerda en la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Sin embargo, el magistrado considera que han variado las circunstancias que aconsejaban el mantenimiento de este secreto --por el que únicamente podía tener acceso a las actuaciones la Fiscalía Anticorrupción-- y lo deja sin efecto, pues "en este momento, el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso". En este procedimiento el juez ha aceptado la personación como acusación popular HazteOír, Manos Limpias, el partido Iustitia Europa y también el PP y Vox, habituales en otras causas que se instruyen contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

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