Anticorrupción afirma que en Cataluña "se pagaba a los Pujol, como si fuera un club, con el 3% para tener obra pública"

El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha defendido ante el tribunal que se debe condenar a los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol Soley porque el juicio celebrado en la Audiencia Nacional desde noviembre sobre la fortuna que la familia ocultaba en Andorra "no es un ataque a Catalunya" ni a una "ideología", sino una defensa de "sus ciudadanos". En su informe de conclusiones ha argumentado que "en aquella Catalunya emergente se pagaba a los Pujol, como si fuera a un club, con el 3%, para tener obra pública", dentro de "la red clientelar" tejida por la familia en torno al expresidente Pujol Soley.

Según Anticorrupción, lo que se juzga son delitos de "corrupción", como blanqueo de capitales y delitos fiscales. "Quien defrauda a Hacienda no lo hace a un ente abstracto, sino que detrae recursos públicos incluidos los de Catalunya", y, en definitiva, a sus ciudadanos, a la hora de construir colegios, hospitales y servicios públicos, problemas que se achacan a la falta de inversión del Estado bajo el lema "Espanya ens roba", ha explicado.

El fiscal reclama para el primogénito del exmandatario catalán, Jordi Pujol Ferrusola, 29 años de prisión; para su exmujer, Mercè Gironès, 17 años; para su hermano Josep, 14; para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola, ocho años de cárcel, y para los nueve empresarios con los que comparten banquillo, cinco años.

El representante del ministerio público ha empezado su informe refiriéndose al testigo que ayudó a la familia a mover dinero en Andorra y que ante el tribunal calificó de "tradición familiar tener una cuenta en Andorra". Tras recordar que no existía tal tradición para las familias que por razones de trabajo se desplazaron a Catalunya para "ayudar a su prosperidad", Bermejo ha señalado que los empresarios que sí la tenían no han sabido explicar por qué pagaron facturas millonarias a Jordi Pujol Ferrusola sin soporte documental alguno.

El fiscal, además, ha recriminado a las defensas que intentaran convertir la vista en un juicio político con la denominada Operación Cataluña y la policía patriótica, encabezada por el excomisario José Manuel Villarejo, cuando lo que se está dilucidando es, en su opinión, un fraude a Hacienda y "una estrategia deliberada de sustraer capitales".

Fondos ajenos a sus ingresos legales

Después de escuchar durante el juicio a testigos, peritos y acusados, ha llegado el momento de exponer ante el tribunal el entramado que el fiscal considera que se constituyó alrededor de la posición política alcanzada por Jordi Pujol Soley, en el que su familia y empresarios afines a Convergència se repartían los "sobresalientes beneficios de concursos públicos", amasando así un patrimonio "ajeno a sus ingresos legales que hubo de ocultar a la Hacienda Pública española y a la sociedad catalana".

“Con la finalidad tanto de ocultar el auténtico origen del dinero depositado en las cuentas bancarias de Andorra como de disfrutar de él, una vez oscurecido su origen”, los acusados actuaron “de manera coordinada", ha explicado el fiscal que ha querido matizar que "no se está juzgando a una familia por su ideología política". El "poder de influencia" de la familia Pujol era "directo" en esa época, con el cabeza de familia como presidente de la Generalitat. El fiscal ha enmarcado las operaciones bajo sospecha en "el ámbito de la corrupción política", con "omertá" (ley del silencio) incluida, en una "estrategia deliberada de sustraer capitales". Para él, existió una "estructura financiera que permaneció oculta durante mucho tiempo", con unos fondos de origen desconocido.

"Nunca ha existido herencia"

Los acusados no han dado ninguna explicación de por qué se facturó por operaciones que no se han podido probar documentalmente y ha negado que el origen de los fondos en Andorra fuera el legado del abuelo Florenci Pujol, ya que nunca se ha aportado documento o testamento que lo acredite; de haberlo hecho, él habría abandonado la acusación, ha asegurado. Además, ha reprochado a la defensa haber retrasado el proceso con demandas en Andorra, con un "expurgo" de documentos excesivo y una prolongación "artificial" de la causa, a lo que ha sumado la "complejidad" de la propia investigación, con ramificaciones en el extranjero.

Para el representante del ministerio público los hechos por los que pide la condena de los Pujol se enmarcan en el pago del 3% para ser adjudicatario de obra pública --hechos que se investigan en otra causa--; la comisión pagada se disfrazaba de "pelotazos" logrados por Pujol Ferrusola en distintos negocios. Bermejo ha vinculado directamente los ingresos en las cuentas de los hijos del expresidente en Andorra con la adjudicación de obra pública y ha sacado a relucir la presunta financiación de Convergència Democràtica (CDC) a partir de un aval otorgado por Jordi Pujol Ferrusola para la concesión de un préstamo a empresas que trabajaron para el partido.

"No hay documentos, no hay testamento" y todos los hijos del exmandatario "dicen lo mismo, con las mismas omisiones y lagunas, en coordinación"

Todos los hijos coincidieron en defender el amor que su padre sentía por Catalunya y en desvincularlo del supuesto legado, pese a que, para el fiscal, ello es una muestra más de la organización criminal que constituyeron y de los delitos de corrupción que considera que cometieron en perjuicio de la propia Catalunya. "No hay documentos, no hay testamento" y todos los hijos del exmandatario "dicen lo mismo, con las mismas omisiones y lagunas, en coordinación", ha subrayado.

Tras repasar todos los supuestos negocios de Pujol Ferrusola investigados a lo largo de casi cuatro horas de informe, el fiscal ha retomado su idea fuerza para cifrar en más de 38 millones de euros el dinero distraído del sistema fiscal. "Lo que no se tributa no es neutral. Supone una privación continuada y, por tanto, un perjuicio que recae en la sociedad. No estamos solo ante cuentas muy lejanas, sino ante cantidades gestionadas durante años al margen del control fiscal" con el consiguiente perjuicio que ello supone para "toda la sociedad, especialmente en Catalunya".

"Pagos inconfesables"

Por su parte, la Abogacía del Estado ha pedido que se condene al principal acusado, Jordi Pujol Ferrusola, a 25 años de prisión; a su exesposa, a 17 años y medio; a Josep, a cuatro años y medio, y a ocho de los nueve empresarios acusados, a dos años. La Abogacía, que nunca ha acusado al resto de los hijos del expresidente catalán, sostiene que los exdirectivos con los que comparten banquillo utilizaron facturas falsas para encubrir "pagos inconfesables" al hijo mayor del expresidente catalán. José Ignacio Ocio ha señalado que por eso ningún testigo pudo explicar "durante más de 15 segundos a qué se dedicaba Jordi Pujol Ferrusola".

El abogado del Estado ha aclarado que su acusación se centra en el fraude a Hacienda por los "fondos patrimoniales no justificados", cuyo "origen" es "irregular" y gira en torno a Jordi Pujol Ferrusola. En su opinión, ni los delitos fiscales están prescritos ni las empresas de Jordi Pujol Ferrusola tienen los "medios necesarios" para efectuar los servicios por los que facturó cantidades millonarias a varias empresas. Ha insistido en que ninguno de ellos ha aportado documento alguno que acredite "actividad económica real" por parte del hijo mayor del expresidente catalán más allá de justificarlo con que propició un encuentro con un gobernador mexicano, apretón de manos que le supuso millones, ha ironizado el representante de los Servicios Jurídicos del Estado.

El único que convenció a los abogados del Estado fue el exdirector de la televisión de Andorra Francesc Robert para quien retiraron la acusación, aunque eso no lo libra del juicio porque la fiscalía mantiene su petición de cinco años de prisión para él, al igual que para el resto de empresarios con los que comparte banquillo. Este miércoles entrarán en juego las defensas, que ratificaron que sus clientes no han cometido los delitos que se les atribuyen.

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