El PP lleva a una votación del Congreso la "prioridad nacional" pactada con Vox en Extremadura y la vincula a la "legalidad vigente"

El PP hace suya la política de "prioridad nacional" que defiende Vox en sus negociaciones para conformar gobiernos autonómicos y que ha quedado patente en el acuerdo en Extremadura. Ante una iniciativa del partido de Santiago Abascal en el Congreso, los populares han presentado una enmienda que reformula el texto de los ultras pero mantiene que el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspiren en el principio de prioridad nacional" y que se debe excluir "a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Todo ello, recalcan, dentro de "la legalidad vigente".

"Siempre, siempre, los españoles primero", ha clamado esta tarde en la Cámara Baja el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, casi a la par de que arrancara el pleno de investidura de Guardiola. En ese mismo discurso, el parlamentario de extrema derecha ha dejado claro cual es la posición de su partido ante la inmigración: "Ley, orden, fronteras seguras y prioridad nacional". Tanto es así que en una moción instan al Gobierno a "garantizar la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de bienestar de los españoles".

Casi a modo de reflejo del pacto en Extremadura, el texto de Vox pide "establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda, y proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles". También pide que se deje de atender en la sanidad a los inmigrantes "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital" y no concederles "asistencia jurídica gratuita" en asuntos relacionados con procesos de expulsión.

Reformulación del texto

Ante este texto, los populares han presentado su propia enmienda en la que asumen que el "principio de prioridad nacional" debe inspirar todas las ayudas "adecuándose a la legalidad vigente" y que se debe excluir "del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Además, instan al Gobierno a aprobar una norma que derogue el real decreto que permite la regularización de migrantes.

Los populares también proponen crear un sistema de vivienda protegida que siga este mismo principio. No obstante, en este caso, matizan que la prioridad debe estar basada en un "arraigo real y prolongado" que sea comprobable mediante el empadronamiento histórico en el territorio y que refuerze los "criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio". Aunque en la práctica esto pueda suponer dejar fuera a los inmigrantes, el PP evita mencionarlo y solo excluyen a quienes hayan sido condenados como autores de delitos de allanamiento en los últimos cinco años.

La iniciativa de Vox y la enmienda del PP se debatirán este miércoles en el pleno del Congreso. Primero, habrá que ver si la formación ultra acepta los términos planteados por los populares. En caso de no hacerlo, algo que es muy posible, serán los populares los que deberán determinar si respaldan el texto inicial de Vox o se abstienen.

Advertencia clara

A la misma hora que Gil Lázaro defendía el "siempre los españoles primeros", el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado a la bancada popular del Senado que no dejarán pasar el acuerdo con Vox. "Si hay un acuerdo que sea discriminatorio, xenófobo y totalmente inhumano, el Gobierno de España lo parará en los tribunales", les ha dicho, antes de cuestionarles si "¿van a dejar sin asistencia sanitaria a un niño, a un bebe, simplemente porque sus padres estén en situación irregular?".

Desde el Congreso, Gil Lázaro parecía darle la réplica a Bolaños: "Aunque clamen contra nosotros el Gobierno y sus socios, Vox seguirá hablando claro en esta tribuna, trayendo aquí la voz indignada de millones de españoles hartos de aguantar las consecuencias cotidianas en su vida diaria de esta invasión migratoria ilegal".

Bolaños no ha sido el único que ha puesto en cuestión el pacto del PP con Vox. También en el Senado, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy ha encarado una pregunta de los populares sobre el sistema de dependencia. Primero, se ha abierto a escuchar las propuestas que tengan los populares, después les ha afeado que hayan puesto las competencias en manos del partido ultra, y si "para el interés, la tranquilidad y el bienestar de las personas con discapacidad o en situación de dependencia lo mejor es, como han hecho en Extremadura, darles esas competencias al único partido que votó en contra de la reforma del artículo 49 de la Constitución, a los ultras de Vox".

Feijóo y el "arraigo"

En el remate de la jornada, Alberto Núñez Feijóo defendió que “Vox está en su derecho de decir lo que considere oportuno, pero hemos pactado valorar el arraigo”. El presidente del PP lo verbalizó así en los pasillos del Congreso en un intento de zanjar el debate sobre “la prioridad nacional” pactada entre su partido y Vox en Extremadura. Aseveró que, según recoge Servimedia, al margen de lo que digan los de Abascal, el pacto recoge que la concesión de ayudas y prestaciones públicas se regirá por “arraigo".

“Vox dice lo que considera oportuno, está en su pleno derecho como un partido democrático. Y nosotros decimos lo que hemos pactado y lo que está en el texto, que es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma”, dijo el líder popular.

Es más, Feijóo aseveró que estos criterios ya se aplican en otras comunidades y municipios, también del PSOE, en lo que respecta a la vivienda pública. Y apostilló que, “por si acaso hubiera dudas”, se añadió una cláusula que deja claro que “siempre” debe hacerse de “acuerdo con las leyes” vigentes.

“Por tanto, este texto (por el acuerdo de Extremadura) no puede ser más claro. Nosotros no estamos aquí dando indultos ni modificando el Código Penal ni otorgando amnistías. Nosotros estamos tomando decisiones de acuerdo con las leyes. Es una gran diferencia entre nuestros pactos y los pactos del Partido Socialista que consistían en cambiar las leyes, el Código Penal, hacer amnistías y excarcelar a los presos”, apostilló el presidente del PP.

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