El aviso del TC amenaza con cambiar las dinámicas legislativas en el Congreso

Al comienzo de la legislatura, en la Mesa del Congreso -el órgano encargado de ordenar la actividad parlamentaria- se bromeaba con el "artículo 45". No era ninguna norma o precepto del reglamento. El 45 aludía al peso de cada bloque en la Mesa: 4 diputados del PP y 5 de los partidos del Gobierno (3 PSOE y 2 Sumar). Esta mayoría del Ejecutivo les permite controlar el tráfico legislativo, decidir qué se debate en el pleno o qué queda guardado en un cajón cogiendo polvo. Sin embargo, una sentencia emitida esta semana por el Tribunal Constitucional amenaza con cambiar estas dinámicas legislativas, restando poder a la mayoría que controle la Mesa.

Bien por falta de los apoyos necesarios, en el caso de las iniciativas impulsadas por el Gobierno y los partidos que lo componen, o bien en un intento de frenar cualquier propuesta impulsada por los populares, PSOE y Sumar suelen echar mano de su mayoría en la Mesa para prorrogar, semana tras semana, los plazos para que los partidos presenten enmiendas. En la práctica, este mecanismo sirve para bloquear la tramitación de cualquier iniciativa legislativa que a los partidos del Gobierno no les interese y ha sido la práctica habitual desde que no existen las mayorías absolutas.

El PP denunció esta táctica en la pasada legislatura, cuando un proyecto de ley derivado de un real decreto con medidas para hacer frente a la pandemia alcanzó las 71 prórrogas del plazo de enmiendas, pese a tramitarse por la vía de urgencia. El TC ha dado la razón a los populares al considerar "vulnerado el derecho de los diputados recurrentes a ejercer sus funciones representativas". Así, sentencia que se "obstruyó la tramitación del procedimiento legislativo al hacer un uso indebido de su facultar de acordar la prórroga del plazo para presentar enmiendas [...] sin motivación específica".

Las implicaciones

Fuentes parlamentarias de la Mesa del Congreso aseguran que esperarán a leer la sentencia en profundidad, de la que solo conocen una nota informativa, y que esperarán a conocer también el criterio de los letrados de la Cámara Baja. No obstante, admiten que el fallo del Tribunal Constitucional podría cambiar las dinámicas parlamentarias por completo. Por lo pronto, siempre que un real decreto se convalidan en el Congreso, los partidos votan después a favor de tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia, aunque estén en contra del mismo. Esta práctica, ya adoptada como costumbre, permitiría hacer cambias a futuro en el texto.

Sin embargo, la realidad es que todos estos proyectos de ley derivados de reales decretos acaban olvidados. Actualmente, hay 29 iniciativas de este tipo en trámite de enmiendas. El primer real decreto que se aprobó en 2024, relativo a la prohibición de desahuciar a familias vulnerables, acumula 66 plazos de enmiendas, muy cerca de la cifra afeada por el Tribunal Constitucional. Así, la doctrina del TC obligaría a la Mesa del Congreso a, como poco, justificar mejor las ampliaciones, cuando no a evitar este tipo de estrategias.

Esto podría echar por tierra las dinámicas negociadoras del Ejecutivo. En múltiples ocasiones, el Gobierno ha ofrecido a sus socios hacer cambios en los reales decretos una vez son convalidados a cambio de su voto favorable. Esto nunca ocurre y la Mesa acaba bloqueando la tramitación. Con el aviso del TC, este ofrecimiento podría ser más caro de hacer, ya que la iniciativa debería ser tramitada antes o después para no vulnerar los derechos de los diputados.

Otros ámbitos

Con el fallo del TC dándoles la razón, los populares también amplían este criterio al resto de iniciativas legislativas, con las que pasa tres cuartas partes de lo mismo. Las proposiciones de ley del PP impulsadas en el Congreso o en el Senado -más de 50- acumulan, de media, un año en plazo de enmiendas. "No pueden seguir bloqueándonos e impidiendo que se aprueben leyes en España solo porque el Gobierno está en minoría", denunció el pasado martes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, pese a que la sentencia solo hace referencia a la tramitación de los reales decretos.

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