Los ministros del Gobierno salen en tromba contra el pacto PP-Vox en Extremadura: "Pone los pelos de punta"

Los miembros del Gobierno salen en tromba contra el acuerdo sellado por PP y Vox en Extremadura para investir a María Guardiola. Después de que Pedro Sánchez advirtiera la ofensiva judicial del Gobierno contra las leyes autonómicas que se materialicen de ese acuerdo, el resto de ministros han continuado sus críticas, llegando a equipararlo con la Comunidad Valenciana, donde un pacto de este tipo "costó vidas". Este mismo sábado han sido tres dirigentes quienes se han referido al documento; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; la vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Energética, Sara Aagesen, y la ministra de Ciencia, Diana Morant.

En la cumbre de líderes de Barcelona, la también líder del PSPV advirtió que el acuerdo "pone los pelos de punta", advirtiendo de que "eso ya lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, y costó vidas, porque el negacionismo cuesta vidas”, señaló Morant, vinculando directamente la muerte de las 226 víctimas de la DANA en Valencia a la presencia de Vox en el Gobierno valenciano. “Hay mucha evidencia de que si no hubiésemos tenido ese Consell negacionista decidiendo en aquellas horas trágicas en que se tomaron tan malas decisiones, como que no se protegió la ciudadanía y no se envió aquel mensaje de alerta temprana para que la gente se pudiera defender y se pudiera proteger, muy probablemente no estaríamos lamentando las 230 muertes”.

La vicepresidenta Aagesen tachó de "lamentable" el acuerdo, al considerar que supone "estar contra la Agenda Verde". "Es una mentira, una barbaridad, nos desprotege", defendió la dirigente sobre el documento firmado, también desde la cumbre de Barcelona. Además, reclamó que la UE siga apostando por la Agenda Verde ante las "guerras fósiles" de Ucrania e Irán, y pidió reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

También el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se pronunció sobre este asunto, admitiendo sentir "pena" por la situación de Extremadura, asegurando que el acuerdo supone un "retroceso económico y social" que va a "aislar" a la comunidad del resto del mundo, frente a la tendencia mundial de "romper barreras".

Este goteo de pronunciamientos por parte de ministros ha sido incesante desde que salió a la luz el acuerdo este jueves. Este mismo viernes el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se pronunció durante la cumbre de líderes y avanzó la ofensiva en los tribunales del Gobierno y su disposición a recurrir "con toda la fuerza del Estado" las leyes autonómicas que salgan de ese acuerdo. Además, consideró que el pacto "traiciona" y "cuestiona los derechos" de los extremeños. Unas palabras que han rebelado al PP, que este sábado ha reprochado al presidente sus "amenazas" y ha cuestionado si recurrirá a la fuerza, evocando las movilizaciones de rodea el Congreso durante la investidura de Mariano Rajoy, en la última legislatura gobernada por el PP.

Goteo de ministros

Este viernes, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también anticipó una oleada de recursos en caso de que consideren que se vulnera la ley. "Vamos a llevar a los tribunales y en particular al Tribunal Constitucional todo lo que sea discriminatorio y todo lo que sean recortes de derechos", defendió, en una entrevista en La Sexta, donde también advirtió que declarar la cruz de los Caídos de Cáceres como bien de interés cultural, como se incluye el pacto, es "absolutamente contrario a la Ley de Memoria Democrática que está en vigor desde el año 2022". Así, recalcó que el Gobierno llevará a los tribunales todo aquello que sea contrario a la Ley y a la Constitución: "Iremos a los tribunales ordinarios y también al Tribunal Constitucional cuando sea necesario". Además, insistió en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a ser la "garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria ni en materia de memoria".

También desde el Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez cargaron contra el acuerdo al considerar "racistas y xenófobos" los criterios de acceso a la vivienda, después de que PP y Vox incluyeran en su acuerdo que el alquiler social y el acceso a la vivienda protegida estarían basadas en un "principio de prioridad nacional" y valoración "positiva" para "los perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda". Fuentes del Ministerio de Vivienda lamentaban que "una vez más" la derecha y a la extrema derecha ponen el foco en problemas "que no son reales" y han asegurado que en Extremadura el problema "es la despoblación, no la migración".

Las críticas también llegaron del ala de Sumar. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura de “racista y prevaricador” y sostuvo que demostró que “en el PP han ganado las tesis de extrema derecha, abiertamente xenófobas y contrarias a los derechos humanos”. Además, afirmó que el pacto era “contrario a la ley” en lo relativo a la acogida de menores migrantes no acompañados y advirtió de que el Ejecutivo extremeño “tendrá que cumplirla”, “como han tenido que hacer todos los gobiernos autonómicos”. Asimismo, aseguró que las medidas previstas eran “papel mojado” y tachó de “bochornoso” que el PP “compre gobiernos a cambio de criminalizar a niños y niñas que llegan solos al país”, concluyendo que “están rebasando todos los límites”.

La titular de Sanidad, Mónica García, también avanzó que el Gobierno llevaría a los tribunales cualquier intento de “desmantelar” la sanidad pública universal tras el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y afirmó que “el Gobierno de España estará vigilante para que no haya ni el más mínimo atisbo de desmantelamiento de la universalidad de nuestra sanidad”, subrayando que “la sanidad pública no se toca” y que la defenderían “con uñas y dientes frente al racismo que el PP ha decidido normalizar”.

Suscríbete para seguir leyendo