Hacienda excluirá las referencias a la ordinalidad en la reforma de la financiación que llevará al Consejo de Ministros

Ordinalidad sí, pero solo ‘de facto’. El texto del anteproyecto que el ministerio de Hacienda aprobará en el Consejo de Ministros en un plazo previsto de dos meses para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) no plasmará el concepto de ordinalidad. Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero confirman que el reconocimiento de la ordinalidad pactada con ERC no aparecerá en la redacción de la ley, aunque aseguran que el diseño del nuevo modelo de financiación “le dará continuidad”. Esto es, que garantizará en el tiempo que al ser la comunidad catalana la tercera en aportar recursos a la caja común será también la tercera en recibir.

El Gobierno está haciendo equilibrios para cumplir el acuerdo con los republicanos, sin desautorizar a lo que viene trasladando en público Oriol Junqueras, y tratar de limar asperezas dentro del propio PSOE. En la resolución del PSOE del último congreso federal ya se evitó incluir el principio de ordinalidad, quedando relegado al preámbulo, en la parte expositiva de la enmienda sobre financiación autonómica.

La ordinalidad ha sido históricamente un elemento de confrontación dentro del PSOE y una línea roja para algunas federaciones socialistas. La propia Montero apuntaba tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno se quedó solo con Catalunya en la defensa de la nueva financiación, que “este sistema no tiene principio de ordinalidad”. “La ordinalidad que contiene este modelo es la misma que tenía el modelo de financiación que abandonamos”, argumentaba para replicar ante las críticas que “está hecha con los mismos parámetros”.

Se cumple para Catalunya, dicen, pero por una cuestión metodológica. “Casi por casualidad”, tratan defender en el Ejecutivo para concluir que la tendencia general es que “lo que más sube o baja una comunidad” en el 'ranking' “son dos posiciones”. En Hacienda ponen el foco en que la tendencia a la ordinalidad no debe ser un problema para quienes se oponen aduciendo que el nuevo sistema iguala al alza. En definitiva, que reduce la brecha de desigualdad entre las comunidades.

Como con la condonación de la deuda, el Gobierno ha introducido la opción de la voluntariedad a modo de presión a las comunidades. Las que quieran podrán acogerse, optando al aumento de recursos generalizado de casi 21.000 millones de euros, o quedarse con el antiguo. Una dicotomía ante la que fuentes de Hacienda ironizan que están dispuestas a apostar por el hecho de “todas firmarán” y que “están con los dedos cruzados para que se apruebe”. Si sale adelante la reforma, cada comunidad deberá adherirse o no a través de un convenio.

Andalucía y la Comunitat Valenciana, explican las mismas fuentes, son las que anticipan que tendrán más complicado justificar su rechazo. En términos absolutos, Andalucía es la que más recursos recibiría, con 4.846 millones de euros, mientras que la Comunitat Valenciana sería la tercera (3.669 millones), por detrás de Catalunya (4.686 millones). En el Ejecutivo se muestran especialmente dolidos por la beligerancia de la socialista Castilla-La Mancha, que recibiría 1.240 millones más.

El escollo de Junts

La pretensión del Gobierno es aprobar la reforma de la financiación en segunda vuelta en el mes de junio, para poder llevarla al Congreso antes de que remate el actual periodo de sesiones. El principal escollo para su tramitación parlamentaria es Junts, que ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad. Lo hará con un texto alternativo, para defender su propuesta sobre el cupo, no de devolución, por lo que el Ejecutivo calcula que salvará este primer trámite. Esto que, que tendrá los votos suficientes para arrancar su tramitación parlamentaria porque la oposición no se sumaría al texto de los posconvergentes.

Un margen al que se agarran junto a la presión que supondría cargar con la responsabilidad de tumbar un amento de recursos para Catalunya. De ahí que confíen en que, con el tiempo, los posconvergentes transiten hacia posiciones más pragmáticas, pudiendo llegar a facilitar su aprobación con una abstención.

En el Gobierno también tienen grandes expectativas en que el hipotético regreso de Carles Puigdemont, ante la posibilidad de que le aplique la amnistía en los próximos meses, abriría “un nuevo entorno para Junts”. Una ventana de oportunidad para acercar posiciones y, por tanto, para poder sacar adelante la reforma de la financiación autonómica en esta legislatura. “Si el sistema no se reforma ahora”, advertía Montero este jueves en los pasillos del Senado tras participar en el pleno, las comunidades autónomas "no van a contar con un nuevo modelo de financiación en los próximos cinco o diez años, y esto es una un drama para los servicios públicos".

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