Investigación
La investigación judicial a la trama del PP de Almería se amplía a más empresas: "Había una dinámica de adjudicaciones fraudulentas"
La UCO interviene los dispositivos móviles de representantes de hasta siete empresas con contratos con la Diputación Provincial cuando era presidente Javier Aureliano García

El ex presidente de Diputación de Almería, Javier Aureliano García. / EP
Javier Alonso
La causa judicial abierta a los exdirigentes del PP de Almería y de la Diputación que comenzó con un contrato sanitario de mascarillas en plena pandemia sigue ampliándose. Tras los avances realizados por la investigación de la UCO el juzgado ya constata que durante años hubo "una dinámica de funcionamiento que habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública".
Esta conclusión viene recogida en un nuevo auto del Tribunal de Instancia de Almería en el que autoriza el volcado de los dispositivos móviles requisados a seis personas investigadas que están vinculadas a siete empresas con las que la Diputación había firmado contratos que están siendo objeto de investigación ya que hay indicios de que pudo haber pagos de comisiones o adjudicaciones irregulares.
"Esta práctica se habría desarrollado sobre la base de una estructura conformada por dos planos. En primer lugar, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado beneficiándose también económica y personalmente. Y por otro lado una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella como adjudicatarios de los contratos o propiciando que otros lo hicieran todo ello bajo la dirección de los responsables públicos", recoge el auto que señala específicamente al expresidente del PP de Almería y de la Diputación, ya dimitido, Javier Aureliano García, o al que fuera uno de sus vicepresidentes Óscar Liria.
Pulconal y Oyc Servicios Urbanos
Las investigaciones de esta trama de contratos públicos arrancaron con las grabaciones y la investigación realizada por el expediente del contrato del caso mascarillas. Pero pronto llevaron a dos empresas. Por un lado, Pulconal vinculada al que fuera vicepresidente de la Diputación, Óscar Liria: "Es una sociedad adquirida en 2016 por personas interpuestas por Óscar con la finalidad de ser adjudicataria de contratos públicos y obtener un rédito económico valiéndose de las capacidades de Óscar (...) Centraba su actividad en la Diputación de Almería y no en la puesta en funcionamiento de una sociedad constructora desde el punto de vista ordinario del sector".
En segundo lugar, Oyc Servicios Urbanos S.L, vinculada al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. Según la investigación policial fue adjudicataria de "de forma fraudulenta" de contratos públicos por importe de 1.126.573 euros de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de Fines.
"Tanto en Pulconal como en Oyc Servicios Urbanos se aprecia una actividad ficticia y simulada siendo la realidad el desarrollo de una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos aprovechando las capacidades de Óscar Liria y Rodrigo Sánchez (...) Esto implica que la adjudicación del contrato de material sanitario no fue un hecho aislado sino una oportunidad generada en el seno de este sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos", resume el auto judicial.
Más empresas investigadas
La investigación a la trama, por tanto, se ha ido extendiendo incorporando también como otro de los protagonistas a Clemente González, jefe de apoyo técnico y maquinaria de la Diputación quien, de acuerdo con el auto, "actuó en convivencia con Óscar Liria para seleccionar o invitar a determinadas empresas e incluso indicarles la oferta que debían realizar en dichos procedimientos con la finalidad de obtener un beneficio económico ilícito".
De ahí que el listado de empresarios investigados se amplía. Concretamente, el juez ha incorporado a Albaida Infraestructuras S.A, Talleres y Grúas González S.L., Construcciones Nila S.L., Mayfra Obras y Servicios S.L. y García Construcción Sostenible. Sus administradores están incorporados a la causa como investigados y se están ya analizando sus dispositivos móviles.
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