Investigaciones que cercan al Gobierno, la Kitchen a juicio, sentencia de los Pujol...: la corrupción centra la actividad judicial de 2026

Si durante los dos últimos años la actividad más mediática en los tribunales españoles se ha centrado en investigaciones con fuerte impacto para el Gobierno de Pedro Sánchez --el caso Koldo-Ábalos-Cerdán y los procedimientos abiertos contra su esposa y su hermano-- el 2026 será el que verá llegar a juicio al menos parte de estos procedimientos, a los que se suman nuevos casos por corrupción recién iniciados que permanecen bajo secreto y que auguran unos meses convulsos.

También para el PP, al llegar a juicio la pieza más potente del caso Villarejo, la que sentará en el banquillo a un exministro de Interior de Rajoy por el espionaje al que fuera tesorero de la formación Luis Bárcenas. Igualmente, está previsto que este 2026 se conozca la sentencia contra el clan Pujol y que se avance en el procedimiento que mantiene imputado al que fuera ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro.

Fuera del ámbito de las investigaciones por corrupción, está pendiente aclarar el futuro del Tribunal Constitucional, pendiente de renovar a cuatro de sus magistrados --entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido--, conocer las primeras decisiones de la nueva fiscal general, Teresa Peramato --entre ellas las que pueden afectar disciplinariamente a su predecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por revelación de datos reservados-- y la puesta en marcha de una verdadera revolución en la organización de la justicia con la implantación de los tribunales de instancia desde este mismo 1 de enero.

Tribunal Supremo

El Alto Tribunal continúa desarrollando instrucciones penales que afectan a aforados y, una vez sentenciado el último fiscal general, Álvaro García Ortiz, el foco se centra en las decisiones de Leopoldo Puente, que instruye la trama que comenzó indagando en los contratos para adquirir mascarillas en Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos y ha acabado generando una investigación que ha hecho caer --y entrar durante cinco meses en prisión-- al que fuera secretario de organización del PSOE Santos Cerdán por una supuesta trama de amaños en la contratación de obra pública.

La primera parte, relativa al pelotazo por adjudicaciones de material sanitario en plena pandemia y el 'enchufe' de mujeres próximas a Ábalos en empresas públicas ya se ha mandado a juicio y se espera señalar fecha para las sesiones del mismo antes de la próxima primavera.

Revisan la prisión

Ábalos y el que fuer su asesor Koldo García han pasado la Navidad en prisión tras su ingreso en situación preventiva el pasado 27 de noviembre, y hay fijada una vista el próximo día 15 para estudiar si se les excarcela. Mientras tanto, el juez Puente avanza en la pieza separada, en espera de nuevos informes de la UCO sobre el patrimonio de Cerdán y el material incautado en varias empresas de su socio Antxon Alonso y en entidades que podrían haberse beneficiado de las adjudicaciones irregulares como Acciona.

En el Supremo también se investiga al eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Luis Pérez Fernández 'Alvise' en cuatro procedimientos diferentes. Se le ha imputado por supuesta financiación irregular procedente de una empresa de criptomonedas; por difundir una PCR falsa del actual president de la Generalitat, Salvador Illa; por acosar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia y por presunto acoso a dos eurodiputados de su grupo, que están citados para declarar el próximo día 19.

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional también concentrará una intensa actividad instructora en los próximos meses, residenciada sobre todo en dos de sus juzgados. El juez Ismael Moreno sigue avanzando en el caso Koldo --la parte que atañe a posibles responsabilidades de excargos intermedios en Transportes, como fueron Isabel Pardo de Vera--, a lo que se añade una pieza separada que indaga los pagos en metálico realizados por el PSOE para compensar gastos adelantados por sus exdirigentes. Se indagan en secreto los realizados entre 2017 y 2024 que incluyen entre sus beneficiarios al propio presidente del Gobierno.

El juez Santiago Pedraz instruye otras dos causas clave. Por un lado, mantiene imputado al comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, junto a sus socios por un fraude millonario de IVA en compraventa de hidrocarburos, una causa que ha terminado salpicando también a Ábalos tras un informe de la UCO que apunta al cobro de dádivas a cambio de gestiones en Industria y Transición Ecológica para la obtención del permiso que precisaba la empresa Villafuel.

Hidrocarburos y SEPI

Esta parte de las pesquisas se reactivará los días 28, 29 y 30 de enero con las citaciones de los exjefes de Gabinete de Ribera y Maroto, a los que se suman el propio Aldama de nuevo y empresarios del sector como Carmen Pano y su hija, empresa compró el chalet en Cádiz disfrutó el exministo.

Mientras tanto, Pedraz investiga en secreto una trama paralela a la de Koldo -aunque comparta como imputado al socio de Cerdán, Antxon Alonso- que indaga también en supuestas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones que este empresario habría diseñado junto a la exmilitante socialista Leire Díez (que cuenta con otra causa en los juzgados ordinarios de Madrid) y el que fuera vicepresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero. Todos ellos fueron detenidos el pasado 11 de diciembre y salieron en libertad, pero sus cuentas y activos permanecen bloqueados.

También está prevista este año la celebración de destacados juicios en la Audiencia Nacional, entre los que destaca la continuación del que comenzó el pasado noviembre contra el clan Pujol --que incluye al patriarca y expresident de la Generalitat Jordi Pujol--, que tiene previsto reiniciarse el 12 de enero y cuyas sesiones están prevista hasta mediados de mayo, tras lo cual se espera conocer sentencia.

Elisa Pinto y Dina

También el 12 de enero está previsto el inicio del juicio contra el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo por el acoso sufrido por la doctora Elisa Pinto; a los que seguirá el 2 de febrero el arranque de las sesiones del caso Mercasa (empresa pública de Mercados Centrales de Abastecimientos), que juzga a casi una veintena de personas por supuestos sobornos pagados en Angola. Villarejo volverá a sentarse en el banquillo el 16 de marzo, junto con dos periodistas, por el denominado caso Dina, que juzga recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en determinados medios.

Pero el juicio más destacado de los previstos en el órgano central para este año es el que desde el 6 de abril sentará en el banquillo de nuevo a Villarejo, pero esta vez junto a la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy encabezada por el que fue su ministro Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Se han fijado sesiones para juzgar el denominado caso Kitchen hasta el 28 de mayo para juzgar el espionaje al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y a su familia con el fin de torpedear la investigación de la trama de corrupción Gürtel que salpicó al PP.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional --que no pertenece al poder judicial, pero revisa algunas de sus decisiones-- comienza el año con una renovación clave que parece abocada a un largo bloqueo por la inexistencia de acuerdo entre el PSOE y el PP en un año marcado por tensiones electorales. Los magistrados Cándido Conde-Pumpido (presidente del órgano), María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías concluyeron su mandato el pasado 17 de diciembre --entraron en el órgano, debido a otro retraso en su día para designarles, en marzo del 2017--, y aunque el ministro Félix Bolaños ha realizado un llamamiento para sustituirles no parece que vaya a haber respuesta en los próximos meses, lo que paradójicamente alargará la 'era Pumpido' que tanto critican los de Núñez Feijóo.

Entre sus primeras decisiones al comenzar el año, el órgano de garantías tiene pendiente resolver sobre nombramientos de la que fuera fiscal general Dolores Delgado que fueron revertidos por el Tribunal Supremo, como fue el del fiscal de Sala de Menores Eduardo Esteban; mientras que otros de la relevancia de los amparos solicitados por Carles Puigdemont y otros condenados por el 'procés' por la no aplicación de la Amnistía esperarán a las decisiones que sobre esta ley tiene previsto dictar la justicia europea. En el listado de pendientes también está el recurso contra la Ley Trans, que despierta discrepancias incluso en el seno del bloque progresista.

Investigaciones a Begoña Gómez, Plus Ultra, Leire y el novio de Ayuso

El juez de Madrid Juan Carlos Peinado continúa con su instrucción contra la esposa de Pedro Sánchez, a la que imputa cinco delitos de corrupción por actividades principalmente relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés. Peinado se jubila el próximo septiembre y ya ha previsto que este asunto se sustente ante un tribunal del jurado, pero aún tiene pendiente recibir varios informes de la UCO relacionados con el delito de malversación que imputa a Begoña Gómez por el uso privado de su asistente en Moncloa.

La exmilitante Leire Díez también tiene abierta una causa en los Juzgados ordinarios, concretamente en el de instrucción número 9 de Madrid --por integrar un presunto complot junto al empresario Javier Pérez Dolset contra la propia Guardia Civil y fiscales Anticorrupción-- en la que se escucharán como testigos al los excargos socialistas Santos Cerdán y Antonio Hernando el próximo 2 de febrero. Recientemente, el Juzgado de Instrucción número 15 acogió una nueva instrucción (en secreto) sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra que apunta presuntas responsabilidades de, entre otros, un empresario muy cercano al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Mientras tanto, el juicio por fraude fiscal, falsedad documental y organización criminal contra Alberto Gómez Amador, pareja de la presidenta madrileña, tendrá que esperar previsiblemente hasta 2027 dado el atasco en los juzgados de lo Penal de Madrid, si bien el Juzgado de Instrucción número 19 seguirá avanzando este año en una segunda causa contra el empresario, que es la que trata de esclarecer si utilizó una sociedad interpuesta para ocultar comisiones irregulares e ingresos procedentes de Quirón.

Otro juicio que puede que no llegue a celebrarse es el del exportavoz de Sumar Iñigo Errejón por supuesta agresión sexual a la actriz Elisa Mouliaá, pendiente de que la Audiencia archive o no la causa a instancias de la propia Fiscalía. Y entre otras causas que avanzan muy lentamente, la que mantiene abierta la jueza número 4 de Majadahonda contra el expresidente de la RFEF Luis Rubiales por irregularidades en la gestión de esta entidad deportiva.

Casos Montoro, hermano de Sánchez y dana en Valencia

Otros órganos tienen encima de la mesa procedimientos que generarán importantes titulares a lo largo de este año, como es el de Instrucción número 2 de Tarragona, que instruye una causa contra un despacho de abogados que mantiene imputado al que fuera ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y varios ex altos cargos de Hacienda en tiempos del PP, a los que se acusa de integrar una trama para influir reformas legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de dinero. La causa se instruyó durante 7 años en secreto y aún está pendiente llamar a los investigados a declarar, en el caso de que la Audiencia no atienda sus recursos para archivar la causa.

El 28 de mayo comenzará el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno por prevaricación y tráfico de influencias para la obtención de un puesto de directivo en la Diputación de Badajoz que también mantiene implicado al que fuera presidente de este órgano y candidato en las recientes elecciones autonómicas en Extremadura Miguel Ángel Gallardo. En el otro extremo del país, la jueza Nuria Ruiz Tobarra sigue adelante con su instrucción por las muertes y daños de la dana de finales de octubre de 2024 en Valencia, que cerca la la gestión del expresidente Carlos Mazón.

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