Las promesas olvidadas de Yolanda Díaz en el ecuador de legislatura: del viaje a Palestina a volver a presentar la reducción de jornada

Yolanda Díaz cumple dos años como líder del ala minoritaria del Gobierno. El ecuador de legislatura coincide con un punto de inflexión, marcado por la crisis entre socios de coalición a raíz de los casos de corrupción, y que Sumar pide resolver con medidas sociales. El desánimo cunde por momentos en sus filas y claman por impulsar medidas que llevan meses encima de la mesa. El desaliento, con tintes de desesperación, cunde desde hace unas semanas y contrasta con la primera parte de la legislatura, donde la vicepresidenta segunda del Gobierno no dudaba en hacer anuncios y lanzar promesas a los españoles. Una hoja de servicios que en algunos casos no fue más allá del titular.

Uno de los grandes anuncios que hizo Díaz se remonta a febrero de 2024, cuando el segundo Gobierno de coalición apenas había echado a andar y cuatro meses después de los atentados del 7 de octubre de Hamás contra Israel, que abrió después una ofensiva militar en la franja de Gaza. La vicepresidenta segunda avanzó entonces que estaba preparando un viaje a Palestina que se iba a desarrollar en las semanas siguientes.

Aseguró Díaz que había recibido la invitación de su homólogo palestino y la había aceptado. Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, negó que su Departamento estuviera preparando un viaje de tales características. El Ministerio de Díaz se reafirmó en su intención de llevar a cabo el viaje, desafiando a Moncloa. "Este mes cerraremos la fecha [del viaje] y voy a contar con la colaboración y apoyo del Ministerio de Exteriores de nuestro país. Si no contamos con ese apoyo, pues iremos igual", dijo la vicepresidenta en abril de 2024. A día de hoy, casi dos años después, tal viaje no se ha producido.

Entre el anuncio y el eslogan

Algunas de las promesas más sonadas de Yolanda Díaz sin embargo han tenido que ver con medidas de Gobierno, por las que lanzaba anuncios y daba por hecho lo que sólo eran aspiraciones políticas. Una política de titulares que ha generado cierta confusión en distintos momentos de la legislatura. El 24 de mayo de 2024 durante una sesión de control y en sede parlamentaria, Yolanda Díaz anunció que iban a subir el IPREM, el índice de referencia que determina el umbral de ingresos para acceder a ayudas, subvenciones y beneficios sociales.

Un indicador clave para paliar la desigualdad que es de 600 euros al mes, una cifra que sin embargo no se ha aumentado desde el año 2023, pese al anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. "Vamos a seguir reduciendo la desigualdad, vamos a subir el IPREM y vamos a tener más tarde o más temprano una prestación por hijo a cargo universal de 200 euros", proclamó desde la bancada azul en el Congreso.

El anuncio de una prestación universal por crianza, con la ayuda de 200 euros a las familias con menores de edad hasta que cumplan 18 años, ha sido también una medida recurrente que el ala de Sumar ha dado como algo definitivo cuando no se ha aprobado en el seno del Gobierno. Esta circunstancia ha generado cierta confusión social, haciendo creer que la medida ya estaba en marcha; tanto es así que una de las búsquedas más recurrentes en Google sobre este asunto se refiere a cómo "solicitar" esta ayuda, algo imposible a día de hoy, puesto que de momento sólo forma parte del ideario político del Gobierno.

En mayo de 2024, en una entrevista en RNE, Díaz volvió a insistir en que la medida se iba a aprobar. Aseguró que ella misma iniciaría las conversaciones con el PSOE en el mes de junio para incluirla en Presupuestos de 2025. Esas cuentas nunca llegaron a presentarse. La confusión sobre la ayuda de 200 euros por hijo aumentó aún más el pasado 18 de noviembre, cuando la medida se incluyó la declaración institucional no vinculante aprobada por el Consejo de Ministros, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Una declaración de intenciones, de nuevo, sin traducción material.

El fiasco de la reducción de jornada

Abundan también las medidas de su departamento, el Ministerio de Trabajo. En febrero de 2024, la vicepresidenta anunció que iba a extender la Ley Ryder a las empleadas del hogar y a la ayuda a domicilio, en un foro organizado por eldiario.es. Con esta medida, Díaz aseguraba que iban a transponer la directiva aprobada ese año en la Unión Europea, con el objetivo de evitar el fraude laboral y prevenirlo mediante "transparencia algorítmica" en las plataformas específicas. “Ya tenemos directiva y ahora continuamos nuestro trabajo”, defendió entonces. Casi dos años después, la medida está en un cajón. El plazo para trasponer la directiva europea termina en diciembre de 2026.

Sin embargo, una de las medidas más sonadas de la ministra de Trabajo fue su proyecto estrella, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La norma, que viene siendo anunciada desde comienzos de legislatura, fue negociada durante meses, llevó a un pulso entre PSOE y Sumar dentro del Gobierno y finalmente el Congreso la tumbó en septiembre por el rechazo de PP, Vox y Junts.

Ya desde días antes de su caída, Yolanda Díaz advirtió que la volvería a llevar al Congreso si no salía adelante. "Con lo que pase, lo volveremos a llevar. Mi paciencia es infinita, llevo casi dos años", aseguró. Una declaración de intenciones que va camino de cumplir cuatro meses sin que haya indicio alguno de que vaya a cumplirse.

Después del varapalo de la reducción de jornada, Yolanda Díaz buscó nuevos hitos y pocos días después se lanzó a anunciar que reformaría el despido -una promesa que lleva haciendo desde el inicio de legislatura y al que se comprometió con la UE-. Así, abrió una ronda de contactos para abordar este asunto. También aseguró que aprobaría la ampliación de permisos por fallecimiento a diez días, que es a día de hoy la promesa más reciente.

“En estos días, con carácter inmediato, la norma se hará pública, la conocerán ustedes. Ya estamos en conversaciones con los agentes sociales", defendió Díaz el pasado 14 de octubre. El Ministerio de Trabajo cerró un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT el pasado 15 de diciembre para esta ampliación, aunque lo cierto es que el ala socialista del Gobierno no ha bendecido públicamente el asunto y tampoco están claros los apoyos que necesitaría en el Congreso para su aprobación final.

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