Anticorrupción advierte a las defensas de que los Mossos están legitimados para investigar junto a la UCO el caso Montoro

La fiscal del caso Montoro, Carmen García Cerdá, es expresamente contundente en la defensa de la actuación de los Mossos d'Esquadra en la investigación sobre presunto cohecho, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, entre otros delitos, por la que está imputado el exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro, según el escrito presentado en el juzgado de Tarragona que instruye la causa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, y en el que contesta a los recursos interpuestos por los abogados que representan a las 28 personas encausadas.

La acusación pública sostiene que los Mossos están legitimados, tal y como marca la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Estatut de autonomía, para intervenir como policía judicial, lo que les permite "ejercer la investigación criminal, que no se pone en duda," y actuar fuera de Catalunya "en colaboración de la Guardia Civil", como así ha ocurrido" cuando las diligencias de investigación se llevaron a cabo en Madrid". Es decir, cuando hubo requerimientos al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tributos para que aportaran correos electrónicos.

La defensa de los imputados cuestionan la intervención de los Mossos, a los que el juez de Tarragona Rubén Rus Vela les encargó, junto con la Guardia Civil, la investigación. Los letrados critican el hecho de que la policía de la Generalitat realizasen una "concreción de indicios" sobre la posible comisión de nuevos delitos para informar al magistrado del hallazgo "casual" de una serie de correos electrónicos que apuntan el presunto tráfico de influencias en torno a las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2006 y del que dice haberse desligado en 2012. La fiscal recalca que la información que proporcionaba esta documentación intervenida no se tramitó "como hallazgo casual, ni se desglosó de la causa principal, sino que simplemente se aportó un testimonio por su interés".

De Rato a Monedero

EL PERIÓDICO viene publicando desde hace meses detalles de esta investigación relacionados con documentación y correos electrónicos remitidos al correo del exministro del PP que fueron incautados en el desarrollo de estas investigaciones, y en los que se hacía referencia a la situación fiscal de distintas personas, como la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, el exministro Rodrigo Rato, el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero o la familia del expresidente catalán Jordi Pujol. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, frenó el intento de la fiscal del caso para ampliar las investigaciones iniciales a lo señalado en estos 'mails', pero ella se opuso y realizó algunas consultas, lo que le terminó costando una sanción disciplinaria. En las diligencias judiciales, según ha podido comprobar este diario, figuran algunos de esos correos electrónicos hallados de forma causal.

La fiscal reseña que los informes elaborados por los Mossos d'Esquadra y la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria en la Fiscalía Anticorrupción "constatan la indiciaria existencia de una organización, los pagos efectuados por las empresas gasísticas a Equipo Económico previos a cada actuación administrativa de favor" y la elaboración del reglamento de la ley de impuestos especiales "a la carta", eliminando ciertos requisitos.

Para el Ministerio Público, la competencia para investigar este asunto corresponde al juez de Tarragona, pues las empresas gasísticas investigadas tenían su sede en esta localidad y las "actuaciones graves de corrupción" se realizaron desde esta población. Además, puntualiza que el delito más grave sería la malversación y no el cohecho, ya que la "distracción de fondos públicos se habría cometido en territorio catalán y, específicamente, entre otros, en el municipio de Tarragona.

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