Las claves del nuevo guiño de Sánchez a Junts: de las ayudas a propietarios por impago a las balanzas fiscales

Pedro Sánchez ha asumido en primera persona los “incumplimientos” y “retrasos” respecto a los compromisos adquiridos con Junts y que han precipitado la ruptura de las relaciones dejando la legislatura en el alambre. Un ‘mea culpa’ que el presidente del Gobierno ha entonado este martes durante una ronda de entrevistas en RAC1 y la La 2 Cat, la emisión catalana de RTVE, para asegurar a los de Carles Puigdemont que su intención es materializar la lista de compromisos pendientes. Como muestra, un decreto económico con medidas exigidas por Junts que se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

Otras medidas de carácter ejecutivo se llevarán a próximas reuniones del Consejo de Ministros, según se ha comprometido el jefe del Ejecutivo, mientras que a nivel parlamentario ha avanzado que se trabaja con los grupos para llegar a acuerdos en iniciativas presentas por los posconvergentes. Unos nuevos guiños a Junts que dan cuenta de que, lejos de tirar la toalla, el Gobierno intenta reconducir la relación con los posconvergentes. Este movimiento coincide también con la reunión que mantuvo Alberto Núñez Feijóo la pasada semana con representantes de los empresarios catalanes, a quienes pidió su intermediación para el apoyo de Junts a una moción de censura. 

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un decreto ley con algunas de las exigencias que ha venido reclamando Junts, además de la patronal catalana. La principal tiene que ver con el aumento del margen fiscal para gastos no corrientes de ayuntamientos y entes locales. Se trata de facilitar y flexibilizar las inversiones financieramente sostenibles para que tanto alcaldes como presidentes de Diputación puedan hacer uso de su superávit y destinar nuevas partidas a la construcción de vivienda o la gestión de agua. Una medida que el jefe del Ejecutivo ha tildado de positiva para los ayuntamientos catalanes, “pero también para los del conjunto del Estado”.

Otra de las medidas que incluirá el decreto tiene que ver con la ampliación del plazo para impulsar y promover la digitalización de los procesos de facturación, como habían reclamado también los empresarios catalanes. Con ello, se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas.

El jefe del Ejecutivo se ha comprometido también a aprobar una partida económica que se destinará a ayudar a los propietarios de vivienda ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables. El Gobierno ya pactó a principios de este año un seguro de impago con Junts para compensar a los caseros hasta la recuperación de sus inmuebles, pero en las últimas semanas los posconvergentes habían criticado la falta de financiación.

La partida se aprobará vía real decreto, por lo que no necesitará convalidación en el Congreso. De forma paralela, Junts sigue presionando por desbloquear su propuesta de ley frente a las ocupaciones.

El Gobierno está negociando con los distintos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo que permita tramitar la ley de Junts contra la multirreincidencia. Esta medida ya fue desbloqueada recientemente, tras más de diez meses varada en la comisión de Justicia. Ahora, según el jefe del Ejecutivo, “se está avanzando mucho y muy bien”. Se trata de una carpeta crucial para los de Puigdemont, incluida en su lista de agravios con la que justificó la ruptura con el Gobierno, ante la necesidad de erigirse con la bandera de la seguridad. Máxime, tras el avance de Aliança Catalana, que la última encuesta del CEO situó disputando la tercera posición a Junts.

El Ejecutivo ya aprobó hace ahora un año un plan de choque contra la multirreincidencia con la Generalitat y los socialistas defienden que “está funcionando bien”. Entre sus medidas se incluyeron más juzgados de refuerzo y una mejora de la aplicación práctica del Código Penal. 

La publicación de las balanzas fiscales es otro de los acuerdos que se ha comprometido a desatascar el presidente de Gobierno. Una metodología, sobre la que hay grandes diferencias con Hacienda, mediante la que se determina la diferencia entre lo que aportan las comunidades autónomas vía impuestos y los que reciben en forma de prestaciones, inversiones y transferencias. Se trata de un compromiso del Gobierno adquirido en el arranque de la legislatura a cambio de que Junts no bloquease el primer paquete de decretos del Gobierno. Los independentistas hablan de un déficit fiscal “crónico” que merma la inversión y capacidad de gasto de la Generalitat.

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