La UCO concluye que el 75% de los beneficios de la empresa atribuida a Santos Cerdán procede del 2% que pagaba Acciona por obra

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que el 75,33% de los beneficios de la empresa Servinabar, cuya titularidad atribuye en casi la mitad al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, se corresponde con el 2% que había acordado que Acciona le pagara por obra adjudicada, según el último informe aportado a la causa que se instruye en el Tribunal Supremo por el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los agentes afirman que la empresa administrada por Joseba Antxon Alonso tiene como "principal fuente de financiación a Acciona Construcción". "En cuanto a las posteriores salidas de fondos de la mercantil navarra, y teniendo en cuenta el contrato privado de compraventa de participaciones mediante el cual Santos Cerdán adquirió en el año 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar, se ha observado que tanto este como su entorno familiar habrían resultado beneficiarios de una parte del patrimonio de la mercantil".

Servicios por el 2%

El informe explica que por las obras de cuya adjudicación se sospecha "se habrían derivado presuntos pagos" al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García que "habrían sido gestionados por Santos" Cerdán. Ello obedecía a la existencia de "una operativa común mediante la cual Acciona Construcción y Servinabar firmaron un Memorándum de Entendimiento ante el inicio del expediente" de estas obras en concreto, por el que rubricaban "un contrato de prestación de servicios una vez la licitación era otorgada a Acciona Construcción", mediante el que "Servinabar obtenía el 2% neto del importe de adjudicación".

Esos beneficios, según apunta el informe, habrían repercutido en la propia familia de Cerdán, concretamente en su mujer, Francisca Muñoz -que fue contratada por Noran, la cooperativa en cuya creación participó el propio Koldo junto con Antxon Alonso en 2015-, lo que le supone entre marzo y julio de 2018 un total de 9.500 euros. Servinabar es "el principal origen de los fondos de la cooperativa".

Los agentes sitúan también a la hermana del exdirigente del PSOE, Belén Cerdán. La UCO apunta que entre febrero de 2020 y junio de 2020 recibió de Servinabar un total de 22.324 euros. Además, a partir de junio de 2020 la hermana del que fuera secretario de Organización de este partido pasó a ser contratada por la cooperativa Erkolan -una de las entidades registrada el pasado viernes en San Sebastián, junto a Nolan-, de la que dice que "se habría encargado del abono de su nómina hasta al menos mayo de 2025, percibiendo en el mismo periodo dicha cooperativa un total de 367.290 euros de Servinabar". Del mismo modo, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, "fue contratado por Servinabar entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, siendo perceptor de un total de 53.130 euros".

Vivienda y tarjeta de crédito

Continuando con las presuntas contraprestaciones percibidas por Cerdán y su entorno familiar, el informe detalla que la empresa Servinabar también habría asumido el arrendamiento de un inmueble en la calle Cardenal Cisneros de Madrid, entre noviembre de 2017 y julio de 2018, por un importe de 7.200 euros a favor del político. También abonó el alquiler de su vivienda en Hilarión Eslava entre agosto de 2018 y noviembre de 2019 por 44.645 euros y se hizo cargo de la adquisición del mobiliario para dicho inmueble por valor de, al menos, 7.849 euros.

Además, la familia de Cerdán habría hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar, cuyo último pago fue efectuado el día antes de la detención de Koldo García en febrero de 2024. A lo largo de tres años, "se han localizado pagos que por sus características y localización del establecimiento que realizó el cargo pudieran imputarse a Santos Cerdán o su entorno familiar" por algo más de 33.575 euros. Los agentes señalan que la vía de investigación sobre el patrimonio del político navarro sigue abierta, porque aún quedan diligencias pendientes. Con sus resultados se realizará un nuevo informe patrimonial.

El informe detalla la relación, tanto mercantil como económica, mantenida desde 2015 entre las sociedades Acciona Construcción y Servinabar, iniciada con la Mina-Muga. Los agentes señalan que se habría materializado principalmente a través de uno de los últimos imputados por el magistrado, el ex CEO de Acciona Justo Vicente Pelegrini -fuera de la constructora desde junio-, Antxon Alonso y Santos Cerdán, con la participación de otros directivos, los también imputados Tomás Olarte y Sanz y Manuel José García Alconchel, citados ante el juez el próximo 3 de diciembre. La compañía ha acordado la "suspensión cautelar" de funciones de ambos. Con ellos colaboraba el ex responsable de Acciona en Navarra Fernando Merino, que ya declaró en esa condición ante el juez Puente.

El acuerdo de colaboración entre ambas entidades fue firmado entre Pelegrini y Antxon Alonso "escasos días después de la constitución de Servinabar". En él "convenían explotar futuras oportunidades de negocio a través de la delegación en Acciona Construcción de promociones inmobiliarias a las que accediese Servinabar, la constitución de UTEs para la común concurrencia а diferentes proyectos, así como la subcontratación de los servicios" de la empresa navarra cuando Acciona fuera adjudicataria.

Según los investigadores, "durante la etapa ministerial en la que Ábalos estuvo al frente" del Ministerio de Transportes, Cerdán, Antxon y Pelegrini "mantuvieron diferentes encuentros, de los que se destacan las medidas de seguridad empleadas en los mismos, como el apagado de los teléfonos móviles durante las reuniones, el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar una mayor privacidad y anonimato, el mantenimiento de al menos una reunión en un inmueble alquilado por Servinabar y la comunicación mediante anotaciones manuscritas mostradas en pantalla durante videoconferencias".

Cinco obras

Los encuentros tuvieron lugar en junio de 2019 "en un contexto temporal en el que las adjudicaciones relativas a Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat se encontraban en proceso de licitación, resultando Acciona Construcciones adjudicataria de las mismas meses después".

En otro momento del informe los investigadores afirman haber podido identificar cinco licitaciones otorgadas a Acciona Construcción de las que, según Koldo, se habría originado una deuda con él y Ábalos, que "debería ser satisfecha a través de Santos Cerdán, por valor de, al menos, 1.070.000 euros", de los que se habrían "cobrado, al menos, 620.000 euros". El monto de la deuda aparece en el último audio hallado en los dispositivos de Koldo.

Los agentes cifran en 450.000 los euros pendientes de abono asociados a las tres adjudicaciones de junio de 2019; 550.000 por dos obras en Murcia, y 70.000 que no se asocian a ningún expediente en concreto.

En un comunicado, Acciona Construcción recuerda que "de entre las más de 30.000 empresas colaboradoras y/o proveedoras del grupo, mantuvo relaciones comerciales entre los años 2015 a 2025 con la empresa Servinabar 2000 en diversos proyectos de construcción y obra civil ejecutados en España, directamente y/o en UTEs. La facturación agregada de esos proyectos durante esos diez años ascendió a 5,7 millones" de euros. Recuerda que en junio acordaron la "resolución de todos los contratos y los acuerdos de asociación vigentes con Servinabar 2000 S.L."

Antxon ha cobrado desde las cuentas de la mercantil cuya titularidad, según la UCO, comparte con Cerdán, un total de 404.600, en concepto de nómina entre marzo de 2016 y el mismo mes de 2025. Ello sumado a un préstamo para una ampliación de capital que recibió en 2017 asciende a un total 420.850. Los agentes destacan que le iba haciendo transferencias a su esposa por un valor 422.550 euros. Entre 2015 y 2018 Koldo cobró de Servinabar un total de 5.100 euros en cinco pagos.

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