El Gobierno anuncia el procedimiento para ilegalizar otras cuatro fundaciones franquistas

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes en el Congreso el inicio de las actuaciones previas para la extinción de la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.

En una comparecencia en el Congreso para informar de los retos de su departamento en el ecuador de la legislatura, Urtasun ha señalado que "un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva, no debe eludir el respeto a la víctimas del franquismoy debe exigir, en todo momento, verdad y reparación".

En una comparecencia en el Congreso para informar de los retos de su departamento en el ecuador de la legislatura, Urtasun ha señalado que "un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva y la desintegre, no debe eludir el respeto a las víctimas del franquismo y debe exigir, en todo momento, verdad, reparación y justicia".

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco, que se encuentra en fase de alegaciones tras iniciar en 2024 las actuaciones previas para su extinción.

Urtasun ha recordado que el Ministerio de Cultura ya inició el procedimiento previo para la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco por "su apología en el ensalzamiento de la dictadura y desprecio y humillación de las víctimas del franquismo", contraviniendo la ley de la Memoria Democrática y su actividad actual

Por eso, ha dicho, el 31 de octubre se dio un paso "decisivo en este proceso" y se notificó a la fundación que lleva el nombre del dictador el inicio del procedimiento ante la justicia española, con un plazo de alegaciones que expira el 24 de noviembre.

Urtasun ha señalado que "la memoria impide que el pasado pase y arroja luz sobre el presente. La memoria es un deber cívico y ético de toda administración y gobierno y un deber supremo para quienes sufrieron la muerte y la represión por la dictadura".

Y ha recordado que en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura fue el primero en crear en el plazo de un año un inventario de bienes incautados durante la guerra y la inmediata posguerra, que se ha puesto a disposición de la ciudadanía en un portal web.

También ha informado de que se han documentado más de 6.695 piezas en museos estatales de gestión directa, se ha actualizado el censo de archivos de España e Iberoamérica con las incautaciones y se ha digitalizado la información custodiada en archivos estatales y el archivo de la guerra.

Fruto de esta "ingente tarea", ha dicho, se han devuelto varios cuadros a la familia del que fuera alcalde de Madrid, Pedro Rico, nunca reintegrados por el franquismo a sus legítimos propietarios, y un cuadro de Giner de los Ríos niño que ahora está en manos de la familia.

Urtasun ha añadido que el compromiso de su Ministerio con la memoria es un "eje transversal de las políticas ministeriales y atañe a todas las competencias del Ministerio".