El Gobierno encalla en su plan legislativo de 2025 sin avances en una decena de iniciativas clave

Pedro Sánchez encara la recta final del año con el plan normativo de este curso a medio gas y numerosas leyes prioritarias sin haber pasado todavía por el Consejo de Ministros. Más allá del principal proyecto, el de los Presupuestos Generales del Estado que en Hacienda no garantizan poder presentarlo antes del parón navideño, se acumulan las iniciativas señeras pendientes de aprobar por el Ejecutivo. De diversos ministerios, tanto de PSOE como de Sumar.

Estas van desde las reformas clave del plan de regeneración democrática, como la de la ley publicidad institucional para cortar la financiación pública de lo que denominan “pseudomedios” y de la ley de financiación de los partidos políticos, a desarrollos pendientes de la ley de memoria democrática; la ley de democracia en la empresa; la ley de juventud para la reducción de la edad de voto a los 16 años; la ley de profesiones del deporte; la ley de ‘antiprivatización’ de gestión pública del Sistema Nacional de Salud o decretos como los previstos para las nuevas regulaciones del sistema de acogida de menores y de la publicidad de alimentos y bebidas dirigidas al público infantil.

En Moncloa minimizan el bloqueo anunciado por Junts tras evitar esta semana con su apoyo la prórroga de las nucleares y tratan de abstraer la actividad del Ejecutivo de los ritmos y coyuntural del legislativo. De ahí que rechacen una revisión del plan anual normativo. Su pretensión, según trasladan fuentes gubernamentales, pasa por intentar desencallar la mayoría de iniciativas posibles del plan y mantener intacta la hoja de ruta normativa, aun reconociendo que no en todos los casos podrán hacerlo en tiempo y forma.

La nueva ley de ordenación del deporte, por ejemplo, ya se ha descartado llevar a Consejo de Ministros a corto plazo. Según fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría se está en “fase de negociación todavía con partidos políticos y las asociaciones de profesionales”. La reforma para endurecer la ley de financiación de partidos se ha visto condicionada por el ‘caso Koldo’ y la investigación abierta por la Audiencia Nacional a las cuentas del PSOE. Su objetivo se centraba en “reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada”, con el foco puesto sobre Vox, tanto por sus donaciones como por la financiación recibida a través del banco húngaro Magyar Bank Holding (MBH).

Otra cuestión es la tramitación parlamentaria, cada vez más compleja y menguante. Los socialistas buscan adaptarse a la nueva realidad decretada por los posconvergentes para encajar iniciativas con menos riesgos de ser tumbadas. Su tesis es que, pese a romper negociaciones, no abrazarán el rupturismo y evitarán rechazar medidas que les puedan acarrear un coste electoral en Catalunya. Con el mes de enero inhábil y las elecciones previstas en Castilla y León y Andalucía en marzo y junio, respectivamente, tampoco se vislumbra una elevaba producción legislativa.

Proyectos para marcar perfil

Como con el proyecto de Presupuestos, la aprobación de leyes en primera vuelta en el Consejo de Ministros permite al Ejecutivo marcar perfil y exhibir programa, independientemente de su recorrido posterior. En materia laboral, la ley de democracia en las empresas que pretende promover Yolanda Díaz para “el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” es una declaración de intenciones hacia el mundo sindical.

Pese a la falta de consenso con la patronal y otros grupos políticos, que como Junts ya se opusieron la reducción de jornada, la intención es sacarla adelante. Se hará además recogiendo el informe del grupo de expertos creado con el mandato de desarrollar la norma. La fecha de entrega de sus propuestas estaba prevista para el pasado mes de septiembre.

Sin consenso tampoco con las comunidades autónomas, como escenificaron en la última Conferencia Sectorial de Infancia sumándose Euskadi a las gobernadas por el PP, se busca avanzar en el plan del Gobierno sobre los centros tutelados tras ponerse en marcha los mecanismos para la reubicación en la Península de los menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. El objetivo de este decreto es fijar unos criterios comunes y reducir las ratios, priorizando las casas de acogida. Las alegaciones contra el plan del Ejecutivo de las comunidades van desde la “invasión competencial” hasta al impacto sobre “la sostenibilidad del sistema de protección”, pasando por el impacto económico.

Diferencias en el seno de la coalición

Frente a ello, en el departamento que lidera Sira Rego alegan que "es una competencia del Gobierno aprobar este reglamento". "Lo vamos a aprobar porque creemos que es fundamental, necesitamos mejorar el sistema de protección de menores", avanzó la ministra tras la última reunión con las comunidades. El ministerio de Juventud e Infancia presiona asimismo a la parte socialista para aprobar “en breve” en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley del ramo, en cuyo borrador se ha incluido la ampliación del sufragio a los 16 años.

El texto ya se ha trasladado a otros ministerios para que puedan presentar objeciones y realicen sus aportaciones. La pelota ahora está principalmente en el ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños, al estar esta norma sujeta a evaluación por su incidencia relevante sobre los derechos y libertades constitucionales. 

Más voluntad existe para avanzar en el desarrollo de la ley de memoria democrática. En el próximo Consejo de Ministros está previsto aprobar el real decreto que regula el catálogo de bienes franquista para acelerar su retirada. Otro decreto pendiente del plan normativo fijado para este año es el relativo a las compensaciones económicas a los partidos políticos por los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Por el momento se ha realizado el trámite de consulta pública previa y desde la secretaría de Estado de Memoria de Democrática se limitaban a apuntar que "se está redactando el texto".

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