Hacienda convoca el lunes a las autonomías para abordar la financiación y los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha citado a todas las comunidades el próximo lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para empezar a detallar un nuevo modelo de financiación autonómica y para fijar las condiciones para los Presupuestos Generales del Estado. En la cita, que arrancará a las doce del mediodía en Madrid, la ministra María Jesús Montero presentará la senda fiscal propuesta por el Gobierno, que es el paso previo para la elaboración de las cuentas públicas y, según consta en el orden del día de la reunión, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se ha añadido un último punto –el número seis- para abordar “el estado de la situación de la reforma del sistema de financiación autonómica”.

La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez es empezar a trazar las líneas maestras del nuevo sistema con el que Catalunya aspira a lograr una financiación singular, cuyo método el Ejecutivo hace extensible a las autonomías que lo soliciten. Fuentes conocedoras del estado de las negociaciones apuntan que se abrirá el debate, con una ronda para atender a las reclamaciones de cada territorio, pero que no se presentará todavía un plan formal. El movimiento de Hacienda llega después de que ERC, como avanzó este diario, decidiera posponer hasta 2026 el debate y la votación de la proposición de ley registrada en septiembre en el Congreso para que Catalunya recaude íntegramente el IRPF. El partido de Oriol Junqueras expresó con este gesto su voluntad de atender una petición del PSC, que siempre ha defendido que, antes de abordar la gestión de los impuestos, es necesario definir el modelo de financiación. La principal incógnita del nuevo sistema es si respetará el principio de ordinalidad —es decir, que las autonomías reciban según lo que aportan—, un factor imprescindible para los republicanos, así como en cuánto se incrementarán los recursos destinados a cada comunidad.

De la documentación enviada a los gobiernos autonómicos, también se desprende que la intención de Hacienda de cara a la nueva propuesta de margen de déficit, que antes de aprobarla en el Consejo de Ministros se debe plantear a las comunidades, pasa por ofrecer “más recursos a las comunidades autónomas”. Tras este trámite, cuente o no con el apoyo de las que están gobernadas por el PP, se llevará al Consejo de Ministros y posteriormente al Congreso. Un camino que no será fácil, porque Junts ya ha avanzado su rechazo, lo que implica que deberá someterse hasta en dos ocasiones a votación. En caso de persistir el voto negativo del Congreso, se desechará la propuesta del Ejecutivo y las cuentas públicas se elaborarán con la actual senda fiscal. En el Gobierno minimizan las consecuencias e, incluso, reconocen que beneficiaría a la Administración General del Estado.

La formación de Carles Puigdemont ha avanzado asimismo su rechazo a los Presupuestos, pese a lo que el Gobierno mantiene la intención de presentarlos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a insistir este miércoles durante su comparencia en el Congreso en alargar la legislatura hasta 2027. “Con o sin presupuestos”, aseguró ya el pasado viernes tras confirmar Junts su intención de bloquear las normas del Gobierno. En el proyecto de Presupuestos se pretende multiplicar la inversión en vivienda y servicios públicos para fortalecer el Estado de bienestar, en contraposición a las privatizaciones que Sánchez ha denunciado en las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Aunque los tumbe el Congreso, las cuentas servirían al Ejecutivo para exhibir su proyecto.

Procedimiento presupuestario

La aprobación de la senda de objetivos de déficit y deuda 2026-2028 para cada uno de los diferentes niveles de la administración pública (Estado, Seguridad Social, autonomías y corporaciones locales) constituye el trámite previo para poder avanzar en la elaboración del proyecto de Presupuestos del Estado para 2026. Según el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo 2025-2028 que el Gobierno pactó con la Comisión Europea a finales de 2024, el déficit total del país el año que viene tendría que bajar al 2,1%, lo que está por ver es el reparto entre administraciones. El Gobierno tiene mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con lo que su propuesta saldrá adelante aunque la rechacen las autonomías gobernadas por el PP. Una vez superado ese trámite, el Consejo de Ministros podrá aprobar dicha senda fiscal y el límite de gasto no financiero (conocido como 'techo de gasto').

Los objetivos de estabilidad presupuestaria pasarán después al Congreso, donde se tendrán que votar (no así el 'techo de gasto'). Si son rechazados en una primera ocasión, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe presentar por segunda vez una nueva o la misma senda en el plazo de un mes. En caso de un segundo rechazo, la ley establece que los proyectos de Presupuestos de las diferentes administraciones deben confeccionarse sobre la base de los objetivos vigentes. Es precisamente lo que sucedió el año pasado, cuando Junts sumó sus votos negativos a los de PP y Vox.

Más exigente

Cada una de las administraciones públicas, así, tuvo que confeccionar sus cuentas anuales sobre la base de los objetivos fiscales previos, que eran más exigentes para las autonomías y ayuntamientos de los que promovió el Gobierno. Dada la actual situación parlamentaria, es posible que vuelva a suceder este año. La senda vigente establece un objetivo de déficit del 2,5% para el año que viene y es particularmente generosa con la Administración Central del Estado, para la que fija el 2,8% en 2025 y 2026 (el Ejecutivo propuso reducirla al 2,2% en el presente ejercicio, el 1,8% en 2026 y el 1,5% en 2027). Para las comunidades autónomas, es de un superávit del 0,1% en 2025 y 2026 (Hacienda la quería suavizar a un déficit del 0,1% hasta 2027). Y en el caso de las corporaciones locales, establece un superávit del 0,1% y el 0,2% (frente a la propuesta rechazada de equilibrio fiscal).

El Gobierno no ha logrado aún aprobar ninguna nueva ley de Presupuestos del Estado en la actual legislatura. Los últimos aprobados fueron los del ejercicio 2023 y son los que se han prorrogado ya dos veces, para 2024 y 2025. El reparto de los objetivos de déficit y deuda y la aprobación de la regla de gasto para el año próximo debían haber sido aprobados antes del 30 de junio (según el plazo establecido en la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera). Estos pasos previos son imprescindibles para poder cumplir otro plazo legal: el que obliga a Estado, autonomías y corporaciones locales a aprobar su correspondiente techo de gasto presupuestario para el año siguiente antes del 1 de agosto. El Gobierno, además, debería haber remitido a las Cortes el proyecto de cuentas, según fija la ley general presupuestaria, antes del 30 de septiembre.

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