Proyecto de ley del Gobierno
GAL, 23-F, entrada en la OTAN… los secretos de Estado que podrán seguir siéndolo pese a la reforma del Gobierno
Felipe González se despide de Rafael Vera y José Barrionuevo, dirigentes del Ministerio del Interior, antes de su entrada en prisión por el caso GAL. / Barriopedro EFE
Una apreciación subjetiva, sin baremo cerrado para determinar o argumentar gravedad o urgencia, seguirá siendo la condición para que la opinión pública pueda o no conocer secretos del franquismo y de la transición; será la excusa que pueda poner el Ejecutivo para continuar tapando como secretos de Estado cuestiones que considere cruciales o peligrosas para la seguridad nacional o para la defensa.
La polémica que los detalles filtrados del proyecto de Ley de Secretos sembraban entre veteranos de la Seguridad del Estado fue aminorando este lunes y este martes según se ha ido confirmando que la reforma que lanza el Ejecutivo contiene mecanismos de no desclasificación.
Un gobierno con la tapa de los secretos en la mano “podría liarla, y mucho en materias como la actuación de la Guardia Civil en el País Vasco y la Brigada Político Social de la Policía en toda España hasta 1980”, argumenta un exmiembro de las comisarías de Información de la Policía. “Se quedará en nada”, asegura un general de la Guardia Civil también fuera ya del servicio. No hay de hecho precedentes de estados que, con sus legislaciones democráticas de secretos oficiales, hayan procedido a desclasificaciones que dejen al aire flancos de su seguridad nacional.
Un documento desclasificado excepcionalmente. Escrito de una comisaría de Policía en 1965 sobre la ejecución de García Lorca / El Periódico
Tal como ha explicado este martes el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras la reunión del Consejo de Ministros, si la tramitación parlamentaria no se atranca, y entrando la nueva ley de secretos en vigor un año después de su publicación en el BOE, no se espera su activación en el Ordenamiento Jurídico antes de otoño de 2026. Si la ley pone el tope temporal de desclasificación en 45 años antes, el periodo que queda afectado es de 1981 hacia atrás.
Dentro de ese periodo hay muchas materias delicadas, algunas de las cuales podrían dar lugar a nuevos procesos judiciales: los precedentes de la guerra sucia contra ETA, los contactos de enviados del Estado con la banda terrorista, las investigaciones sobre conexiones del PNV y de servicios secretos extranjeros con ETA, la represión política de la Policía y la Guardia Civil, operaciones de la Seguridad del Estado contra el independentismo canario, las negociaciones para acoger bases militares norteamericanas, la entrada en la OTAN, actuaciones de los servicios secretos en torno a la monarquía y el rey Juan Carlos, la legalización del PCE, la investigación de la matanza de los abogados de Atocha, el asalto al Banco Central, el abandono del Sáhara, las negociaciones para el regreso de Josep Tarradellas y la reinstauración de la Generalitat de Catalunya, los preparativos del golpe de Estado del 23 F…
Estas son cinco de las principales materias que contienen secretos indestapables.
El coronel y ex espía Juan Alberto Perote y su abogado Jesús Santaella negociaron con información confidencial sobre los GAL / Sandra Ruiz del Árbol EFE
Tras uno más de las decenas de asesinatos anuales en la ETA de la época, el sepelio de la víctima, un guardia civil muy querido por sus compañeros en Guipúzcoa, se celebró en plenas algaradas de la izquierda abertzale en la misma localidad. La dotación de uno de los cuarteles del instituto armado en la zona, presa de la indignación, estaba por convocar a guardias de toda la línea, bajar a una de las localidades en las inmediaciones de Ordizia y hacer un castigo a sangre y fuego en busca de los autores del crimen. El mando tuvo que emplearse a fondo para recuperar el control.
El episodio se describió en informes disciplinarios de la época. En los convulsos años de la muerte de Franco y los gobiernos de la UCD, una buena parte de la historia quedó reflejada en actas y partes de comisarías y cuarteles de cuya existencia no se sabe nada a ciencia cierta.
Por entonces, una parte de la oficialidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaba por propinar golpes extrajudiciales a ETA. Puede que no quede material que desclasificar sobre la participación de funcionarios y altos cargos en la organización de grupos como ATE (Antiterrorismo ETA) y Batallón Vasco Español, prolegómenos de los GAL, que empezarían a matar de forma organizada en 1983.
Los asesinatos de la guerra sucia contra ETA -tan desconocidas como qué intentos de contacto con la banda pudo haber antes del proceso de Argel- tienen un 37% de casos sin resolver, según recuento reiterado del Gobierno Vasco. “En su mayoría pudieron ser casos de los que el propio Estado no tuvo conocimiento”, apuesta la mencionada fuente de la Guardia Civil, escéptica con la reforma del Gobierno. Los asesinatos prescriben en 20 años si no está iniciada causa.
El rey Juan Carlos se dirige al país en la noche del 23 de febrero de 1981. / El Periódico
De entrevistas con protagonistas de la época como el coronel Diego Camacho y el comandante Juan Rando han ido saliendo a lo largo de los años detalles llamativos de la implicación de mandos del CESID (entonces el servicio de inteligencia español, con oficiales procedentes del SECED franquista de Luis Carrero Blanco) en los preparativos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
El sumario del juicio militar no cubrió a fondo todas las implicaciones de la rama civil del golpe, aparentemente encabezada por el falangista Juan García Carrés, ni lo que de sus preparativos se sabía en cuarteles y unidades de información.
Quedó sin despejar el contenido de la maleta con la que huyó de España el capitán de la Guardia Civil Gil Sánchez Valiente. Según las fuentes consultadas, sí habría registro de informes de agentes dedicados a la vigilancia del golpismo, en una unidad anti involución que tomaría cuerpo después en el CESID, sobre preparativos para una represión posterior al golpe en caso de levantamientos en las calles. En la Operación Galaxia, intentona anterior, se contempló incluso la habilitación de un gran recinto deportivo como campo de concentración de detenidos, pero es otro asunto que no se puede documentar por estar bajo secreto documentos de la época.
No ocurre lo mismo con los crímenes de la dictadura, considerados de lesa humanidad, que no prescriben y que sí se han podido documentar. Este mismo martes, mientras el Consejo de Ministros preparaba la salida del titular de Presidencia a explicar el proyecto de ley, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha reclamado la digitalización de los documentos de la dictadura que sean desclasificados y la no restricción de acceso a secretos del franquismo sobre Juan Carlos de Borbón y la Iglesia.
A los investigadores les sigue costando llegar a documentación como, por ejemplo, dos sumarios clave de los últimos fusilamientos del franquismo, en septiembre de 1975. Último episodio: al historiador Gaizka Fernández Soldevilla, que va a publicar libro sobre aquel episodio, le ha sido negado el acceso argumentando… protección de datos.
Regreso de Josep Tarradellas a Barcelona, el 23 de octubre de 1977. / EFE/ARCHIVO
El icónico “Ja sóc aquí” del president Josep Tarradellas al regreso del exilio en octubre de 1977 es solo una conclusión, punta del iceberg de una negociación entre el Estado y la Generalitat exiliada que se prolongó durante más tiempo y con más extensiones de las hasta el momento conocidas. Hay extremos aún no documentados del todo.
Uno es pura rumorologìa -no podría ser otra cosa, a falta de documentación- sobre supuestos reflexiones e informes acerca de peligros para la unidad nacional de España redactados, supuestamente, por militares que posteriormente llegaron a la cúpula de los ejércitos.
El otro es la información que elevó el entonces teniente coronel Andrés Casinello Pérez de sus conversaciones como enviado para tratar con Tarradellas. Casinello fue jefe del servicio secreto franquista SECED y, después, del Servicio de Información de la Guardia Civil. Con el tiempo alcanzó a contar que de sus charlas con Tarradellas surgiò una estrecha amistad. Pero no se han desvelado las observaciones que sobre el president en el exilio hizo elevó en sus notas. Cassinello falleció el 20 de noviembre pasado.
El diplomático español Alonso Álvarez de Toledo hace entrega del documento de adhesión a la OTAN a Walter Stoessel, secretario de Estado de EEUU en 1982 / EFE
La España que negociaba su integración en la OTAN -cediendo en dejar fuera de su cobertura a Ceuta y Melilla- había acreditado antes ser un activo colaborador de la Alianza Atlántica en una operación secreta relacionada con la reacción a una invasión soviética de Europa: la red Gladio.
Supuestamente, la implicación de España en preparativos y acciones de esa red de lucha anticomunista se remontan a los años 60 y se prolongan bien entrados los 70 del pasado siglo.
Cómo se desarrolló ese precedente, qué valor tuvo en la negociación, y hasta qué punto los enviados de la UCD y después del PSOE fracasaron en que la OTAN garantizara cobertura para la totalidad del territorio español son hoy secretos de Estado. Los aspectos que tengan que ver con la defensa y la pongan en riesgo no se desclasificarán.
Permanece también en la sombra, o en medio de una nube de especulaciones, lo relativo al Proyecto Islero, con el que España quiso fabricar su propia bomba atómica y, sobre todo, las presiones y seducciones de EEUU que llevaron a la renuncia y archivo del programa, tras la aceptación por España de inspecciones internacionales de la OIEA el 1 de abril de 1981.
Participantes en la Marcha Verde para la toma del Sáhara por Marruecos, en nviembre de 1975. / EFE/ARCHIVO
Según testigos de la época, en octubre de 1975 la fragata Andalucía, tras pertrecharse en la península con misiles y embarcar a infantes de Marina, navegó en las cercanías de Canarias con planes de bombardeo, defensa antiaérea y apoyo a asaltos anfibios contra objetivos de Marruecos, que había iniciado la invasión del Sáhara Occidental.
Fue parte de un plan de guerra que nunca se ejecutó, pues la negociación del ministro español Antonio Carro el 9 de noviembre de 1975 con el rey Hassán II llevó a la retirada militar y el abandono de las provincias saharauis por parte de España sin previa autodeterminación de sus habitantes. Los detalles de ese plan, las áreas que atacaría España y cómo lo haría son un secreto militar cuya publicación podría afectar hoy a la defensa.
Antes del arriado de la bandera española en El Aaiún, antes de la negociación del ministro Carro, antes incluso de la Marcha Verde y de su inopinada logística -6.000 vehículos pesados (camiones y autobuses), 3.000 coches y furgonetas y agua y comida para 120.000 civiles y 50.000 militares marroquís...- tuvo lugar una negociación internacional para la concesión de explotaciones de las minas de fosfatos de Bu Craa, ricas en material esencial para la fabricación de fertilizantes.
Por qué el poder franquista optó por firmas alemanas en vez de estadounidenses, cómo influyó eso en la activación de la Marcha Verde y qué se habló de ello en los consejos de ministros y los estados mayores españoles de la época son secretos de muy poco probable desclasificación.
En esa época emitía comunicados radiados desde Argel el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPIAC), de cuya financiación por el gobierno de Argelia -y a su vez por Rusia- no había dudas. Tres años después, a su líder, Antonio Cubillo, lo acuchillaron en las calles de Argel. Sobre la participación de servicios secretos españoles en aquel atentado se han conocido las sospechas expresadas en una condena fallada en la Audiencia Nacional 25 años después. Cubillo falleció en diciembre de 2012. No se sabe qué puede haber en archivos del Estado acerca de ese atentado, ni seguramente se sabrá.
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