El Gobierno valenciano pide dinero para la dana a las autonomías tras ignorar estas al Ejecutivo central

Nueva llamada, y ya van dos, a la solidaridad de las comunidades autónomas para que arrimen el hombro y contribuyan a la reconstrucción de Valencia tras la dana. En este caso es la Generalitat valenciana la que asume en primera persona el intento de que los gobiernos regionales le cedan fondos europeos sin ejecutar para poder financiar las muchas obras pendientes así como la distribución de ayudas entre personas y empresas afectadas por la barrancada del 29 de octubre. Una iniciativa que ya puso en marcha el Gobierno central en diciembre pero que, como ha ido informando Levante-EMV, se ha ido posponiendo ante las "reticencias" de los territorios a responder a la petición de colaboración.

Así, según ha podido saber este diario, la Conselleria de Hacienda y Economía que dirige Ruth Merino, remitió el pasado 31 de enero cartas a todos los responsables de fondos europeos de los diferentes gobiernos autonómicos para solicitarles que destinen un 2 % de su asignación de fondos estructurales asignados a su comunidad para el periodo 2021-2027 y aumentar así el músculo financiero de la Generalitat a través de los Feder y el Fondo Social Europeo Plus.

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Una petición que, como recuerda Jesús Gual, secretario autonómico de Economía y firmante de las misivas, se suma a otra ya registrada ante el Ministerio de Hacienda para que ceda el 10 % de la asignación inicial de ese mismo período 2021-27, que asciende en total a 3.469 millones de euros. Esa décima parte serían por tanto unos 347 millones, que no computarían a efectos de las reglas de gasto.

"Cualquier aportación será más que bienvenida"

En el caso actual, ese 2 % que puedan ceder los territorios sí que tendrá efectos sobre la senda de estabilidad de la Generalitat, según se remarca en la carta. Este dinero estaría destinado "a financiar proyectos de reconstrucción, rehabilitación y mejora de las infraestructuras dañadas [por la dana], así como a apoyar a las empresas y familias afectadas".

El alto cargo de Hacienda pide "disculpas de antemano por el atrevimiento" que a su entender supone la petición y ruega a sus homólogos que "tengan a bien considerar ceder voluntariamente un importe adicional" a ese 10 % ya solicitado por el Consell a la ministra María Jesús Montero. Remarca además que no es preciso que alcance el 2 %: "Cualquier aportación será más que bienvenida".

El secretario autonómico incide al final del texto en que esta "muestra de apoyo entre comunidades autónomas es fundamental para superar juntos esta difícil situación y contribuir a la recuperación económica y social de las zonas afectadas" y se muestra "convencido" de que la "unión de fuerzas es la única manera de superar esta crisis".

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Sin respuesta al Gobierno

La Conselleria de Hacienda no ha respondido, a preguntas de este diario, sobre la acogida que ha tenido esta iniciativa entre las comunidades, la mayoría gobernadas por el PP al igual que la Generalitat. En todo caso, a nivel oficial no ha habido comunicación alguna al respecto pasados más de tres meses del envío de las cartas solicitando fondos europeos.

La experiencia previa con la iniciativa del Gobierno, muy similar a la activada poco después por la Generalitat, no invita al optimismo. Como adelantó este diario, el Ministerio de Hacienda planteó ya en diciembre a las comunidades la posibilidad de renunciar a fondos europeos no ejecutados y cederlos a la reconstrucción de Valencia. Una propuesta que se oficializó tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander.

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Pero pasados cuatro meses, a inicios de abril, sólo Canarias había respondido al "ejercicio de solidaridad colectiva" que planteó el Gobierno de Pedro Sánchez. Destinó unos 15 millones de euros, según desveló el presidente Fernando Clavijo, quien a su vez contrapuso su renuncia con el endurecimiento del discurso migratorio del president Carlos Mazón tras su pacto presupuestario con Vox y el rechazo de la Generalitat a acoger a parte de los menores migrantes ahora en Canarias.

Así las cosas, el ministerio de Montero optó entonces por ampliar el plazo, que finalizaba el 31 de marzo, en busca de nuevas adhesiones, de las que por ahora no se tiene noticia.