La Asociación de Fiscales cree que la reforma es una "operación de maquillaje" que no refuerza a la Fiscalía, sino al fiscal general

La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera fiscal, considera que la reforma de la Fiscalía que pretende aprobar este martes el Consejo de Ministros es "una operación más de maquillaje de cara al exterior" que no busca reforzar la institución, sino la figura del jefe del Ministerio Público, a quien --advierte-- se le otorga más poder sin suficientes contrapesos.

Así se ha pronunciado Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), en declaraciones a Europa Press después de que este martes se diera a conocer que el Consejo de Ministros aprobará una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) con el fin de "reforzar la independencia" de la Fiscalía y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa.

Dexeus considera que, de lo que ha podido leer sobre el anteproyecto del Gobierno, se trata de "una operación más de maquillaje de cara al exterior, que no refuerza a la institución como tal, sino a la figura del fiscal general del Estado". Y defiende que "no es una reforma de calado para el funcionamiento interno de los fiscales".

"Tiene muy pocas aspiraciones, muy poco ambiciosa esta reforma, muy decepcionante", sostiene Dexeus, al tiempo que incide en que no se modifica ni la estructura ni la organización interna de la Fiscalía.

La AF denuncia ausencia de contrapeso al Fiscal General

A su juicio, el texto "no crea verdaderos sistemas de contrapeso dentro de la institución ante el poder absoluto del fiscal general del Estado". "Se olvida al Consejo Fiscal, se le arrincona, en lugar de darle preponderancia o de darle relevancia atribuyéndole mayores funciones de contrapeso al poder del fiscal general del Estado", añade para luego incidir en que se "refuerza mucho" la figura del jefe del Ministerio Público y se "difuminan los controles al máximo".

Sobre la reforma que permite a la Junta de Fiscales de Sala imponer su criterio al del fiscal general si cuenta con mayoría cualificada de tres quintas partes, Dexeus incide en que dicho órgano "está ahora con sobrerrepresentación de la Unión Progresista de Fiscales", de la que era miembro el propio García Ortiz.

Ante el eventual cambio que dejará las investigaciones penales en manos de los fiscales, Dexeus afea que no se impulse un "sistema de discrepancia clara" ni se genere "un sistema de defensa, por así decirlo, del fiscal investigador o de verdaderas y reales garantías del fiscal investigador para llevar a cabo su labor".

La presidenta de la AF también se muestra preocupada ante el hecho de que los nombramientos discrecionales que antes proponía el fiscal general y aprobaba el Consejo de Ministros sean a partir de ahora competencia del jefe del Ministerio Público.

No obstante, reconoce que la reforma, "en algunos aspectos, se acerca o se aproxima a los estándares que vienen reclamando desde el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), desde la Comisión Europea", tanto en relación al mandato del fiscal general del Estado y como respecto a sus comunicaciones con el Gobierno.

La APIF cree que se blinda a García Ortiz

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) lamenta que el Gobierno no aprovechara esta ocasión para "iniciar los trámites para remover (cesar) al fiscal general del Estado por incumplimiento grave de sus funciones".

Cabe recordar que esta asociación ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga al actual jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.

Miguel Pallarés, de la APIF, sostiene en declaraciones a esta agencia de noticias que la reforma que impulsa ahora el Ejecutivo "blinda" al fiscal general en su cargo al no modificarse el Estatuto para incluir como causa de cese "inmediato" que sea investigado por el Tribunal Supremo. "El Gobierno pretende, con la reforma, dejar en su cargo a su actual fiscal general, para el caso de que pierda unas posibles elecciones generales", asegura.

Optimismo entre algunos jueces

Entre las asociaciones de jueces también han reaccionado al anteproyecto, por cuanto se considera el paso previo a que se implante el nuevos sistema que les arrebata la instrucción para dársela a los fiscales. Edmundo Rodríguez, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), celebra la reforma al recordar que ampliar el mandato del fiscal general para evitar que coincida con el del Gobierno que le nombra era "una petición constante" del GRECO y "se ha atendido de forma razonable".

Asimismo, destaca que el hecho de que se fije que las comunicaciones entre Fiscalía y Gobierno deban ser siempre por escrito "aporta transparencia", asunto que considera "esencial para la imagen de ambas instituciones".

Rodríguez asegura las reformas impulsadas "otorgan una mayor autonomía a la Fiscalía", lo que a su juicio resulta "fundamental ante la perspectiva de un inminente cambio en la forma de enjuiciar, pasando a un proceso acusatorio y abandonado la actual visión inquisitiva de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)". Y sostiene que el nuevo proceso penal que deja las investigaciones penales en manos de los fiscales "exigía estos cambios".

Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), indica a Europa Press que ve con buenos ojos la reforma al Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal, toda vez que considera que es un paso "absolutamente indispensable" si se pretende dejar las investigaciones penales en manos de los fiscales y que es una recomendación reiterada de las instituciones europeas "desde hace años".

No obstante, Oliva manifiesta que le resulta "sorprendente" que el Gobierno impulse "ahora" esta reforma, ya que el secretario de Estado de Justicia les trasladó en su última reunión que primero impulsarían la reforma de la Ley de Enjuiciamento Criminal (LECrim) y luego modificarían el Estatuto. Según incide el portavoz, desde la AJFV insistieron en ese momento en la necesidad de reformar primero el EOMF.

Mayor autonomía pero sin independencia

Por su parte, tras leer las primeras informaciones sobre la reforma del EOMF, Fernando Portillo, de Foro Judicial Independiente (FJI), asegura a esta agencia de noticias que la iniciativa "parece" que "está en el buen camino".

"Es evidente que para pasar la instrucción de los delitos al Ministerio Fiscal son necesarias reformas de calado, al menos en el Estatuto Orgánico, que doten de mayor autonomía (ya que independencia no puede ser) a los fiscales", señala. Y, sobre este extremo, Portillo recuerda que en el actual Estatuto de la Fiscalía "prima la dependencia jerárquica por encima de la autonomía de funcionamiento".

Con todo, avisa de que aún "queda por ver" la redacción final del texto. "Porque, por ejemplo, parece que el fiscal general, que sigue nombrado por el Gobierno, acumulará ahora más competencias y eso puede perjudicar la autonomía funcional", apunta, para luego añadir que sospecha que --una vez que trascienda la redacción definitiva-- "no irá todo lo lejos que nos gustaría".

Aunque insiste en que "es una buena noticia que se den pasos en esa dirección", porque las reformas impulsadas suponen "una mejora respecto de lo que ahora hay", Portillo asegura que le cuesta creer que se realicen todos los cambios que considera necesarios. Y defiende que, a su juicio, "dar la instrucción a los fiscales tiene por fin controlar en mayor medida los procesos delicados, quitando de en medio a esos incómodos jueces independientes".