Fiscalía acude directamente a la Audiencia contra la última imputación en el caso Begoña: Peinado busca "sonoridad" sin pruebas

La Fiscalía ha acudido directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar como investigado a Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en Madrid, a quien atribuye un presunto delito de malversación en relación con el nombramiento de la asistente personal de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. En su escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el fiscal acusa al instructor de volver a adoptar "una decisión desde el juzgado con gran sonoridad, pero sin sustento fáctico" que no supone más que una imputación "cuasi automática" en razón del cargo que desempeñó en Moncloa.

El escrito, que se extiende a lo largo de 8 páginas, el fiscal incide en que acude a la vía del recurso directo "en consideración a la ausencia de respuesta real en cuanto al fondo a los recursos de reforma interpuestos con anterioridad, así como también en atención al evidente retraso en la resolución de los mismos".

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Sobre el fondo de la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41, apunta a que se pretende achacar a Martín Aguirre una presunta participación en un nombramiento --el de Cristina Álvarez- que tuvo lugar en julio de 2018, "por razón de un cargo que ha ostentado en el periodo 2021 a 2023". Es decir, cuando Martín Aguirre se convirtió en superior jerárquico de la asistente, ésta ya llevaba tres años en el cargo. Por ello considera que la querella presentada por Vox que asume en parte el juez Peinado "parte de hechos erróneos y no resulta coherente". 

La propia Álvarez fue imputada tras reconocer --en una primera comparecencia en calidad de testigo-- la autoría de los correos electrónicos en los que manifestaba a los responsables de Reale Seguros que a Begoña Gómez le "encantaría" que la aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que ésta codirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También aparecía como colaboradora de la cátedra en otras comunicaciones remitidas al centro universitario para gestionar el software utilizado, por lo que el juez apunta a un posible uso por parte de la esposa de Sánchez de su asistente para negocios personales.

Por ello, incide en que con respecto al actual delegado del Gobierno no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno y que "imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes" no resulta "asumible" para el Ministerio Público. En este punto señala San Baldomero que "no se trata de no investigar, sino de respetar las garantías previstas en el ordenamiento jurídico". 

A juicio de la fiscalía, un nombramiento como el de Álvarez "concebido y dirigido ad hoc y ab initio y en exclusiva para la actividad privada de un particular" sería indiciariamente subsumible en todo caso en una prevaricación administrativa, mientras que Peinado le ha imputado por el más grave de malversación de fondos públicos.

Además, afirma que "resulta chocante" e que se hable en el auto de un nombramiento en beneficio de las actividades privadas de Begoña Gómez. "El nombramiento no es para el ejercicio de actuaciones profesionales privadas, sino para el apoyo a la esposa del Presidente del Gobierno en distintas esferas de su vida, como viene siendo habitual en distintas administraciones y presidencias de diverso signo", insiste, para añadir que esta actividad de asistencia "se ha cumplido y desarrollado de forma efectiva y real".

"Irreal" hablar de enriquecimiento

Por otro lado, y vistas las retribuciones de Gómez en su cátedra de la Universidad Complutense de Madrid --la impartición de clases tenía un techo 15.000 euros anuales no cobró por codirigirla-- "hablar de negocios privados o enriquecimiento resulta irreal", afirma. Como lo es, afirma el fiscal, "pretender cuantificar el pretendido perjuicio a las arcas públicas". 

Por todo ello, concluye que el nombramiento de Álvarez fue "legítimo, legal y usual a lo largo de los años de democracia en España, en los que el cónyuge del presidente del gobierno siempre ha contado con un asistente", incluso dos en algunas ocasiones tal y como señaló el ministro Félix Bolaños durante su reciente declaración como testigo. Así, "ni el nombramiento se dirige a un auxilio para actividades profesionales privadas de Begoña Gómez ni la actuación de María Cristina Álvarez se ha centrado en ello, más allá de colaboraciones concretas y puntuales". 

Es por ello que la Fiscalía tiene la impresión de que la querella presentada por Vox contra el actual delegado del Gobierno en Madrid, presentada a finales de 2024 y ahora estimada por Peinado "aventuraba en ese momento una hipótesis, pero que a día de hoy no tiene soporte". Se presentó con datos y presunciones "que no se corresponden con otros que se han incorporado a la causa y que contribuyen aún más a la confusión alimentada por el hecho de haberse acudido a la interposición de querellas autónomas y buscarse la multiplicación".