Marchena arremete contra la "estrategia interesada de descalificación del poder político hacia los jueces"

Concha Yoldi García, presidenta de Persán, y Manuel Marchena Gómez, magistrado del Tribunal Supremo, han sido investidos este lunes como doctores Honoris Causa de la Universidad CEU Fernando III por su destacada trayectoria personal y profesional. A la ceremonia de investidura, que ha tenido lugar en el Aula Magna del Campus CEU Andalucía en Bormujos, han asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren, y la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero López, entre otras autoridades académicas, militares, eclesiásticas, empresariales y jurídicas, así como miembros del Patronato de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo y personalidades de la sociedad sevillana y andaluza.

Los grandes problemas de la justicia

Marchena, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo hasta el pasado diciembre, no ha querido dejar pasar una "celebración genuninamente académica" para reflexionar sobre grandes problemas de la administración de justicia. Aunque ha querido ser "muy prudente", defendiendo que "los jueces deben hablar por sus sentencias", su discurso ha tenido una profunda carga contra el poder político, exigiendo que "la confrontación se detenga en la puerta de los tribunales". El jurista ha llamado la atención sobre "la estratégica e interesada descalificación por el poder político" sobre los jueces, un asunto que ha considerado "daña la democracia y socava la convivencia".

Marchena ha defendido que los jueces pueden equivocarse y que "la crítica no sólo es legitima sino saludable para la convivencia democrática", sin embargo ha denostado el que considera que es "un mensaje destructivo" desde el poder político y ha advertido que "la sociedad no puede vivir sin confianza hacia sus jueces", arremetiendo contra la estrategia de "dividir a los jueces en función de frívolas etiquetas".

En su discurso, el jurista que enjuició el procés en Cataluña desde el Supremo, ha lamentado que los jueces en este país estén ya "expuestos de forma irreversible expuestos a la sospecha de parcialidad". "Los jueces no podemos seguir siendo vistos como amigos o enemigos de las formaciones políticas", ha sentenciado en su intervención. En su parte final ha confesado sentir "rubor" por proclamar "en un acto tan solemne un mensaje que debería formar parte hábitos democráticos sociedad española". No ha ocultado su "pesimismo" y ha sumado su "preocupacion" ante "otro fenómeno" en la producción normativa: cuando el legislador "aprueba leyes con nombres y apellidos se resiente otra de las notas de la democracia", ha finalizado en clara alusión a la ley de amnistía y al expresidente Carles Puigdemont.

Sobre su nombramiento, aseguró sentirse "especialmente satisfecho y honrado" ya que "la actividad de un juez se enriquece de una forma inigualable a través del contacto con el mundo universitario. El que este reconocimiento me lo otorgue la Universidad CEU Fernando III de Sevilla, refuerza las razones para la gratitud".