El Gobierno y Canarias ratifican el pacto para el reparto de menores migrantes a la espera de Abogacía del Estado y Junts

El Gobierno central y el canario siguen dando pasos para desbloquear el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas. Cumpliendo con el calendario previsto, se han incluido las recomendaciones de los servicios jurídicos en el texto para enviarlo a la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado con el fin de que decidan sobre la fórmula de tramitación más garantista. El presidente del Canarias, Fernando Clavijo, apuesta por hacerlo vía decreto, para acelerar los tiempos, mientras que el Gobierno entiende que, ante un probable recurso del PP, el proyecto de ley ofrece mayor garantía jurídica al abordar un asunto de competencias autonómicas.

Desde el Ejecutivo trasladan que hay consenso sobre los criterios y los fondos del Estado para la financiación, como ya manifestaron en su última reunión el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias. Sin embargo, advierten que, a la espera de la Abogacía del Estado, se deben armar también las mayorías parlamentarias. No será hasta que haya visos de tener los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso cuando se dé el paso de tramitar el pacto.

Clavijo dice no entender que un partido como el PP pueda "dejar tirada" a una parte de España con los menores migrantes

Descartado el apoyo del PP, tanto Clavijo como Torres miran a Junts. Todo ello en un contexto en el que las relaciones entre el Gobierno y los posconvergentes no pasan por su mejor momento, tras la decisión de Carles Puigdemont de suspender negociaciones para presionar sobre los compromisos incumplidos.

Aunque el presidente de Canarias demanda un decreto ley para la distribución extraordinaria de alrededor 4.000 menores migrantes, una vía más coyuntural y de urgencia, se muestra favorable a aceptar la fórmula que decidan los servicios jurídicos. El Ejecutivo también, aunque creen que casi con total probabilidad la decisión pasará por una reforma del artículo 35 de la ley de extranjería.

La tutela de menores es competencia de las comunidades autónomas, insisten. De ahí que alerten sobre el hecho de que alguna comunidad autónoma gobernada por los populares recurra al Tribunal Constitucional para paralizarla.

Antes del órdago de Junts, desde el Gobierno se negociaba con Junts “diversos asuntos” para conseguir su apoyo y sumarlos al bloque de investidura para sacar esta reforma adelante. Los posconvergentes votaron en contra de la reforma en el Congreso, junto a PP y Vox, el pasado mes de julio. Su apoyo, como ya manifestaron en su día, estaría condicionado a que hubiese una transferencia de las competencias “integrales” en inmigración.

Competencias en inmigración

Una cuestión que ahora es trascendental además para retomar las relaciones con los de Carles Puigdemont. En el Gobierno se muestran confiados porque siguen “hablando y negociando como siempre”. Hasta el punto de que un ministro socialista conocedor de las conversaciones apunta que el acuerdo está “maduro”. Eso sí, combinan la mano tendida con las líneas rojas que ya marcaron antes de final de año. Principalmente en lo que tiene que ver con el control de fronteras, tanto por el marco constitucional como de la propia Unión Europea.

No todo es delegable, insisten estas mismas fuentes en referencia al artículo 150.2 de la Constitución, con la pretensión de que Junts module su exigencia de un traspaso “integral”. Los socialistas ya pusieron sobre la mesa como solución intermedia que los Mossos asumiesen estas competencias junto a la Policía Nacional en puertos y aeropuertos.