Testigo clave
El juez del Supremo interroga a la fiscal que se enfrentó a García Ortiz para no desvelar datos personales del novio de Ayuso
Almudena Lastra aportó mensajes en la investigación inicial en el TSJ de Madrid que fueron determinantes para elevar la causa al Supremo contra el fiscal general

Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid / Europa Press
El magistrado Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado por una presunta revelación de secretos relacionada con el procedimiento por fraude a Hacienda que se instruye contra la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sigue adelante con el calendario de citaciones con las que busca reforzar los indicios contra Álvaro García Ortiz, al que ha llamado a declarar el próximo día 29.
Este jueves comparecen dos testigos clave para aclarar lo ocurrido en la noche del pasado 13 de marzo, cuando desde Fiscalía General se decidió reunir documentación y elaborar una nota de prensa que desmintiera la noticia sobre un posible pacto que podría evitar al empresario llegar a juicio y que desde el Ministerio Público se consideraba un "bulo".
Los llamados a declarar son la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto. Lastra, que en su día se opuso a la inclusión en la nota de determinados datos sobre el pacto propuesto por la defensa de Alberto González Amador, ya declaró el pasado 13 de junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde confirmó que fue García Ortiz quien ordenó publicar la nota de prensa en cuestión. En ese momento, el fiscal general ya había asumido la responsabilidad sobre la distribución del citado documento a los periodistas.
Lastra también aportó mensajes de WhatsApp que resultaron determinantes para que la causa inicialmente presentada contra Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía de Madrid, y el propio Salto --posteriormente exonerado--, escalara hasta el Tribunal Supremo. Algunos de ellos han sido incluidos por Hurtado en el duro auto en el que motivó la citación como investigado, por primera vez en nuestra democracia, de un fiscal general en ejercicio.
Así, el magistrado destaca en su resolución que a las 21.59 del pasado 13 de marzo García Ortiz recibió en su cuenta particular de gmail el correo en el que el abogado del empresario, Carlos Neira, reconocía que "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública". El citado documento le fue enviado por Rodríguez, que previamente lo había recibido de Julián Salto, y por ello la declaración de este último este jueves en el alto tribunal se considera esencial para cerrar el relato de lo ocurrido.
Hurtado se detiene en su auto en todos los datos que ha reunido sobre preparación de una nota de prensa "consensuada" entre el fiscal general y la jefa provincial que se traslada a Lastra, "al objeto de que sea esta Fiscalía quien se encargue de publicarla". Pero la fiscal superior "se niega a ello por no estar de acuerdo con su contenido".
"Hay que sacarla"
En este punto, el instructor de la causa considera significativos el WhatsApp que a las 09:25 horas envía García Ortiz a Lastra con el siguiente contenido: "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo". El mensaje del fiscal general continúa con lo que Hurtado considera que es un intento de "imponer su decisión": "Es imperativo sacarla".
Doce minutos más tarde (09:37 horas), García Ortiz insiste: "Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de la fiscalía es impecable y hay que defenderla". Todos estos mensajes fueron aportados por la propia Lastra a la investigación, ya que en el teléfono requisado al fiscal general la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no encontró ningún mensaje enviado o recibido por García Ortiz en la citada fecha. Desde Fiscalía General se admitió entonces que los mensajes son borrados siguiendo un protocolo de seguridad.
La nota de prensa, que apareció en los medios a partir de las 10:25 horas del 14 de marzo, no se difundió finalmente desde la Fiscalía de la Comunidad, sino que se publicó como nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid, cuyo jefe de prensa ha sido citado como testigo en el Supremo la próxima semana, junto a la responsable de comunicación de la Fiscalía General. Todas estas declaraciones están dirigidas a conocer los detalles de cómo se produjo la cadena de órdenes recibidas.
Cumplimiento del Estatuto
En su declaración ante el primer instructor de este asunto en el tribunal superior madrileño, Francisco José Goyena, Lastra se remitió en varias ocasiones al artículo 25 del Estatuto Fiscal, que es el que señala que el fiscal general del Estado "podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos". El cumplimiento de este artículo también deberá ser tenido en cuenta por el juez a la hora de valorar la actuación de todos los implicados en este asunto, según las fuentes consultadas.
Lastra también podrá aclarar otros aspectos apuntados ya por la UCO en sus informes aportados a la causa, como los relativos a la conversación telefónica que mantuvo con la fiscal provincial Rodríguez pasadas las nueve de la noche de ese 13 de marzo durante casi 7 minutos.
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