Poder Judicial
Un CGPJ dividido frustra el consenso: no habrá propuesta para cambiar el sistema de elección de los vocales ni nombramientos
El órgano de gobierno de los jueces tiene hasta el 6 de febrero para hacer su informe y se debate entre presentar dos fórmulas irreconciliables o ninguna
El documento emitido por el Tribunal Supremo se abre a la implantación de un sistema que garantice la intervención de las Cortes Generales

Pleno del Consejo General del Poder Judicial / CGPJ
La tan esperada renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pactada entre PSOE y PP el pasado mes de junio permitió a ambos partidos vender que el acuerdo político alcanzado permitiría dar un giro de 180 grados a la dinámica de bloques que venía siendo la pauta con los anteriores vocales, augurando un futuro de "consenso" para el órgano de gobierno de los jueces.
Muy al contrario, la realidad es que la división permanece y se da por hecho que a día de hoy no hay acuerdo suficiente para cumplir los dos compromisos más importantes: no se pueden abordar los nombramientos ni se cumplirá con el plazo que termina el próximo 6 de febrero para entregar una propuesta a las Cortes para cambiar el sistema de elección de los vocales, una cuestión que mantiene enfrentados de forma irreconciliable a los sectores conservador y progresista del órgano.
En cuanto al nuevo sistema de elección de los vocales, se trata de dar cumplimiento a la disposición adicional incluida en la Ley aprobada como consecuencia del pacto de renovación, que dice expresamente que en el plazo de seis meses el CGPJ debería presentar una propuesta "que pueda ser evaluada positivamente por el informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, en la que se establezca un Consejo General del Poder Judicial acorde con los mejores estándares europeos".
Sin acuerdo
Para el sector progresista, ello no quiere decir que tenga que renunciarse a que sistema cuente con la validación final de los nuevos vocales por parte del Congreso y del Senado, con independencia de que pueda arbitrarse un mecanismo previo que de mayor protagonismo a los propios jueces para elegir a los miembros del órgano que deben tener origen judicial.
Se ha consultado a la carrera, a todas las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores, la Audiencia Nacional, el Supremo, e incluso a instituciones europeas como la Red Europea de Consejos de Justicia y a la Comisión de Venecia, que mayoritariamente optan por la fórmula de que los jueces "elijan a sus pares", pero el resultado sigue sin estar claro a pocas semanas de la finalización del plazo.
Según los vocales progresistas, los conservadores llegaron a hacer alguna cesión al proponer que puedan ser 8 y no 12 los vocales del Consejo del Poder judicial elegidos directamente por los jueces, algo que ellos no están dispuestos a aceptar. Desde el grupo más cercano al PP se asegura, sin embargo, que dicha propuesta partió de los progresistas, que llegaron a anunciar a la presidenta Isabel Perelló la existencia de un acuerdo en dicho sentido. "Pero han existido presiones externas que les han obligado a echarse para atrás y volver a enrocarse en la designación de los vocales por el Parlamento", agregan las mismas fuentes.
La conclusión es que a pocos días del próximo 6 de febrero lo que se debate es si finalmente se presenta un informe que contenga ambas posturas --lo que pondría en valor el trabajo realizado hasta el momento--, o si se responde simplemente a las Cortes que no hay propuesta alguna, al no haberse logrado consenso.
Desde el sector conservador se confía en que los últimos días permitan alcanzar un pacto, y de hecho este mismo miércoles las partes vuelven a reunirse. Trabajan directamente en este asunto los vocales designados a propuesta del PSOE Argelia Queralt y Bernardo Fernández, mientras que el sector contrario están los designados a propuesta del PP Isabel Revuelta y José Carlos Orga.
La postura del Supremo
El punto de inflexión parece encontrarse en el informe presentado por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a finales del pasado mes de diciembre, que despertó la esperanza de los progresistas al incluir dos posibilidades diferentes, siendo una de ellas "un sistema que garantice la intervención de las Cortes Generales".
"Esta alternativa intentaría combinar la participación directa de jueces y magistrados en la elección de los vocales judiciales del Consejo con un refrendo o ratificación parlamentaria", señala en este punto el informe del alto tribunal, al que ha tenido acceso este diario, y que incide en que trataría de un sistema mixto de participación: los jueces y magistrados, mediante el ejercicio del derecho de sufragio activo, elegirían a los candidatos a vocales de origen judicial que tengan por conveniente, para que estos, una vez proclamados electos, obtengan luego el correspondiente refrendo parlamentario.
Se trataría de un sistema muy parecido al actual, aunque el Supremo agrega que la ratificación parlamentaria no debería basarse "sobre la pura discrecionalidad o libertad de criterio" que se aplica hasta este momento, pues ello supondría desvirtuar por completo la participación directa de los jueces reclamada por la ley Orgánica aprobada tras el acuerdo de renovación del pasado junio. En este punto se incluye la fórmula de que a 8 vocales judiciales los elijan los propios jueces y a los otros cuatro las Cortes.
Nombramientos bloqueados
El Consejo enfrenta también la tarea de designar más de cien plazas pendientes en órganos como son el Tribunal Supremo, los tribunales superiores, la Audiencia Nacional o las Audiencias provinciales, además de cubrir las presidencias de Sala en el Tribunal Supremo. La actual composición del órgano es de mayoría progresista, pero se obliga al consenso para poder alcanzar los 13 votos necesarios para un nombramiento y por el momento no existe acuerdo alguno respecto de ninguno de los candidatos.
La posibilidad anunciada desde el sector conservador para la celebración el próximo día 29 de enero de un superpleno que aglutine hasta medio centenar de nombramientos no parece que tenga visos de realidad, dada la falta de acuerdo entre los bloques. El foco se sitúa en el interés del sector progresista en colocar en las Salas clave a las magistradas Pilar Teso (sala de lo Contencioso) y Ana Ferrer (de lo Penal) basándose en criterios de paridad que son desdeñados desde el sector más cercano al Partido Popular.
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