TRIBUNALES
El amigo mexicano de Juan Carlos I reconoce al juez que invirtió en una clínica donde se trataba el emérito
A la salida del juzgado, Sanginés-Krausser ha asegurado que había comparecido ante el juez "voluntariamente" y ha afirmado que ha explicado al juez "la verdad", defendiendo la licitud de la operación

Declara en el juzgado de instrucción número 29 de barcelona al amigo íntimo mexicano de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause / FERRAN NADEU
J. G. Albalat
El amigo íntimo mexicano de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause, ha admitido este jueves ante el juez Santiago García que le investiga por colaborar en un presunto fraude a Hacienda de 600.000 euros invirtió 1,3 millones de euros en la Clinica DeSánchez, fundada por el médico barcelonés Manuel Sánchez Sánchez, que durante años ha tratado al Rey Emérito en su lucha contra el envejecimiento, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. Las pesquisas nacen de la querella presentada por la fiscalía ambos ellos y la esposa del doctor por, presuntamente, simular la ampliación de capital de la sociedad que gestiona el centro sanitario para ocultar el pago de impuestos a la Agencia Tributaria.
Sanginés ha explicado ante el juez que la operación de capital fue legal y que realizó la inversión porque siempre ha estado interesado en las terapias antienvejecimiento, "pero no de estética", precisó, siempre según las mismas fuentes. El magnate, que habitualmente vive en Londres, ha reconocido, además, que él no controlaba la gestión de la clínica, a pesar de ser el socio mayoritario, ya que se fía de las personas y, en este caso concreto, del médico del Rey Emérito. Ha precisado que la desinversión la efectuó al cabo de un tiempo porque ya no le interesaba.
A la salida del juzgado, Sanginés-Krausser ha asegurado que había comparecido ante el juez "voluntariamente" y ha afirmado que ha explicado al juez "la verdad", defendiendo la licitud de la operación. Sin embargo, el juzgado había solicitado hace unos meses la colaboración a las autoridades del Reino Unido para poder interrogarle. El magistrado tramitó a principios de noviembre del año pasado una comisión rogatoria (solicitud de ayuda y cooperación internacional) a las autoridades británica, a través del Ministerio de Justicia español, para poder interrogar a este empresario mexicano, que es propietario de una mansión en ese país, al no haberlo podido citar para declarar en calidad de imputado en un supuesto domicilio en España. Pero al final, no ha sido necesaria la comisión rogatoria, pues el magnate, tras conocer ese trámite, se personó en la causa con abogado y procurador para poder declarar y este jueves lo ha hecho.
Estrategia defraudatoria
El juez de Barcelona Santiago García indaga si este médico recurrió a una presunta "una estrategia defraudatoria", con la presunta colaboración de su esposa y del empresario mexicano, para "camuflar" retribuciones por 1,3 millones de euros como ampliaciones de capital de la sociedad que gestiona la clínica y que fueron suscritas entre 2016 y 2018 por una empresa de Sanginés-Krause, según la fiscalía. En su opinión, estas operaciones “no fueron tales, sino que se simularon”. Según la fiscalía, las rentas reflejadas en las declaraciones de IRPF de 2016 a 2018 presentadas por el médico "fueron solo una mínima parte de las que realmente percibió", pues, a su entender, "ocultó" en esos ejercicios otras retribuciones por un importe de 1,3 millones de euros, que realmente provenían de la prestación de sus servicios.
Para la fiscalía, las ampliaciones de capital son simuladas por la "falta de justificación de las primas de emisión y su absoluta desproporcionalidad", la “ausencia de motivación económica de la inversión”, la inexistencia de documentos sobre el proyecto y las negociaciones previas, la carencia de “control” del socio capitalista (el magnate mexicano) sobre los recursos aportados (99,77%) y la “disposición” de fondos por parte del médico con “total discrecionalidad”.
El nombre de Sanginés-Krause saltó a los medios de comunicación cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo, en Madrid, abrió unas diligencias por los gastos realizados por familiares próximos a Juan Carlos I con una tarjeta a nombre de quien fue su ayudante de campo Nicolás Murga y que el empresario mexicano alimentó con 270.000 euros en seis transferencias y otras dos de 149.910 euros de la mexicana Pretorian Prevention. La fiscalía archivó el caso porque serían "donaciones sujetas al impuesto de sucesiones y donaciones", lo que explica que la primera regularización fiscal del emérito. Ascendió a 678.393 euros (559.361 euros más recargos e intereses de demora).
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