Marbella regularizó a Villarejo un lavadero de coches cerrado por ir contra la normativa

El Ayuntamiento de Marbella regularizó el 11 de septiembre de 2014, mediante un decreto firmado por el concejal del PP José Eduardo Díaz Molina, un lavadero de coches ubicado en el aparcamiento Los Cipreses, cuyo titular era la empresa Autocobermar SL, propiedad de José Manuel Villarejo. Este negocio promovido por el comisario jubilado había sido clausurado unos meses antes porque el Consistorio consideraba que esta actividad no se ajustaba a la normativa vigente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Díaz Molina, que ahora es concejal de Seguridad Ciudadana y quinto teniente alcalde del Consistorio marbellí, había firmado el 3 de enero del mismo año otro decreto en el que ordenaba, también en base a un informe jurídico, el cierre del mencionado lavadero de vehículos.

Anotaciones de Villarejo

Se da la circunstancia de que el comisario Villarejo dejó plasmadas, mediante anotaciones en sus agendas, las gestiones que aseguró haber realizado ante representantes del Consistorio marbellí, tal y como informó esta redacción. De forma textual, el 5 de septiembre de 2014 apuntó: "Recuerda lo de la Junta del jueves. La licencia del parking, ya está en ello".

El comisario también escribió el 28 de febrero de 2014 sus impresiones sobre una supuesta reunión informal que asegura haber mantenido con la regidora marbellí, María Ángeles Muñoz, con la que compartió “un café”: “Muy amable y receptiva. Estuvo en el club de golf de los suecos. Quedamos en vernos en breve”. Según se puede oír en una grabación del propio agente, este informó al entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, de que había advertido a la alcaldesa marbellí y senadora del PP de que tuviera cuidado con las actividades de su marido. Si embargo, la alcaldesa siempre ha negado haberse reunido con el polémico alto mando policial.

En sentido contrario

Sin embargo, la documentación a la que ha tenido acceso este redacción demuestra el cambio de opinión del edil Díaz Molina. Y esta mutación se basó, según consta en el expediente, en un informe jurídico firmado el 9 de septiembre de 2014 por el jefe de servicio de Comercio, Industria y Vía Pública del Ayuntamiento que corregía el que había realizado él mismo el 21 de marzo, en sentido contrario. El primer documento lo elaboró en calidad de Técnico de Administración General adscrito a la Delegación de Industria, Comercio y Vía Pública.

El ingeniero técnico municipal se oponía en un principio a reactivar el negocio de Villarejo al constatar que la ubicación en la que se emplazaba el aparcamiento tenía la calificación urbanística de "Parque Urbano-Sistema de Espacios Libre (Yacimiento arqueológico). El uso permitido era deportivo y de servicios de interés público y social. Y este era el motivo por el que este funcionario aseguraba que el lavadero "no se ajustaba a la normativa" aplicable a la zona, especifica el informe de 2 de enero de 2014.

El documento original tampoco dejaba lugar a dudas en relación a la prohibición del negocio que promovía Villarejo, pues en él se defendía que el lavado de coches en el aparcamiento Los Cipreses era "una actividad irregular o clandestina", por lo que la Administración municipal "no podía hacer otra cosa que ordenar el cese de la misma". Incluso se ponía en duda que Rafael Redondo, -el socio del comisario que también está imputado en múltiples causas en la Audiencia Nacional-, que se había encargado de las gestiones en nombre de Autocobermar SL, hubiera acreditado de forma fehaciente que era el representante legal de la empresa.

Caso 'malaya'

Pero, sobre todo, advertía de los efectos nulos que tenían las concesiones irregulares del Consistorio durante la época de la trama 'malaya', y por eso el informe especificaba: "Se ha de poner de manifiesto que el hecho de que éste Ayuntamiento haya celebrado en su día un contrato por el que se otorga la gestión de un aparcamiento público, no resulta óbice para que, en todo caso, los adjudicatarios hayan de proveerse con carácter previo al inicio de la actividad de las preceptivas licencias o autorizaciones para desarrollar cualquier actividad en el establecimiento".

Finalmente, el funcionario destacaba que incluso Rafael Redondo reconocía en su recurso que "sabía que estaba desarrollando una actividad de lavado de vehículos sin que la misma estuviese amparada por licencia o autorización alguna", porque mantuvo "diferentes conversaciones con técnicos del departamento de Industria del Ayuntamiento a fin de regularizar la ampliación de actividad correspondiente".

Con estas conclusiones, el concejal Díaz Molina, en calidad de delegado de Industria, Comercio y Vía Pública, fue incluso más allá en su decreto de cierre de actividad del lavadero de 3 de enero de 2014. En él advertía de que el incumplimiento de la orden de suspensión podría dar lugar "a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras". También anunciaba que si la empresa de Villarejo no cumplía la normativa se interpondría "la correspondiente denuncia ante el Ministerio Fiscal o el Juzgado de Instrucción por delito de desobediencia".

Sin embargo, todo se transformó en unos meses pues el funcionario justificó en septiembre, en un nuevo informe, su cambio de opinión "a pesar del tiempo transcurrido desde que se dictó la última resolución y de que la misma ya alcanzó firmeza en vía administrativa". Aseguró entonces que el socio de Villarejo le había entregado una copia del contrato de 2004 que permitía que en el aparcamiento de Los Cipreses se prestaran "servicios como limpieza, lavado, y cualquier otro destinado a ofrecer un buen servicio del automóvil".

En esta ocasión, el empleado municipal no consideró vigente la advertencia que había lanzado con anterioridad, en la que sostenía que la existencia de una concesión de la época de la 'malaya' no eximía a los adjudicatarios de obtener las licencias o autorizaciones preceptivas para desarrollar cualquier actividad.

"Concesiones particulares"

En sentido contrario, en septiembre de 2014 explicaba que un apartado del Plan General de Urbanismo de Marbella, cuyos normas habían servido para clausurar el lavadero de coches, sí incluía en un apartado un texto que decía, de forma literal: "Se admite, con carácter general, el lavado de vehículos". Y por eso, el funcionario creía que este artículo debía "conllevar que se reconozca la posibilidad de ejercer dicha actividad y, por tanto, que se deje sin efectos la orden de cese dictada con fecha 3 de enero de 2014".

Con este documento, el concejal Díaz Molina estimó las alegaciones que presentó Rafael Redondo en nombre de la empresa de Villarejo, que obtuvo logró su objetivo de regularizar el lavadero coches situado en el aparcamiento de Los Cipreses de Marbella.

El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ha tratado sin éxito de recabar la versión del Ayuntamiento de Marbella de los hechos narrados en esta información.