Juicio en el TSJC

La fiscalía mantiene la petición de cárcel para Laura Borràs y la rebaja para los otros dos acusados

La acusación pública asegura que la dirigente de Junts "ha menospreciado la confianza de los ciudadanos", mientras que ella insiste en que sufre una "persecución política" por ser independentista

Laura Borràs entra en la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Laura Borràs entra en la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. / EFE

J. G. Albalat

La fiscalía ha confirmado este miércoles su petición de seis años de prisión, 21 años de inhabilitación y multa de 146.000 euros a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por presuntamente haber favorecido a un amigo, el informático Isaías Herrero, con el fraccionamiento de contratos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), un organismo dependiente de la Conselleria de Cultura. Conforme al pacto alcanzado antes del juicio con la defensa de Herrero, la acusación pública ha rebajado la petición de pena para él de seis años de cárcel a dos años, más inhabilitación por un periodo de seis años y cuatro meses y multa de 2.100 euros, y también para el tercer imputado, el empresario Andreu Pujol, que se enfrenta a un año y dos meses de prisión, inhabilitación de cuatro años y tres meses y multa de 2.250 euros. A ambos, se le aplica la atenuante de confesión. Sus abogados han avalado esta modificación.

El juicio que se ha celebrado en las últimas semanas en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha quedado visto para sentencia, pero antes Borràs ha hecho uso de la última palabra, en la que ha denunciado de nuevo que es víctima de una "persecución política" por ser independentista. "No renunciaré a mi ideología, ni a mis convicciones, ni a poder vivir en una república catalana", sea "cual sea" la sentencia. "Llegó aquí con una condena que ya he cumplido" tras un "juicio público permanente" y "paralelo".

No renunciaré a mi ideología, ni a mis convicciones, ni a poder vivir en una república catalana

Laura Borràs

— presidenta de Junts

En una intervención de 16 minutos, la dirigente independentista ha criticado la "persistente insistencia" por parte de la fiscalía de acusarla de favorecer al informático y "dar una apariencia de delito donde no hay delito", la existencia de "un juicio de malas intenciones" donde se da "apariencia de delito donde no hay" y ha cuestionado el pacto de los otros dos acusados con la fiscalía, un acto que ha calificado de "éticamente reprobable que ha vulnerado mi derecho de defensa". "Yo he optado por mantener el pacto con la verdad", ha dicho. "Ha habido intereses por presentarme como una corrupta", ha afirmado, para después añadir que se le ha querido "perjudicar públicamente y políticamente". Además, ha afeado a los diputados del Parlament que votaron a favor de su cese como presidenta que, en su opinión, actuaron de jueces antes que el tribunal que ahora le juzga. "No he cometido ningún delito", ha incidido. "Después de tanto injusticia, espero del tribunal una justicia reparadora", ha concluido.

La apisonadora la fiscalía

Como una apisonadora, la fiscala Teresa Duerto ha desmenuzado con precisión en su informe final uno a uno los indicios y las pruebas que, a su entender, existen contra Borràs. Ha sido inflexible en su conclusión: “Borràs, con Herrero, ha menospreciado la confianza de los ciudadanos y actuó al margen de la normativa administrativa”, ya que tenía “pleno conocimiento de que se estaban fraccionando contratos y de que se falseaban presupuestos”.

“Borràs tenía conocimiento de que se estaban fraccionando contratos y de que se falseaban presupuestos”.

Teresa Duerto

— fiscala

Al inicio de su intervención de casi dos horas y media, la fiscala ha querido hacer una premisa y se ha dirigido a quienes consideran que el juicio contra Borràs es una persecución política, como sostiene la dirigente independentista y su defensa. Así, ha rechazado que se haya producido una “utilización abusiva de las instancias judiciales para provocar el repudio público o la inhabilitación” de la líder de Junts, que fue suspendida como presidenta del Parlament a causa de este proceso judicial. "Nada más lejos de la realidad", ha puntualizado. En la sala han estado presentes dirigentes de Junts, como Jordi Turull, diputados de esta formación y el expresidente Quim Torra.

La fiscalía sostiene que la junta de gobierno de la ILC acordó el 20 de marzo de 2013, cuando Borràs ya ostentaba la dirección, encargar la elaboración de un portal web y su mantenimiento a Herrero. "Actuando de mutuo acuerdo y con unidad de propósito", los dos pactaron que la retribución por estos servicios se haría a través de la contratación administrativa, "fraccionando indebidamente en diferentes contratos menores" (de importe no superior a los 18.000 euros, sin IVA). "De manera recurrente", la dirigente de Junts otorgó 18 contratos a Herrero. El importe de esos servicios informáticos encargados a Herrero entre 2013 y 2017 asciende a 277.438,17 euros (336.700,29 euros con IVA) o "directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas", recalca su escrito de acusación. Para poder tramitarse, se presentaban dos presupuestos "comparsas" y ficticios, y, de esta manera, se vulneraban los principios de transparencia y concurrencia pública".

La validez de los correos

La fiscala ha repasado en su informe final los correos electrónicos que, en su opinión, incriminan a Borràs y que dan a entender que la que fuera responsable de la ILC transmitía instrucciones a Herrero para fraccionar los contratos. Duerto ha defendido a capa y espada la validez de esas pruebas, así como la forma en que se sustrajeron esos 'emails' y su preservación (cadena de custodia) como “evidencia” para mantener las acusaciones. Entre esta documentación, ha destacado, hay algunos sobre la revisión de modificaciones de los conceptos de la contratación, entre otras cuestiones. “Borràs hablaba directamente con Herrero y le explicaba cómo debía de fraccionar el trabajo para poder ser tramitado como contrato menor” (de hasta 18.000 euros, más iva), ha recalcado.

La acusación ha recordado que la Intervención de la Generalitat alertó a Borràs que el método utilizado para la contratación de las labores de informática no era el correcto y que tanto la que fuera la administradora de la ILC, Assumpta Pagespetit, y el funcionario de esta entidad, Roger Espar, que develaron esa advertencia y cuestionaron los contratos menores, siempre han declarado lo mismo. “Su credibilidad está por encima de la declaración exculpatoria de Borràs”, ha aseverado la fiscala, que insistió que la líder de Junts era quien, de forma presuntamente “arbitraria”, encargó al informático los trabajos y “ordenaba los pagos". Ha precisado que la Intervenció de la Generalitat encontró “infracciones administrativas” y que las labores que se realizaron era una única actuación y no, como índice la defensa, trabajos independientes. La acusación ha desvelado que la caída del portal de la ILC no fue culpa de los Mossos, sino porque su dominio de internet estaba a nombre de Herrero y este no pagaba las cuotas para su mantenimiento.

"Se ha pasado del a por ellos, a el a por ella"

Gonzalo Boye

— abogado de Borràs

La defensa y la vulneración de derechos

El abogado de la defensa, Gonzalo Boye, también ha sido preciso en su informe final y ha desgranado sus argumentos sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales, como la presunción de inocencia o el secreto de las comunicaciones. Ha aceptado el reto que minutos antes le había lanzado en su intervención la fiscal, y ha atacado a la yugular de las pruebas, poniendo en duda la cadena de custodia de los correos electrónicos incriminatorios incautados y de la investigación en su conjunto. "Se ha pasado del 'a por ellos', al 'a por ella'", ha aludido de entrada, poniendo en duda las pesquisas y apoyando la teoría de la supuesta persecución política hacia la líder de Junts. "Hemos pasado de la patada en la puerta, a la patada al servidor", ha espetado. Sobre los agentes que participaron en las indagaciones ha repetido la frase que ha pronunciado varias veces: "Iban a por ella".

El letrado ha hecho referencia al principio de su informe a la elección del presidente del tribunal, Jesús Maria Barrientos, que él considera que no es imparcial y que su comportamiento durante el juicio (ha retirado la palabra o ha recriminado a la defensa de Borràs determinados actos) "anuncia el resultado del pleno", dando a entender una eventual condena. "Se le ha privado de un juicio justo", ha manifestado. El abogado ha reseñado que se han hecho "declaraciones masivas contra Borràs" que ha generado una "apariencia de culpabilidad" hacia ella y que ha propiciado la vulneración de la presunción de inocencia. "No ha habido desprecio para los intereses generales", ha agregado el jurista, que ha afeado a la fiscalía que ella vea la comisión de delitos e irregularidades, cuando la Generalitat no había detectado ninguna. Boye también ha asegurado que a su clienta se le persigue por ser independentista. "Se le ha deshumanizado en los últimos años", ha recalcado. "Este no es un juicio se simpatías hacia Borràs, sino un juicio penal", ha zanjado.