TRIBUNALES

La Fiscalía dice que la 'Kitchen' la creó "la cúpula de Interior" para sustraer pruebas "contra dirigentes del PP"

El espionaje contra Bárcenas se llevó a cabo con "la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado" al caso Gürtel, concluyen los fiscales

De izquierda a derecha Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó, Francisco Martínez y Mariano Rajoy en un acto celebrado en 2014.

De izquierda a derecha Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó, Francisco Martínez y Mariano Rajoy en un acto celebrado en 2014. / EFE

Cristina Gallardo | Tono Calleja Flórez | Ángeles Vázquez

La Fiscalía Anticorrupción considera que la operación Kitchen la organizó en 2013 "la cúpula del Ministerio del Interior" del Gobierno de Mariano Rajoy, "sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias" para "obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el caso Gürtel, que pudieran encontrarse en poder de Luis Bárcenas. Así consta en el escrito de acusación dirigido al juez que instruyó la causa, Manuel García Castellón, en el que reclaman 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, para el que era su 'número dos' Francisco Martínez y para el director operativo de la Policía Eugenio Pino por el presunto espionaje en 2013 y 2014 al extesorero del PP.

En enero de 2013 el diario 'El País' publicó los conocidos como papeles de Bárcenas, en los que se especificaban los nombres de los empresarios que presuntamente habían abonado en negro hasta ocho millones de euros a la caja B del PP, controlada por el extesorero de la formación conservadora. Pero también esa documentación manuscrita aludía a los supuestos pagos de los que se habrían beneficiado los excargos de este partido, entre ellos el propio Mariano Rajoy, en esas fechas presidente del PP y del Gobierno.

Esta actuación de la cúpula del Ministerio del Interior, prosiguen en su escrito de acusación los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, se llevó a cabo con "la finalidad de evitar que todo ese material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes que pudieran resultar investigados fuera formalmente aportado" al procedimiento judicial que en esos momentos instruía en la Audiencia Nacional el magistrado Pablo Ruz.

Archivos de audio

Y como ejemplo de este 'modus operandi', Anticorrupción recuerda que los comisarios imputados, a excepción del ex jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, planearon y ejecutaron la entrada al estudio de arte de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, situado en el número 32 de la madrileña Calle del General Díaz Porlier. El clan policial sospechaba que el extesorero del PP escondía ahí "los archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Luis Bárcenas sugería que había grabado", dice el escrito de los fiscales.

"De este modo, [...] entre los meses de julio y octubre del año 2013, el encausado Enrique García Castaño, sirviéndose además de la información concreta que al respecto le facilitó el encausado Sergio Javier Ríos Esgueva [...] accedió a dicho local con la intención de recabar la documentación, en cualquier soporte, incluidos archivos de audio, que, pudiendo estar vinculada con el procedimiento judicial [del caso Gürtel], a fin de que no pudiera ser incorporada a la causa y, de esa forma, evitar que sirviera de elemento de cargo para el Partido Popular y sus dirigentes", destaca Anticorrupción, que no puede asegurar que el clan policial lograra hacerse con ningún tipo de documentación, pero sí que el comisario jubilado García Castaño accedió local "sin contar en ningún caso con el consentimiento de Rosalía Iglesias".

Operación policial "oculta"

Los imputados no compartieron en ningún momento con los investigadores del caso Gurtel -ni con la UDEF, ni con el Ministerio Fiscal ni con el Juzgado de Instrucción- la operación parapolicial de inteligencia que llevaron a cabo, ni la documentación e información que recabaron en ejecución de la misma. Y "la mantuvieron siempre oculta", prosiguen los fiscales, "con la finalidad, como se ha dicho, de impedir que la causa judicial alcanzara a los dirigentes del Partido Popular".

En la "ilícita operación de inteligencia" dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio para el Partido Popular también participó el comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien se encargó de mantener el contacto con el entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, a quien pagaba alrededor de 2.000 euros mensuales de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

"Y todo ello con la finalidad de obtener documentación e información patrimonial, incluidos testaferros, o de cualquier otra índole sobre el entorno de Luis Bárcenas a fin de impedir que, en el caso de ser comprometedora para el Partido Popular y sus dirigentes, llegara a conocimiento de los investigadores que se ocupaban de los hechos propios de las DP 275/2008 del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que se instruían al mismo tiempo", concluye el escrito de acusación.