INVESTIGACIÓN
El Supremo dirimirá la guerra entre Marbella y Hacienda por 12 millones de deuda de Malaya
La Agencia Tributaria pretende que el consistorio andaluz salde una parte de la deuda de 69,78 millones que mantiene con Hacienda y de 198,2 con la Seguridad Social por el impago de las cuotas sociales del personal municipal
Isabel Morillo, Tono Calleja Flórez, Cristina Gallardo
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra en el conflicto que enfrenta al Ayuntamiento de Marbella y el Ministerio de Hacienda por la deuda que arrastra el consistorio desde Malaya. El Supremo admitió a trámite, con fecha del 1 de febrero, el recurso de casación interpuesto por el consistorio marbellí. La Agencia Tributaria exige el pago de 12 millones de euros para saldar parte de la deuda de 69,78 millones a Hacienda y de 198,2 con la Seguridad Social por el impago de las cuotas sociales del personal municipal.
El conflicto se remonta a 2018, cuando el Ayuntamiento recibió el pago en metálico, mediante cheque bancario, de 12 millones de euros por la ejecutoria de la sentencia de la operación Malaya, la trama de corrupción que asoló al consistorio en la etapa de Jesús Gil. El dinero procedía de la liquidación del patrimonio del cerebro de esa trama, Juan Antonio Roca. El Ayuntamiento se había personado como perjudicado en las piezas de Saqueo I y Saqueo II y recibió indemnizaciones a su favor por el daño patrimonial sufrido durante más de 15 años de corrupción urbanística. El Ayuntamiento llegó a cifrar en 500 millones de euros el expolio sufrido por las arcas municipales entre 1991 y 2006, cuando estalló el caso Malaya.
La transferencia de esos 12 millones de euros al Ayuntamiento se realizó por orden del juez el 22 de junio de 2018 y la Agencia Tributaria, sabedora del pago, elevó un requerimiento el 25 de ese mismo mes con notificación el 26 de junio. El consistorio ignoró esa reclamación de Hacienda y, por acuerdo del pleno del 5 de julio, aprobó destinar ese dinero al pago de servicios públicos municipales.
Un cruce de requerimientos
A partir de ahí, tanto el Estado como el Ayuntamiento se enzarzan en un cruce de requerimientos y alegaciones que termina en recurso en la vía contencioso administrativa y finalmente en el Supremo.
Hacienda requiere al consistorio que con esos 12 millones liquide parte de la deuda que tiene con el Estado y para la que ha recibido autorización de fraccionamiento del pago en 40 años al 1% de interés. El acuerdo de refinanciación de esa deuda, alcanzado en 2012 con el Gobierno e incluido en los Presupuestos Generales del Estado, incluía una cláusula que fijaba que el cobro recibido en indemnizaciones por el daño patrimonial ocasionado al Ayuntamiento con esa trama de corrupción debería destinarse a pagar esa deuda. Ya entre 2012 y 2017 saldó 13 millones con el dinero obtenido con sentencias judiciales.
El Ayuntamiento insiste en que se interpreta de forma incorrecta la ley y defiende que, desde la disolución de la comisión gestora que gobernó el municipio, hacen frente al pago de sus obligaciones tributarias. Insiste el consistorio que ante una deuda de más de 200 millones, 29 en este capítulo con la Agencia Tributaria, con esos 12 millones de euros no debería considerarse resuelto todo el fraccionamiento.
Deuda tributaria
Desde el Estado rechazan la interpretación del Ayuntamiento y consideran que el acuerdo, reformado en 2018, abre la posibilidad de excluir bienes o derechos adquiridos por el consistorio al pago de la deuda tributaria, se abre la mano a que el equipo municipal haga con ellos inversiones, pero no puede hacerse con la indemnización entregada en dinero en metálico, como es el caso de este litigio.
La sentencia previa de la Audiencia Nacional, que fue recurrida en casación al Supremo por el Ayuntamiento, había dado la razón a la Agencia Tributaria aunque no condenaba al Consistorio al pago de las costas al admitir que “no hay mala fe ni temeridad” y que el asunto plantea “serias dudas de derecho”.
Marbella dispondrá en 2023 de un Presupuesto municipal de más de 333 millones de euros. La cuantía es la más alta de toda su historia, según destacó la alcaldesa, Ángeles Muñoz, durante la presentación de las cuentas. En año electoral, hay 50 millones de ingresos previstos más que en 2019, cuando comenzó la legislatura. El Presupuesto refleja un superávit de dos millones y medio.
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