RECURSO AL CONSTITUCIONAL

Andalucía recurre el impuesto a mil ricos con la excusa de un "frenazo" económico

El Gobierno de Moreno recurre por inconstitucional el tributo a las grandes fortunas por invasión de competencias y denunciando que es un impuesto “contra la Junta de Andalucía”

La Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, muestra un gráfico en la sesión de este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

La Consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, muestra un gráfico en la sesión de este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

Isabel Morillo

El Gobierno andaluz ha elevado al Tribunal Constitucional su recurso al impuesto a las grandes fortunas alegando que invade competencias exclusivas de la comunidad y advirtiendo de que supone un “frenazo” económico para la comunidad. Según las estimaciones de Hacienda en Andalucía, unos mil andaluces tendrían que pagar ese impuesto a la solidaridad, aunque quizás sean menos por “errores técnicos” en la tramitación del tributo, advirtió la consejera andaluza, que supondrán además una merma "de hasta el 85%" en la recaudación prevista por el Ministerio. La comunidad cuenta con más de cuatro millones de contribuyentes, de los que el 0,025% deberán pagar el impuesto estatal a los ricos. Madrid ya recurrió también el tributo.

La titular de Hacienda en Andalucía, Carolina España, informó, tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno, que el impuesto a las grandes fortunas impulsado por el Ejecutivo de la nación es “un impuesto creado 'ex profeso' contra la Junta de Andalucía tras haber suprimido Patrimonio, un tributo que frena la inversión y la actividad económica, obsoleto y que ya eliminó el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero”. “Es un ataque a nuestra autonomía fiscal y financiera, eso es lo que nos preocupa y también por el efecto huida de la riqueza”, alegó España.

El Gobierno andaluz pedirá en el Constitucional la paralización cautelar del impuesto a las grandes fortunas y alega que el nuevo impuesto creado por el Ministerio de Hacienda invade competencias de la comunidad atendiendo a la ley de financiación (Lofca), la Constitución y el Estatuto de Autonomía y además se ha aprobado vulnerando, dice la Junta, el artículo 23.2 de la Carta Magna, ya que salió como enmienda a una ley, privando a los grupos de la oposición en el Congreso de poder elevar enmiendas al texto.

"Huida" de la riqueza

“Es algo sin precedentes”, denunció la consejera de Hacienda, convencida de que “nunca un nuevo impuesto estatal se había superpuesto con tal descaro” a una decisión autonómica. La consejera andaluza denunció además que el País Vasco y Navarra sí podrán concertar con el Estado este impuesto y gestionarlo directamente, “¿dónde está la armonización?”, se preguntó. España, que fue diputada en el Congreso y conoce de cerca las intervenciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rescató una intervención de ésta para recordar que cuando ese impuesto a los ricos lo propuso Podemos el Gobierno dijo “que suponía una recentralización de la política tributaria, había riesgo de solapamiento y era de dudosa eficiencia recaudatoria”. La parte socialista del Gobierno se sumó a ese impuesto y lo impulsó solo después de que el presidente andaluz anunciara que iba a eliminar Patrimonio, siguiendo la senda de Madrid, y abriendo una pugna fiscal a la baja entre todas las comunidades en España.

El Gobierno andaluz defendió al suprimir Patrimonio que iba a generar riqueza para Andalucía y que bajando impuestos se eleva la recaudación. El cálculo del Gobierno era atraer a 7.000 ricos para que tributaran en Andalucía y se censen aquí, 5.000 empresarios o grandes accionistas que fijen su residencia fiscal en la comunidad.

Atraer fortunas

La supresión del impuesto de Patrimonio suponía que unos 19.000 contribuyentes, los más ricos, dejaran de pagar 95 millones de euros al año en Andalucía. Hasta su supresión pagaban quienes tenían patrimonio por encima de los 700.000 euros, exenta parte de la vivienda habitual. La media que abonaban era de 5.000 euros de cuota anual con un patrimonio de unos 2 millones de euros. Para paliar esa bajada de ingresos deberían, como mínimo, tributar en Andalucía 7.000 rentas altas por IRPF, lo que permitiría recaudar por esta vía lo que se pierde por Patrimonio. “Por cada euro que se va de Patrimonio se van cinco euros de recaudación en IRPF”, defendió la consejera.

Según la Junta de Andalucía en el último ejercicio diez de las grandes fortunas que tributaban en Andalucía por Patrimonio se han marchado. No señalan quienes son, por protección de datos, ni dónde ni por qué se produjo el exilio, aunque dan por hecho que es para no tributar. La Junta aseguró que el impuesto a los ricos supondrá “un frenazo a la llegada de grandes fortunas extranjeras”. La consejera aseguró, utilizando una información de ‘Expansión’, que las grandes fortunas mejicanas y nórdicas no están llegando a España y yéndose a otros sitios como Portugal. “En los despachos de asesores fiscales y notarios había un interés por venir a Andalucía que ya no existe, me atrevería a decir que no existe por venir a España, sino a otros países cercanos que no tienen estos impuestos”, agregó.

La Junta solicitará, en primer término, la suspensión cautelar del nuevo impuesto hasta la resolución del recurso, "para que los contribuyentes no se vean obligados a hacer frente al primer pago del impuesto mientras el Tribunal Constitucional decide sobre su aplicación".