La Fiscalía y la Abogacía apoyan reabrir la investigación contra Cospedal en Kitchen

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han apoyado la petición de Podemos, que ejerce la acusación popular en el caso Kitchen, de reabrir la investigación contra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Así consta en sendos escritos rubricados por los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas, en el caso del Ministerio Público, y por la jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane.

De esta forma, tanto Anticorrupción como la Abogacía del Estado tratan de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrija la decisión del juez Manuel García Castellón, que en un auto de 13 de septiembre había rechazado la reapertura de las pesquisas tras publicarse en la prensa diferentes grabaciones de conversaciones entre la ex secretaria general del PP y el comisario José Manuel Villarejo.

En estas grabaciones podía escucharse como la exdirigente del PP pedía a Villarejo "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, en alusión a la contabilidad b de la formación conservadora.

Analizar estos comentarios permitiría a la Fiscalía abrir la puerta al análisis, de otros presuntos 'sabotajes' que sufrió la investigación del caso Gürtel, tales como los supuestos chivatazos que el comisario habría dado al empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, y al exregidor de Boadilla del Monte Arturo González Panero.

En esta pieza de la denominada Operación Tándem' se investiga al controvertido excomisario Villarejo junto al ex número dos de la policía, el también comisario Eugenio Pino y a Sergio Ríos, antiguo chófer de Luis Bárcenas, por una supuesta operación del Ministerio del Interior para sustraer información sensible al ex tesorero del PP que pudiera perjudicar a altos cargos del partido.

El pasado mes de septiembre, Anticorrupción rechazó recurrir la decisión del juez de excluir a Cospedal y a su marido, si bien abrió la puerta a apoyar los escritos de los recurrentes, como ha hecho en este caso con Podemos.

En los escritos al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, los fiscales del caso se limitan a apuntar que interesa la revocación del auto en los términos ya expuestos anteriormente, mientras que desde los Servicios Jurídicos del Estado se argumenta que la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 debería considerarse "en virtud de la aparición de nuevos indicios, desconocidos en el momento de acordarse el sobreseimiento provisional, que referidos a los mismos hechos pudieran aportar luz sobre la participación o conocimiento de los mismos por quienes fueron sobreseídos".

Nuevas diligencias de investigación

A juicio de la Abogacía del Estado, el juez instructor debería confirmar, mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación, si los audios dados a conocer por los medios de comunicación son "auténticos" y, en tal caso, "si esa nueva información sobre los mismos hechos, constituye indicios concretos y plausibles a los efectos de realizar un juicio de inferencia razonable respecto de la participación de quienes fueron sobreseídos", entre quienes se encuentra la que fuera secretaria general del PP.

Desde esta perspectiva, la abogada Seoane no se opone a la petición de Podemos, que se circunscribe a "agotar las vías de investigación propias de la instrucción respecto de indicios" que eran desconocidos cuando el juez dio carpetazo a la implicación de Cospedal. Hacer lo contrario, apunta, "supone una suerte de suplantación por el órgano instructor de las funciones del órgano que debería juzgar y resolver sobre la tipicidad de los hechos indiciariamente acreditados y la participación de quienes en ellos han intervenido o los han conocido".

Por su parte, la defensa de Cospedal y su marido se oponen a la revocación del auto de García Castellón alegando que los argumentos de Podemos hacen referencia a unos audios que no existen en las actuaciones, de "dudosa autenticidad" y que sólo se conocen por la prensa.

Postura de Cospedal

Recuerda que el juez ya señaló en su auto de septiembre que no consideraba que de su contenido pudiera extraerse la existencia de hechos nuevos que justificaran dejar sin efecto su decisión inicial, pues se desconocía tanto su origen como "cualquier circunstancia y contexto" en relación con estas grabaciones. Ello, a juicio de esta parte, impide su consideración como indicio suficiente a los efectos de la pretendida retroacción a la fase de instrucción y la revocación de los sobreseimientos firmes ya dictados.

Por ello, y dado que la Fiscalía no recurrió la primera decisión del juez, la defensa acusa a Podemos de pretender "una suerte de tercer recurso, no previsto en nuestras leyes procesales".

Al contrario de lo que parecen deducir el resto de partes, la defensa de la exdirigente popular considera que "los escasos minutos" en los que presuntamente se menciona en los audios a Cospedal ‒subraya no hay ninguna mención a López de Hierro‒ corroborarían que la dirigente popular mantuvo conversaciones con Villarejo "con el exclusivo objeto de hablar de noticias de prensa, y ello por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación".

Finalmente, el también imputado y ex número dos de Interior en el momento de los hechos, Francisco Martínez, alega que la aparición de los referidos audios no justifica la petición de Podemos respecto a Cospedal y López del Hierro "máxime, en ambos casos, cuando ello se pretende a la luz de unas supuestas grabaciones de desconocido origen y cuando su aparición es incesante y daría lugar a continuas 'reanudaciones' y 'retroacciones', que atentarían contra el derecho de los investigados a no sufrir dilaciones indebidas". Añade además que como el auto que excluyo inicialmente la dirigente popular es firme, su revocación sería "contraria a derecho".