La "actitud recentralizadora" del Gobierno solivianta a los nacionalistas y embrolla la ley de vivienda

El diputado del PDeCAT Ferrán Bel hizo una advertencia el pasado martes en el Congreso que pasó desapercibida por culpa de la polémica de la ley del 'sólo sí es sí'', que ahora mismo todo lo tapa. Dijo que en la Cámara hay dos proyectos legislativos que a su formación preocupan de forma “cada vez más intensa”. Son el de vivienda y el de la cohesión, equidad y universalidad del sistema sanitario, conocido como “ley Darias”. Explicó el porqué de la inquietud. “Bajo una capa de avances sociales, se pretende hacer una involución encubierta de las competencias autonómicas”.

Bel, en conversación con El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, ahonda. “Una norma estatal puede dar cobertura para, por ejemplo, establecer topes a los precios de alquiler de vivienda. Ahora bien, ¿cómo se establecen esos topes?, ¿cuál es la definición de zona tensionada? Estas son competencias de las comunidades autónomas. ¿Cómo se regula el parque de viviendas? Esto es competencia autonómica”. 

Está hablando en concreto del proyecto de ley de vivienda, que espera en el Congreso el instante en el que el PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu anuncien el acuerdo que catapulte la tramitación, paralizada desde hace meses. Porque, si bien se formó recientemente la ponencia en el seno de la Comisión de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, ésta aún no se ha reunido para abordar de lleno el contenido del proyecto, y semejante vacío de novedades alimenta la hipótesis del estancamiento. Bel no es optimista.

Respecto de la llamada “ley Darias”, el diputado recuerda que el PDeCAT pidió en su momento la devolución del proyecto legislativo, aunque un compromiso de la ministra le llevó a retirarla. Han transcurrido cinco meses desde aquello y no se han producido novedades. Como publicó este medio, Sanidad y Unidas Podemos están puliendo un escollo clave, cerrar las puertas a la externalización, pero varios aliados parlamentarios habituales piden trabajar en otro aspecto no menor: las delimitaciones competenciales.

ERC, JxCat, PDeCAT y la CUP quieren garantías de que el modelo catalán, basado en gran medida en los conciertos, quedará blindado. Mientras eso no suceda, no respaldarán el proyecto. Las dos formaciones vascas representadas en el Congreso están más que vigilantes al respecto. 

No obstante, a prácticamente nadie en la Cámara se le escapa que si hay un proyecto simbólico para la mayoría progresista, y por tanto, crucial, ése es el de vivienda. Las negociaciones del Ministerio, PSOE y Unidas Podemos son periódicas, no se han roto, y como dijo recientemente el portavoz de los “morados”, Pablo Echenique, el próximo avance depende de un documento. ERC y EH Bildu participan activamente. Si los grupos que sustentan al Gobierno y los independentistas vascos y catalanes se alían, la aprobación empezaría a coger cuerpo.

Bel lo sabe, y por ello, el martes pasado, en la sala de prensa del Congreso, envió un recado a ERC, a la que, sin embargo, no nombró: “Nos parecería un error que un partido catalán, por conseguir avances sociales y presionando por determinados colectivos, decida aceptar unas especificaciones en la ley de vivienda que son claramente limitativas de una competencia que es exclusiva de la Generalitat”, fueron sus palabras.

Mal comienzo

La defensa del autogobierno, de los ámbitos que caben en él, es una línea infranqueable para partidos como PNV, ERC, EH Bildu y PDeCAT. Tal y como están la aritmética parlamentaria y las combinaciones mayoritarias, los concursos de dichas formaciones son decisivas. Que la sombra de la “recentralización” sobrevuele una negociación no es un buen inicio. Al contrario: es un comienzo muy delicado.

Una fuente parlamentaria que negocia a varias bandas con el Gobierno cree que la “frustración” de Podemos por no poder consumar en la Comunidad de Madrid las “conquistas sociales” que defiende han tenido un efecto pernicioso en la agenda legislativa del Gobierno: “Como no pueden hacer nada en la Asamblea –de Madrid–, pretenden legislar para todo el Estado desde el Congreso”. Plantea, así, normativas de “mínimo exigibles” a todas las autonomías. La diferencia con “la invasión competencial” se vuelve muy fina. “Y las formaciones nacionalistas e independentistas no van a permitir cualquier intención de recentralización”, sentencia.

El PNV no duda al atribuir al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ese afán por la reagrupación de competencias. Fuentes de esta formación lamentan que sea “una práctica habitual”, tanto si mandan socialistas como si mandan populares. Tras recordar que el Ejecutivo vasco ha llegado a redactar un documento al respecto, titulado “La erosión silenciosa”, inciden en que nunca apoyarán nada que ataque al autogobierno de Euskadi.

El diputado del BNG, Néstor Rego, coincide. Sus palabras, de hecho, suenan como las de Ferrán Bel, a pesar de la distancia ideológica. “Con el argumento de ‘garantizar derechos mínimos para todos’ siempre se acaba dando una vuelta de tuerca centralizadora en materias que son competencia de las comunidades autónomas”, subraya el diputado gallego.

Para ERC tampoco hay dudas. Sus fuentes perciben la pretensión recentralizadora a menudo, demasiado a menudo. El diputado republicano Xavier Eritja, en el debate de totalidad de la “ley Darias”, 22 de septiembre de 2022, afirmó que la norma “peca de exceso regulatorio” y supone “una intromisión clara en las competencias autonómicas en materia sanitaria”. Su compañera de bancada, Pilar Vallugera, cuando abanderó la posición del partido en el debate de la ley de vivienda, marzo del año pasado, tildó el proyecto de “texto recentralizador e invasivo”.

Ese mismo día, el representante del PNV Íñigo Barandiaran recuperó la “reiterada doctrina del Tribunal Constitucional” para proclamar que el Congreso “no está habilitado para proceder a una uniformización de las políticas legislativas autonómicas en materia de vivienda”. Los nacionalistas vascos, de hecho, plantearon la devolución del texto. Ana Oramas, de Coalición Canaria; Albert Botran, de la CUP; y Mariona Illamola, de JxCat, se manifestaron en términos casi idénticos.

Si bien Oskar Matute, de EH Bildu, en una crítica al PNV, señaló que “defender el autogobierno no es impedir avances sociales para la mayoría”, lo cierto es que un total de 38 diputados/as no están dispuestas a dar un paso atrás en la conservación de las esferas de gestión de sus territorios. Los 13 escaños de ERC, los 6 del PNV, los 5 de EH Bildu, los 4 del PDeCAT, los 4 de JxCat, los dos de la CUP, el del BNG, y hasta los dos de Coalición Canaria y el de Compromís, pueden convertirse en un muro infranqueable para el Gobierno, si es que quiere saltarlo con dos pértigas llamadas “ley de vivienda” y “ley Darias”.