Diez 'zombis' admiten los hechos y complican la defensa de otros 16 acusados en Taula

Nueve trabajadores zombis y uno de los empresarios beneficiados con este tipo de contratos admitieron el lunes haberse beneficiado de contratos ficticios en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa, por los que cobraban sin ir a trabajar. Los acuerdos de conformidad fueron desvelados por el Fiscal Anticorrupción del caso Taula durante la primera jornada del juicio por la pieza de los zombis dedicada a las cuestiones previas. 

Los diez acusados que han admitido los hechos se enfrentaban a penas de cuatro a seis años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial cometido por particular y prevaricación administrativa. Al admitir los hechos, la pena de cárcel podría quedarse reducida a 14 meses, por lo que no entrarán en prisión. En algunos casos, también se les aplicará la atenuante de confesión ya que en algunos casos reconocieron los hechos desde el inicio, como es el caso de José Estarlich, presunto testaferro de Marcos Benavent, que colabora con la justicia desde hace tiempo y ha devuelto parte del dinero. O el de Eva S. M., una ama de casa de Xàtiva, que fue contratada por mediación de Rus porque tenía problemas económicos. 

También han admitido los hechos el empresario José Adolfo Vedri y los dos trabajadores que Marcos Benavent contrató para Imelsa, pero que siguieron trabajando para una de las mercantiles del empresario. Vedri ha devuelto el dinero malversado, por lo que además de la atenuante de confesión se le aplica la atenuante de reparación del daño. 

Otros acusados que han alcanzado una conformidad son el exfutbolista del Olímpic, Miguel Ángel M. D., o los políticos de Requena Raúl Mateo Á. B. o Manuel G. P. Otros dos extrabajadores de Ciegsa, contratados por mediación del consejero delegado Máximo Caturla, también han admitido haber cobrado sin trabajar en la empresa pública dependiente de la Conselleria de Educación. 

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el lunes que estos diez acusados que han admitido los hechos declaren al inicio de la vista. Unas comparecencias que podrían comenzar este martes, cuando finalicen las peticiones de cuestiones previas del resto de abogados, ya que ayer sólo pudieron formularlas cinco de los veintiséis acusados, además de las acusaciones.

La batalla por parte de las defensas estará de nuevo, como sucedió en la vista por el primer juicio del caso Taula en la pieza de Thematica Events, en intentar anular las grabaciones que originaron la causa y que grabó Marcos Benavent, exgerente de Imelsa y yonqui del dinero. 

El abogado de Alfonso Rus, Emilio Pérez, solicitó y se le aceptó, que se incorpore a la causa un informe pericial sobre los "artefactos informáticos" (dos làpices de memoria y un disco duro) que contenían las grabaciones y que fueron analizados en noviembre por un perito informático de parte que declarará en el juicio. Aunque lo hará junto a un informático de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como solicitó el Fiscal Anticorrupción.  

El letrado de Rus pidió que no se tengan en cuenta estas grabaciones, que permitieron arrancar la causa, "elaborar informes y realizar interrogatorios", porque "no se ha acreditado judicialmente el volcado del primer USB y por lo tanto no está legalizado". Un extremo negado por la Fiscalía Anticorrupción. "Se ha garantizado la cadena de custodia y Marcos Benavent avaló esas grabaciones". 

El letrado de Benavent, Juan Carlos Navarro, reiteró su petición de nulidad de la causa y reclamó una "instrucción suplementaria" para realizar un volcado y análisis del ordenador que manejaba Benavent en casa de sus exsuegros. Por último, la letrada de María Escrihuela, exjefa de recursos humanos de Imelsa, también planteó la caducidad de la causa a desde el 13 de noviembre de 2016, por lo que todo lo practicado después "sería nulo". La Fiscalía le responderá este martes.