El Gobierno considera insuficiente la marcha atrás de Mañueco sobre el aborto y amaga con ir al TC

Segundo requerimiento en menos de 48 horas del Gobierno central a Castilla y León. De poco ha servido que el presidente de la autonomía, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, anunciara el lunes que echaba por tierra el plan antiabortista que había anunciado Vox, su socio en la Junta, tras cinco días de absoluta confusión. El Consejo de Ministros aprobó este martes un acuerdo en el que pide al Ejecutivo de la comunidad que se comprometa por escrito en un plazo máximo de 30 días a no llevar a cabo ninguna actuación, ya sea legal o por la vía de hecho, que vaya en contra de la ley de interrupción del embarazo, aprobada en 2010. Si finalmente la Junta activa algún protocolo contrario a la norma, el Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional (TC).

El Gobierno argumenta en este nuevo escrito que la autonomía no es competente para llevar a cabo iniciativas de este tipo, pero el movimiento, en el fondo, tiene más relevancia política que jurídica. Mañueco dejó claro el lunes que no piensa aplicar el protocolo antiabortista, que según lo anunciado el jueves de la semana pasada por su vicepresidente, Juan García-Gallardo, de la formación de ultraderecha, incluía medidas de obligado complimiento como derivar a salud mental a las mujeres que acudieran a abortar cuando así “lo requieran” y una cuarta ecografía, en el primer trimestre de embarazo, para que la mujer que había decidido interrumpir su embarazo tuviese que escuchar el latido del feto.

La carta no basta

El Gobierno interpreta que ha sido gracias a sus acciones que Mañueco ha decidido dar marcha atrás, pero cree que la rectificación no es suficiente. Al fin y al cabo, señalan en la Moncloa, el presidente de Castilla y León sí habló durante la rectificación a Vox de que impulsaría "medidas que mejorarán y modernizarán las prestaciones en aplicación de la cartera de servicios a la mujer embarazada", sin llegar a concretarlas.

El Consejo de Ministros actúa legalmente contra Castilla y León por el plan antiaborto como paso previo al TC

Este martes, tras conocer el acuerdo del Consejo de Ministros, Mañueco divulgó una carta dirigida al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que explica que "no habrá ninguna modificación en la atención a la interrupción al embarazo". Pero este movimiento tampoco basta en la Moncloa. Los colaboradores de Sánchez subrayan que Vox continúa asegurando que hay un "acuerdo" antiabortista, que las "dudas" sobre lo que piensa hacer la autonomía siguen siendo numerosas y que Mañueco aún no ha contratado en qué consistirán las "medidas" que anunció el lunes.

Lo ocurrido en estos días, con Alberto Núñez Feijóo instalado en el silencio hasta este martes, permite al PSOE cuestionar el presunto giro hacia la moderación del PP, retratar a su líder como un “rehén” de la extrema derecha, alertar sobre lo que puede ocurrir si llega a la Moncloa de la mano de Vox y al mismo tiempo desviar el foco de otra polémica relacionada con las mujeres: las rebajas de penas a agresores sexuales a raíz de la ley del ‘solo sí es sí’. 

Vía constitucional

Así que a pesar de que la Junta no ha aprobado nada, y de que el anuncio de Vox ha sido primero matizado y después desmentido por el PP, el Ejecutivo central no quiere soltar esta polémica. "Las explicaciones que hasta ahora ha aportado la Junta son contradictorias e insuficientes. Las dudas persisten. No cabe instruir a los médicos para que ofrezcan recomendaciones ni cabe sugerir a las mujeres este tipo de iniciativas -señaló tras el Consejo de Ministros la portavoz, Isabel Rodríguez-. Queremos enviar un mensaje de absoluta firmeza y tranquilidad a las mujeres y profesionales sanitarios: el Gobierno va a trabajar para impedir retrocesos e impulsará cuantas medidas sean necesarias para que esta tropelía no se consume".

El requerimiento aprobado por el Consejo de Ministros se transformará, siempre que la Junta actúe finalmente en contra de la regulación del aborto, a través de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Viene a sumarse al emitido por la Moncloa el pasado domingo, que tiene que ver con la jurisdicción contencioso-administrativa y exige también a la autonomía que no aplique ninguna medida que “vulnere” la actual regulación del aborto. 

En este caso, si no recibe una respuesta por escrito, o resulta insatisfactoria, se crearía una comisión técnica entre ambas administraciones. Y si allí tampoco hay acuerdo, la Moncloa acudiría a los tribunales. Lo que sigue sin estar sobre la mesa, insisten los colaboradores del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, como ocurrió en Catalunya tras el referéndum de 2017, para suspender total o parcialmente la autonomía de Castilla y León.