PRISIÓN PROVISIONAL

Las madres de las esposas de yihadistas repatriadas: "¿Por qué las vas a condenar? ¿Por ilusas?"

Las familias de Yolanda Martínez y Luna Fernández piden poder quedarse con los 13 niños repatriados | "El gobierno sabía desde hace 4 años el infierno que estaban pasando", declararon en rueda de prensa

Yolanda Cobos y Luis Martínez, los progenitores de Yolanda Martínez, junto a su abogado José Luis Laso y el eurodiputado Javier Nart.

Yolanda Cobos y Luis Martínez, los progenitores de Yolanda Martínez, junto a su abogado José Luis Laso y el eurodiputado Javier Nart.

David López Frías

"Yo he sido corresponsal de guerra durante 25 años. Si me preguntan qué es lo más grave que he visto en toda mi carrera, diría que ha sido esto". Lo afirmaba en rueda de prensa el eurodiputado Javier Nart, tal vez la persona que más ha trabajado para que España repatriase a las presuntas yihadistas Yolanda Martínez y Luna Fernández que, en 2014, decidieron seguir a sus maridos cuando estos viajaron a Siria para unirse al Daesh.

Tras la caída del califato, las dos madrileñas fueron encarceladas en un campo de prisioneros kurdo llamado Al Roj. Allí han permanecido 4 años y a esto se refería Nart cuando hablaba de lo más duro que ha visto en toda su carrera. Hasta que el gobierno español ha culminado la repatriación. Ahora, aunque niegan su participación en el grupo terrorista y defienden que ellas solamente siguieron a sus maridos, ambas han sido encarceladas tras el auto del juez Santiago Pedraz, que apunta que estas españolas estaban "listas para entrar en acción". La situación de los 13 niños que venían con ellas queda de momento en el limbo.

"Mi hija se quería volver. Ella intentó dejar a su marido y venirse con sus hijos. Han querido venirse desde el principio. ¿Por qué la vas a condenar? ¿Por tonta? ¿Por ilusa? ¿Por querer cuidar de sus hijos?". Son palabras de Manuela Grande, la madre de Luna Fernández, durante la rueda de prensa celebrada en la oficina que el Parlamento Europeo tiene en Madrid. La madre de la presunta yihadista atendió a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, después de su comparecencia con los medios.

Su versión, así como la de su abogado, José Antonio Laso, sostiene que las chicas no eran yihadistas. "Nunca se juzgó a las esposas de los autores del 11-M o de los terroristas de ETA. No tiene ningún sentido que juzguen a Yolanda y Luna por ser esposas de sus maridos", resumía el letrado. Sin embargo, el auto del magistrado es contundente. Asegura que el papel de estas dos madrileñas fue destacado incluso antes de irse a Siria, en el seno de una célula yihadista que fue desarticulada en Madrid y que llevaba por nombre Brigada Al-Andalus.

Por todo eso se sentarán ambas en el banquillo y han sido enviadas a prisión provisional. Porque juez y fiscal consideran en sus respectivos escritos que las dos mujeres estaban dispuestas a pasar a la acción, extremo que su abogado desmiente. Sea como fuere, las dos mujeres han sido encarceladas, con lo que queda un problema abierto: los 13 menores que han sido repatriados con ellas. 4 niños son de Yolanda Martínez y 5 de Luna Fernández. Los 4 restantes son hijos de un español y una marroquí que fallecieron en la guerra, y que quedaron al cargo de Fernández.

VIVIR EN EL INFIERNO

"Mi hija se marchó a Egipto en 2014 con su marido y los dos hijos que tenía entonces", explica Manuela, la madre de Luna Fernándezmadrileña que se casó con el terrorista Mohamed El Amin Aabou. "Han estado viviendo en una carpa, a 50 grados en verano. A bajo cero en invierno. La ropa tendida se quedaba congelada. Veían cómo les entraban escorpiones y serpientes. El agua que tenían estaba contaminada. Podrían haber muerto, y el gobierno lo sabía", sentenciaba Maria Yolanda Cobos, la madre de Yolanda Martínez, que era esposa del terrorista Omar El Harchi, con el que tuvo 4 hijos.

Su discurso es coincidente con el del eurodiputado Javier Nart, que insistía en que tenían a las mujeres "en campos de concentración. Dejar a unos compatriotas allí abandonados es un comportamiento más propio de la Alemania nazi o de la Cuba castrista. Han estado allí 4 años y el gobierno español lo sabía, pero la excusa que ponían era que se trataba de una operación muy complicada. Yo he estado y no me ha costado nada entrar. Sólo hacía falta una furgoneta y dos permisos. No era una operación compleja ni tenía el barroquismo que nos han contado. El gobierno lo sabía, porque tiene un delegado permanente del CNI en Erbil", que es la capital kurdoiraquí.

Maria Yolanda, por su parte, recordaba que "mi hija se crio en el barrio de Salamanca y fue a un colegio religioso cristiano. Esto no va de religiones, no tiene nada que ver con las religiones. Yo soy católica. Aquí también pasan cosas, todas las naciones tienen cosas buenas y malas. Como aquí en Barcelona, que cogen las piedras de la calle para lanzarlas", contaba en rueda de prensa, intentando hacer un símil con la situación de España y Siria. Concluyó diciendo que su hija "siempre ha sido muy buena y lo único que quería era ayudar a la gente" y que "en España lo que hay es mucha envidia".

Manuela Grande, por su parte, cuenta que su hija Luna "era la única que no sabía dónde iba. Ella se quiso volver a España con sus hijos. Ella no ha hecho nada, más allá de cuidar a sus hijos. Yo he hablado con ella algunas veces, con teléfonos prestados. Lo único que les pueden decir es que su religión es el islam, pero por eso no la pueden meter en la cárcel. No tienen la más mínima evidencia de nada", explicaba a este periódico.

El retorno de ambas mujeres, anunciado por el Gobierno el pasado mes de noviembre, se consideraba por las autoridades una "obligación legal" para poder regularizar su situación procesal y también como única solución humanitaria frente a la realidad que sufrían en los campos situados al noroeste de Siria, donde sobreviven más de 50.000 personas, la mayoría de ellas menores. En realidad, el gobierno español pretendía traerse a tres mujeres españolas, pero una de ellas no ha podido ser localizada.

Los niños

Ahora, no obstante, la mayor de sus preocupaciones es el futuro de los pequeños. La fiscalía solicitó que se les retire a las madres la patria potestad, ante el riesgo de que pudieran estar siendo adoctrinadas por ellas. Pero el juez Santiago Pedraz entendió que una vez en prisión este riesgo desaparece y, por tanto, no atendió esta petición. Ahora, dependerá de qué línea quiera adoptar España. Porque otros países de la Unión Europea ya se han encontrado previamente con casos similares. Y mientras naciones como Francia optan por la llamada 'línea dura', en la que no consienten que los niños se queden con nadie de la familia, otras, como Alemania, han optado por la 'línea blanda' y sí han permitido que los menores sean acogidos por sus abuelos o familiares más próximos.

"Nosotros ya hemos hablado con los niños. Están bien. Aunque sea un centro para menores, esto para ellos es el paraíso comparado con el campo de prisioneros en el que han pasado todo este tiempo. Lo único que han visto hasta ahora era una jaima", explicaba Manuela Grande, la madre de Luna. En total son 13 los menores que han llegado a España con las dos acusadas. La edad de los niños oscila entre los 3 y los 15 años. Temporalmente, están en un centro de acogida dependiente de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

Es el nivel preliminar al que pasan los menores no acompañados cuando llegan a España hasta que se decida quién se ocupará de ellos. Esa decisión, una vez que ya están bajo custodia de la Comunidad de Madrid, recae sobre la propia administración autonómica, según explican diversas fuentes a este periódico. Tanto las familias como su abogado son optimistas y esperan poder acoger a los niños en breve. "Aunque no tenemos la certeza de cuáles van a ser los tiempos. Tenemos que esperar", concluía Laso.

"Entre los menores hay un niño de 15 años. Pero lleva allí casi 4 años. El gobierno progresista lo sabía, pero no ha hecho nada. Y ahora hablan de riesgo de radicalización. Si los hubieran traído antes, habría menos riesgo de radicalización. No es lo mismo un niño de 11 o 12 años que un adolescente de 15. Ahora, si se radicalizan, el gobierno será corresponsable de esa radicalización", resumía el eurodiputado Javier Nart.