Toma de posesión

El presidente del TC advierte de que las "soberanías populares" no están por encima de la Constitución

"No apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional", advierte el presidente del órgano en su discurso de despedida

Los nuevos miembros del Tribunal Constitucional toman posesión.

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Cristina Gallardo / Ángeles Vázquez

El todavía presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, se ha despedido del cargo este lunes, en la toma de posesión de los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, alertando de que ante la Constitución "no son oponibles soberanías populares que dicen emanar, sin intermediación alguna, del supuesto mandato directo de un colectivo o de una colectividad". Y en referencia directa a lo sucedido a finales de 2022 ha añadido que no deberían hacerse "reformas apresuradas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional".

A la toma de posesión de los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial han asistido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Presidencia, Félix Bolañosquienes destacaron la normalidad democrática que supone el día con la renovación del TC y la necesidad de acabar con el bloqueo que aún se mantiene en el Consejo General del Poder Judicial. También lo hicieron los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ander Gil. Desde el entorno de este último se destacó que no aplaudió las palabras de González-Trevijano en protesta a sus críticas, pese a que en el salón de actos la sensación fue que recibieron una sonora y unánime ovación.

El ya expresidente del Constitucional echó mano de su trayectoria de catedrático de Constitucional para citar a Arquíloco y comparar al órgano de garantías con un erizo, "que sabe una cosa", frente al zorro, que "sabe muchas". En su discurso defendió el papel de este tribunal como "árbitro jurídico de las controversias entre los distintos poderes del Estado". "Pero el Tribunal Constitucional no puede sustituir la concordia que debe alcanzarse entre los operadores políticos, ni debe por tanto constituirse en una suerte de arena agonística en la que diriman con habitualidad creciente conflictos en última instancia esencialmente políticos".

Con la entrada formal en el tribunal del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, la exasesora de Moncloa Laura Díez, y los magistrados del Tribunal Supremo Laura Segoviano y César Tolosa comienza una etapa de mayoría progresista hasta al menos junio de 2030; además, bastante holgada, de siete frente a cuatro, al no haberse cubierto la vacante dejada por Alfredo Montoya, como se cuidó de recordar el propio Trevijano en su discurso.

Tras insistir en que ante el pueblo español "no caben desfasadas soberanías regias, ni superadas reservas de jurisdicción, ni tampoco paralelas soberanías parlamentarias, sin prejuicio de reconocer la primacía política de las Cortes Generales", González-Trevijano reconoció que los meses de su mandato, que comenzó a finales de 2021, "no han sido fáciles".

"No convirtamos los consensos y las mayorías cualificadas previstas en automáticos regímenes de cuotas o en un indefinido 'impasse'. Tampoco difuminemos los pesos y contrapesos de nuestra ley fundamental, ni apresuremos reformas que incidan sin consenso en el originario pacto constitucional, ni desdibujemos la autonomía de unos órganos constitucionales frente a otros", reclamó ante los magistrados salientes y los entrantes.

Sin conservadores ni progresistas

En este sentido, calificó de "falsa dicotomía" la que presenta a "jueces conservadores y progresistas" y la reclamación de "imposibles unanimidades", que son "inexistentes en los demás ámbitos de la sociedad". Añadió que no es ocioso recordar que la designación de los magistrados "no implica un mecanismo de representación", porque no representan a nadie, ni al órgano que los eligió y sus trabajos en el tribunal de garantías deben responder a su propia "conciencia". "La ausencia de espurios vínculos y su indeclinable independencia son exigencias de su legitimidad de origen y de ejercicio", aseguró.

Sus palabras contrastan con la realidad del propio Constitucional, que precisamente se reunirá este miércoles en pleno para elegir a su propio presidente. En principio iba a hacerlo este martes, pero finalmente se ha destinado este día a un encuentro entre los magistrados de sensibilidad progresista para que tanto Cándido-Conde Pumpido, como María Luisa Balaguer, puedan presentarles sus programas y así facilitarles la decisión de elegir entre ambos a quien consideran que mejor les representará.

La designación de Conde-Pumpido, pese a su talla jurídica y a su reconocida capacidad, despierta una fuerte oposición entre amplios sectores del PP y la derecha judicial y mediática, debido a su cercanía a determinados postulados del Gobierno. Por su parte, la catedrática malagueña, que al terminar el acto saludó afectuosamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz, podría recoger las simpatías del sector conservador e incluso de alguno de los progresistas, como podría ser el de la recientemente incorporada María Luisa Segoviano.

A su llegada al Constitucional, la ministra de Trabajo señaló que la elección de su presidente le corresponde al pleno, pero admitió que el hecho de que una mujer lo presida siempre sería una buena noticia, posición que comparten también magistrados de sensibilidad progresista con independencia de cuál sea el proyecto que salga adelante para ejercer la presidencia.

Conde-Pumpido y Balaguer representan las dos formas de entender la forma de trabajar en el Constitucional, al ser uno magistrado y la otra catedrática. Queda patente hasta en la forma en que se prioriza la resolución de los recursos pendientes, al ser partidario el primero de tener en cuenta el orden de entrada, mientras que la segunda prefiere dar margen a la política para que también haga su trabajo.

Reacciones políticas

El acto congregó a la cúpula judicial y política, tanto por amistad como por sentido institucional. Eso hizo que se viviera una circunstancia inusual en los relevos en el Constitucional. Además del ministro de la Presidencia y la de Trabajo, el consejero de Justicia de Madrid, Enrique López, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ofrecieron declaraciones a los medios a la puerta del tribunal.

Desde el Gobierno se aprovechó la toma de posesión de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional para recordar la imperiosa necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que prácticamente ha doblado su mandato. Con unas u otras palabras tanto Bolaños como Díaz responsabilizaron en exclusiva del bloqueo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al renunciar a cualquier acuerdo, pese a ya haber acordado los 20 nombres de los futuros vocales. Por su parte, López hizo hincapié en la necesidad de reformar el sistema de elección de los vocales.